El Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica condenó este martes 17 de noviembre de 2026 el asesinato del periodista y comunicador Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido en Santo Domingo de Heredia, y advirtió que este tipo de crímenes representa una amenaza para la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información.
Mediante un comunicado oficial, las agencias, fondos y programas de la organización internacional expresaron su preocupación por el homicidio y solicitaron a las autoridades costarricenses desarrollar una investigación que permita esclarecer las circunstancias del ataque.
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El pronunciamiento también incluyó un mensaje de solidaridad dirigido a la familia, seres queridos y colegas del comunicador, cuya muerte ha provocado reacciones de diferentes sectores políticos, sociales y profesionales del país.
“Naciones Unidas rechaza toda forma de violencia, represalias e intimidación contra quienes ejercen el periodismo, la libertad de prensa y la comunicación”, señaló la organización.
ONU exige identificar a quienes ordenaron el asesinato
Uno de los principales llamados de Naciones Unidas estuvo dirigido a las autoridades judiciales encargadas de investigar el homicidio.
El organismo manifestó su confianza en que las instituciones competentes desarrollarán las diligencias correspondientes, respetando el debido proceso y procurando establecer las responsabilidades penales de todas las personas involucradas.
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La solicitud no se limita a identificar a quienes ejecutaron materialmente el ataque, sino que también contempla la búsqueda de posibles responsables de haberlo ordenado.
La ONU pidió una investigación “pronta en apego al debido proceso, orientada a esclarecer los móviles del crimen e identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales”.
Asimismo, insistió en que las autoridades deben adoptar las acciones necesarias para evitar que el asesinato quede en la impunidad.
El pronunciamiento no atribuye el homicidio a una organización específica ni establece que haya sido consecuencia directa de la actividad periodística de Rodríguez, aspectos que deberán ser determinados mediante la investigación judicial.
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Advierten sobre consecuencias para la democracia
Más allá del caso particular, Naciones Unidas destacó que la violencia contra comunicadores puede generar consecuencias sobre el ejercicio del periodismo y la participación ciudadana.
Según el organismo, la libertad de expresión, la prensa independiente y el acceso a la información constituyen elementos fundamentales del sistema democrático costarricense.
“El silenciamiento violento de un comunicador no solo arrebata una vida humana y vulnera derechos fundamentales, sino que genera un efecto amedrentador sobre todo el ejercicio periodístico”, advirtió.
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La ONU también señaló que este tipo de hechos puede afectar el derecho colectivo de la población a mantenerse informada y participar en discusiones sobre asuntos de interés público.
Reconocen condenas de sectores nacionales
El comunicado también hizo referencia a las reacciones surgidas después del asesinato de Rodríguez.
Naciones Unidas valoró el pronunciamiento de la presidenta Laura Fernández Delgado, quien condenó públicamente el crimen e instruyó a los cuerpos policiales a colaborar con la investigación.
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De igual manera, reconoció las manifestaciones de rechazo expresadas por diputados, cámaras empresariales, el Colegio de Periodistas, partidos políticos, iglesias, expresidentes y organizaciones de la sociedad civil.
Impulsan protección para periodistas
La ONU informó que, mediante su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, continuará acompañando los esfuerzos para establecer en Costa Rica un mecanismo interinstitucional de prevención, protección y respuesta rápida.
La iniciativa está dirigida a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, sectores que pueden enfrentar riesgos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
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Naciones Unidas reiteró su disposición a brindar cooperación técnica al Estado costarricense para fortalecer las condiciones de seguridad en las que se desarrolla la actividad periodística.
El organismo insistió en la necesidad de proteger el espacio cívico y garantizar que quienes investigan, denuncian e informan puedan desempeñar sus labores sin temor a represalias.
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