La prórroga del embargo llega en el peor momento para Cuba en décadas. Donald Trump firmó el 20 de agosto un memorando que extendió la Ley de Comercio con el Enemigo hasta el 14 de septiembre de 2027, con lo que la base legal del bloqueo económico contra la isla quedó vigente por un año más, informó la agencia EFE.
El texto, publicado en el Registro Federal el lunes y citado este martes por EFE, invocó el “interés nacional de Estados Unidos” como única justificación.
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El canciller cubano Bruno Rodríguez respondió este martes en X con una condena “en los términos más enérgicos” y calificó la medida de “política genocida que se mantiene contra nuestro pueblo por más de seis décadas”. En el mismo mensaje, afirmó que la extensión del bloqueo “llega en el momento más cruel de la ofensiva estadounidense contra Cuba en años recientes”.
El cerco que antecede a la prórroga
La decisión de Trump no ocurrió en el vacío. Desde enero de 2026, Washington aplica sobre la isla lo que describe como una política de “máxima presión”: un bloqueo petrolero activo, sanciones a navieras y aseguradoras que transportan crudo, y multas a bancos extranjeros que operan con entidades cubanas.
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El resultado es que, según datos citados por Ansa Latina, en siete meses solo ingresó un barco de petróleo al país, procedente de Rusia y con ayuda humanitaria, cuando Cuba necesita al menos siete por mes para funcionar con normalidad.
El déficit de generación eléctrica superó en reiteradas ocasiones los 2,000 megavatios, con cortes de luz de hasta 40 horas continuas en varias provincias.
Las últimas empresas hoteleras españolas abandonaron la isla en los últimos días, según informó Cadena SER, mientras el 63% de los cubanos enfrenta dificultades extremas para adquirir productos básicos y el 36% afirma haber dejado de comer en algún momento durante los últimos seis meses.
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Sanciones personales y reformas de emergencia
El cerco también tiene nombres propios. En junio, Washington incluyó en su lista de sanciones al dcitador Miguel Díaz-Canel, a 11 funcionarios del gobierno y a la petrolera estatal CUPET (Unión Cuba-Petróleo), según informó la agencia TASS.
Ante la presión, el Parlamento cubano aprobó hace dos meses un paquete de 176 medidas de reforma económica que abre espacio al sector privado en una escala sin precedentes.
El propio Díaz-Canel reconoció ante Folha de S.Paulo que Cuba atraviesa “una situación totalmente compleja” y describió la crisis como “un genocidio silencioso”, aunque negó que el país esté al borde del colapso.
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Seis décadas de marco legal sin cambios
La Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA, por sus siglas en inglés) data de 1917. Las sanciones económicas contra Cuba se aplicaron por primera vez en 1960, bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, y en 1962 John F. Kennedy las convirtió en un bloqueo casi total.
Desde 1978, todos los presidentes de Estados Unidos, sin excepción, emitieron memorandos anuales para mantener vigente la TWEA frente a Cuba. La ley fue endurecida posteriormente con la Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms-Burton (1996), que extendieron las sanciones a empresas y ciudadanos de terceros países.
La CEPAL considera que el embargo es el principal obstáculo para la inserción plena de Cuba en la economía global. La Habana cifra las pérdidas anuales que le genera en USD 7,556 millones, según datos oficiales citados por Ansa Latina.
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Cuba llevará el caso a la ONU en octubre
La prórroga suma presión justo antes de un nuevo round diplomático. En octubre, Cuba volverá a presentar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución contra el embargo, en un contexto de crisis agravada.
La votación en la ONU se repitió durante décadas con resultados abrumadoramente favorables a La Habana, aunque sin efecto vinculante sobre Washington. Esta vez, el debate llegará con la isla en su peor situación energética y alimentaria desde el “Período Especial” de los años 90, según el análisis de Cadena SER.
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