Las autoridades de Costa Rica podrían obtener nuevas facultades para destruir pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por organizaciones criminales, sin necesidad de esperar una sentencia penal o civil firme, después de que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobara un proyecto que busca fortalecer las herramientas contra el narcotráfico.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.618, recibió el respaldo unánime de los nueve diputados que integran la comisión y ahora deberá continuar su trámite en el Plenario Legislativo.
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El proyecto fue presentado por el Gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado en junio de 2026, como parte de un paquete de seis propuestas legislativas orientadas al combate de la delincuencia organizada.
La normativa busca facilitar la intervención estatal en instalaciones utilizadas para operaciones ilícitas y ampliar las consecuencias penales contra quienes permitan su funcionamiento.
Hasta 15 años de prisión por reconstruir pistas ilegales
Uno de los principales cambios consiste en aumentar las penas para quienes construyan, habiliten, faciliten o permitan el funcionamiento de infraestructura aérea clandestina.
Actualmente, estas conductas pueden castigarse con tres a ocho años de prisión, mientras que la reforma elevaría las sanciones a un rango de cinco a diez años.
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Las condenas aumentarían a entre 10 y 15 años de cárcel cuando propietarios, arrendatarios o administradores reconstruyan, rehabiliten o reutilicen pistas que previamente hayan sido clausuradas, inhabilitadas o destruidas por las autoridades.
La regulación también abarcaría aeródromos, aeropuertos y helipuertos utilizados para facilitar delitos relacionados con narcotráfico, legitimación de capitales, trata de personas y delincuencia organizada.
Además, el proyecto propone duplicar las multas por operar aeronaves en instalaciones no autorizadas, pasando de 20 a 40 salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente ₡14.9 millones (unos USD 30 mil)
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¿Cómo se podrán destruir las pistas clandestinas?
La propuesta establece que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) será la responsable de declarar la clandestinidad o ilegalidad de estas instalaciones mediante una resolución administrativa fundamentada.
Antes de adoptar la decisión, los propietarios, poseedores, arrendatarios o administradores de los terrenos deberán contar con una audiencia de 10 días hábiles para presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa.
Una vez que la resolución administrativa adquiera firmeza, el Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública podría proceder con la inhabilitación, demolición o destrucción de las instalaciones.
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Las labores podrían desarrollarse con apoyo de otras instituciones públicas y municipalidades, sin depender de la conclusión de un proceso penal o civil.
Los legisladores incorporaron disposiciones relacionadas con la notificación, los recursos legales y las garantías del debido proceso para quienes resulten afectados.
También podrán inmovilizar propiedades y decomisar maquinaria
Otro de los cambios permitiría al Ministerio Público solicitar ante un juez penal la inmovilización registral de propiedades relacionadas con pistas clandestinas.
Esta medida impediría vender, traspasar o hipotecar los inmuebles mientras permanezca vigente la resolución judicial correspondiente.
La iniciativa también contempla el decomiso preventivo de maquinaria, vehículos, aeronaves y equipos utilizados para construir, acondicionar u operar estas instalaciones.
Los bienes podrían quedar sujetos a un eventual comiso definitivo, según las condiciones establecidas en la legislación.
Diputados respaldan iniciativa, pero señalan ajustes pendientes
Durante la discusión, legisladores del oficialismo y la oposición coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos para intervenir los recursos utilizados por las estructuras criminales.
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El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, destacó que la propuesta podría afectar directamente la capacidad operativa de estas organizaciones.
“Este probablemente es el primer proyecto de ley que discutimos en esta comisión que puede golpear realmente al crimen organizado”, manifestó.
Sin embargo, también planteó observaciones sobre algunos procedimientos y advirtió que el proyecto de aeroparques turísticos, tramitado por separado, podría introducir disposiciones contradictorias en materia de vigilancia aérea.
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El expediente 25.618 deberá ser discutido y votado en el Plenario Legislativo. Por ahora, las nuevas sanciones y facultades de demolición constituyen una propuesta aprobada en comisión, no una ley vigente.
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