Las organizaciones criminales que operan en Costa Rica se multiplicaron de 35 a 340 en una década y transformaron al país centroamericano en un centro de almacenamiento y reexportación de cocaína, ya no solo de tránsito.
Así lo documenta un informe de Expediente Abierto titulado De país de tránsito a plataforma criminal: la transformación del crimen organizado en Costa Rica.
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El estudio sitúa a Costa Rica, desde 2022, como el tercer país más violento de Centroamérica. La cifra de homicidios pasó de 588 en 2021 a 870 en 2025, según las estadísticas oficiales recopiladas por el centro de estudios.
Un país que dejó de ser solo territorio de paso
Durante décadas, organizaciones criminales transnacionales usaron a Costa Rica como corredor para trasladar cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa. Grupos locales ofrecían transporte, vigilancia y almacenamiento a cambio de dinero.
Esa relación cambió. El informe sitúa alrededor de 2021 una aceleración del proceso que convirtió al país en territorio de embodegamiento y reexportación.
“Costa Rica ahora se ha convertido de un país de tránsito a un país de embodegamiento y reexportación de droga”, explicó el investigador nicaragüense Roberto Orozco, coautor del estudio, a Expediente Público.
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Uno de los factores detrás de la transformación es el incremento global de la oferta de cocaína. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito citados en el informe, la producción potencial mundial pasó de 1,982 toneladas en 2020 a 3,708 toneladas en 2023.
“Eso explica que hay una sobreproducción y, por lo tanto, una sobreoferta”, señaló Orozco.
Una ruta trasladada desde República Dominicana
El debilitamiento de otras rutas regionales también influyó en el nuevo rol costarricense.
El especialista colombiano Camilo Pardo, investigador de la George Mason University, planteó una hipótesis sobre ese traslado a Expediente Público: “Muy seguramente lo que pudo haber pasado es que se cerró una ruta en República Dominicana y hubo la necesidad de abrirla en alguna otra parte, y la abrieron en Costa Rica”.
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Los puertos de Moín, en el Caribe, y Caldera, en el Pacífico, resultan estratégicos por el volumen de mercancías que mueven. Pardo explicó que el crecimiento del comercio internacional dificulta detectar cargamentos ilegales entre miles de contenedores diarios.
“Lo que hay allí es un sinfín de posibilidades que el delincuente puede explotar para lograr vulnerar la cadena de custodia del comercio legal”, puntualizó el investigador.
Añadió que esas vulnerabilidades también existen en los puertos de destino en Estados Unidos y Europa, porque la incapacidad para frenar el tráfico es “de los Estados globales” y no solo del país de origen.
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El pago en droga que multiplicó las bandas locales
El cambio más significativo para las redes costarricenses fue la forma de cobro. A partir de 2021, según el informe, los grupos que facilitaban transporte y almacenamiento empezaron a recibir cocaína como parte del pago, además de dinero.
Esa porción de droga podían comercializarla por cuenta propia, lo que les permitió armar redes locales de distribución. El expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018) contó a Expediente Público que ese cambio de los pagos en dólares a pagos en droga se había producido incluso antes de 2021.
“Resultaba bastante interesante a los relativamente pequeños carteles nacionales, porque son chicos comparados con los mexicanos o con los colombianos”, señaló el exmandatario.
El resultado fue un mercado interno más amplio. “Al incrementarse los mercados, lo que hace es que tiene un efecto multiplicador de bandas locales que comienzan a vender droga y a competir por mercado”, explicó Orozco.
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Capos locales, búnkeres y negocios de fachada
Las autoridades costarricenses desarticularon 1,256 bandas desde 2018, entre ellas 991 organizaciones nacionales y 265 integradas por extranjeros, según cifras del informe.
El Índice Global de Crimen Organizado de 2025 es la fuente de la cifra sobre el salto de 35 a 340 grupos identificados en diez años.
Entre los casos que ilustra el estudio figura Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, capturado el 24 de julio de 2026 tras permanecer prófugo casi una década. Su estructura operaba en Pococí y Guápiles, en el Caribe, y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) llegó a ofrecer hasta USD 500.000 por información para su captura.
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Otro caso es el Cartel del Caribe Sur, vinculado a los hermanos Picado Grijalva, activo desde 2013 con brazo armado propio, redes logísticas terrestres y marítimas, y mecanismos de lavado de dinero.
El mercado interno también creció a través de los búnkeres, puntos fijos de venta de droga. Medios locales citados por el informe estimaron cerca de mil de esos puntos solo en San José en 2023; la Policía Municipal intervino 122 durante 2025.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un solo búnker podía generar hasta USD 28,000 diarios incluso en jornadas “malas”.
Expediente Abierto identifica además a los llamados “narcos invisibles”: personas que sostienen negocios aparentemente legales —barberías, autolavados, gimnasios en San José, Heredia, Alajuela y Cartago— mientras participan en segmentos puntuales de la cadena del narcotráfico.
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El mapa de la violencia que acompañó el cambio
El mismo informe atribuyó el 70.6% de los homicidios de 2025 a ajustes de cuentas y disputas entre organizaciones, una modalidad ligada al sicariato. San José, Puntarenas y Limón concentraron más del 60% de los asesinatos del país cada año entre 2022 y 2025.
En San José, distritos como Pavas, San Felipe y Hatillo aparecen entre los territorios afectados por disputas por la venta de droga. En Puntarenas y Limón, la violencia se vincula además al control de rutas para recibir y almacenar cargamentos.
El periodista costarricense Álvaro Sánchez, con casi 30 años cubriendo crimen organizado, contó a Expediente Público episodios de ataques armados en restaurantes y hospitales que pusieron en riesgo a personas ajenas a las bandas.
“Estamos viendo que estas organizaciones actúan sin ningún recelo, sin ningún problema, sin ningún tipo de miramiento por las víctimas inocentes”, lamentó Sánchez. El reportero describió además cómo el temor se instaló en la vida cotidiana: “Yo he estado en grupos de amigos donde alguien oye una moto en algún lugar y todo mundo ya está como pendiente... o se oyen disparos por acá, la gente está nerviosa”.
Los homicidios de 2026 confirman la tendencia
Los datos más recientes del OIJ muestran que la disputa territorial sigue activa. Al 12 de noviembre, Costa Rica contabilizaba 721 personas asesinadas en el año, de las cuales el 66,3% correspondía a ajustes de cuentas o venganzas, según un reporte publicado por Infobae.
El mismo balance señaló un giro geográfico: Limón superó por primera vez a San José, con 190 víctimas frente a 183, luego de que la provincia caribeña pasara de 150 a 190 casos en apenas un año.
La República, diario digital costarricense, detalló que, de mantenerse el ritmo de 70 homicidios mensuales, Costa Rica cerraría 2026 con cerca de 850 casos, una leve baja respecto de los 873 de 2025. La presidenta Laura Fernández, en el poder desde el 8 de mayo, se fijó como meta reducir la tasa a un máximo de 15,3 homicidios por cada 100 mil habitantes hacia 2030.
En paralelo, las autoridades reforzaron la cooperación judicial internacional. El 12 de noviembre, el OIJ extraditó a Francia a dos hombres detenidos en 2025: uno investigado por un homicidio en Guanacaste y otro por integrar una red que enviaba cocaína desde Colombia hacia Europa, según informó Infobae.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso costarricense aprobó por unanimidad un proyecto para demoler infraestructuras usadas por organizaciones criminales y decomisar bienes vinculados a actividades ilícitas.
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