El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las acusaciones formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra La Habana durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y afirmó que Cuba no representa una amenaza para Washington ni para otros países. La respuesta expuso la escalada verbal entre ambos países en un momento de presión estadounidense sobre la isla y de una crisis económica y humanitaria que también se vincula con las decisiones internas de la dictadura cubana.
“Estados Unidos es incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”, escribió Rodríguez en la red social X. El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que las declaraciones de Trump ante la ONU no modifican esa condición.
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El canciller cubano llegó a Nueva York para participar de la Asamblea General. Su pronunciamiento fue difundido pocos minutos después de la intervención del mandatario estadounidense, quien acusó al régimen de La Habana de apoyar a redes de “izquierda radical” dentro de Estados Unidos.
Trump también afirmó que Cuba es “un Estado fallido” y destacó la presión de Washington sobre la isla. La delegación cubana abandonó el recinto de la Asamblea General tras esas declaraciones.
Rodríguez denunció el bloqueo pero omitió la responsabilidad en la crisis
Rodríguez sostuvo que el bloqueo económico de Estados Unidos y las restricciones energéticas afectan a Cuba y a otros países. “Cuba no es una amenaza para EE.UU. ni para ningún país”, escribió el canciller, quien calificó las medidas estadounidenses como un castigo colectivo.
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El ministro añadió que Cuba se define como un país de paz y reclamó el fin de las sanciones. La posición de La Habana vincula el deterioro económico de la isla con las restricciones financieras, comerciales y energéticas impuestas desde Washington.
No obstante, la crisis cubana también se profundizó durante años por las decisiones del régimen, entre ellas la falta de reformas estructurales, el control estatal sobre amplios sectores de la economía, la escasez de divisas y las dificultades para atraer inversión extranjera. Esos factores han agravado la falta de alimentos, medicamentos, combustible y electricidad, además del deterioro de los ingresos de la población.
El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, replicó las palabras de Trump y acusó a Estados Unidos de aplicar una política de castigo contra el pueblo cubano.
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Díaz-Canel aseguró que el régimen continuará su defensa de la soberanía nacional y atribuyó la situación económica a lo que describió como una “guerra económica” de Washington. Sus declaraciones omitieron responsabilidades internas en la prolongada crisis, que ha generado un aumento de la emigración y protestas aisladas en distintas zonas del país.
Nuevas sanciones y bloqueo de crudo como trasfondo de la disputa
La víspera, Rodríguez había acusado a Estados Unidos de utilizar la lucha antidrogas como argumento para impulsar una militarización de América Latina y el Caribe. El canciller consideró que esa estrategia busca reforzar la influencia de Washington en la región.
La relación bilateral atraviesa una de sus etapas de mayor tensión. Ambas administraciones confirmaron negociaciones, aunque hasta ahora no se conocieron acuerdos públicos ni avances concretos.
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Desde enero, Trump ordenó un bloqueo de crudo contra Cuba, una medida que agravó las dificultades energéticas de la isla y que derivó en nuevos obstáculos para las empresas extranjeras con vínculos comerciales con La Habana.
Las sanciones incrementaron la presión sobre una economía ya afectada por la ineficiencia de la planificación centralizada, la caída de la producción y las restricciones impuestas por el propio régimen al sector privado.
Este martes, mientras Trump daba su discurso en la ONU, la delegación cubana abandonó el reciento en señal de rechazo.
La disputa en Naciones Unidas reflejó esa doble dimensión: Washington endurece su política hacia la isla, mientras el régimen cubano atribuye la crisis casi exclusivamente a factores externos y evita reconocer el peso de sus decisiones económicas y políticas.
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