La magistrada Patricia Solano Castro continuará durante ocho años más en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, después de que el oficialismo no consiguiera los votos necesarios para impedir su reelección durante una sesión del Plenario Legislativo marcada por fuertes enfrentamientos políticos.
La votación se realizó este miércoles 4 de noviembre de 2026, apenas dos días antes de que venciera su nombramiento actual. Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se pronunciaron contra su continuidad, mientras que las bancadas de oposición respaldaron su permanencia.
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La moción para impedir la reelección obtuvo 30 votos, por debajo de los 38 requeridos constitucionalmente. Como resultado, Solano continuará en el cargo hasta 2034.
El resultado responde a lo establecido en el artículo 158 de la Constitución Política, que dispone que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por periodos de ocho años y se consideran automáticamente reelegidos, salvo que al menos dos terceras partes de los diputados acuerden lo contrario.
Oficialismo cuestionó desempeño de la magistrada
Durante la discusión, la fracción oficialista defendió su posición contra la continuidad de Solano, argumentando que existían razones relacionadas con su gestión para impedir que permaneciera en el cargo.
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“Nos oponemos categórica y rotundamente a su continuidad en el cargo”, manifestó la diputada oficialista Marta Esquivel.
La legisladora aseguró que la posición de su bancada estaba respaldada por un análisis técnico presentado ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, cuyo informe de mayoría recomendó no reelegir a la magistrada.
Esquivel también cuestionó los argumentos de quienes defendían la independencia judicial como razón para respaldar a Solano.
“Confunden la verdadera independencia judicial con la impunidad corporativa y con la alcahuetería institucional”, expresó.
La recomendación de la comisión había sido aprobada el 21 de octubre, con los votos de cuatro diputados oficialistas, frente a tres representantes de oposición que respaldaron la continuidad de Solano.
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Oposición denuncia motivaciones políticas
Los diputados opositores rechazaron los cuestionamientos y defendieron que la evaluación de los magistrados debe realizarse con criterios objetivos relacionados con su desempeño.
Durante el debate, representantes del Frente Amplio, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana respaldaron la permanencia de Solano.
Uno de los principales argumentos fue que la reelección no debe depender de la posición de los magistrados frente a asuntos de interés para el Gobierno.
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Un representante opositor cuestionó que se vinculara la continuidad de integrantes de la Corte con decisiones relacionadas con solicitudes para levantar la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves.
También se defendieron los resultados de la magistrada. Según cifras expuestas durante el debate, su despacho reportó 1,946 asuntos terminados frente a 2,026 asignados, datos que la oposición presentó como evidencia favorable de su desempeño.
Los opositores también cuestionaron la utilización de videos de comparecencias de Solano durante el proceso legislativo y sostuvieron que algunos materiales no guardaban relación con sus funciones como magistrada.
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Solano continuará hasta noviembre de 2034
Patricia Solano fue nombrada magistrada de la Sala Tercera el 6 de noviembre de 2018 y comunicó formalmente a la Asamblea Legislativa su intención de continuar en el cargo el pasado 21 de septiembre.
Su proceso de reelección estuvo acompañado de tensiones con el oficialismo, particularmente por sus posiciones sobre la independencia judicial y los recursos presupuestarios destinados al funcionamiento del Poder Judicial.
La magistrada ha cuestionado decisiones del Ejecutivo relacionadas con el financiamiento institucional, mientras diputados de Pueblo Soberano han planteado críticas sobre su gestión.
La votación de este miércoles representa otro revés legislativo para el oficialismo en materia de reelección de magistrados, después de que tampoco lograra impedir la continuidad de Julia Varela, de la Sala Segunda, y Jorge Araya, de la Sala Constitucional.
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Con el resultado, Solano permanecerá otros ocho años en uno de los principales órganos judiciales encargados de conocer asuntos penales en Costa Rica.
La decisión también deja en evidencia las diferencias entre oficialismo y oposición sobre los criterios que deben utilizarse para evaluar la continuidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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