El Colegio de Enfermeras de Costa Rica (CECR) denunció una posible intervención del Gobierno costarricense en el retiro de publicidad que exponía los atrasos salariales de profesionales de Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una situación que ha provocado reclamos y movilizaciones del personal sanitario durante los últimos meses.
La controversia surgió después de que dos piezas de la campaña “La Vida No Espera” fueran retiradas de espacios públicos de San José en un periodo aproximado de 24 horas, sin que, según la organización profesional, existiera una explicación formal que justificara la decisión.
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Los anuncios se encontraban instalados en lugares estratégicos de la capital. Uno correspondía a una estructura publicitaria en una parada de autobús, frente a las oficinas centrales de la CCSS, mientras que el segundo era un tótem ubicado en la Plaza de la Cultura, uno de los espacios de mayor circulación peatonal de San José.
De acuerdo con el Colegio, la empresa contratada para colocar la publicidad comunicó que los anuncios debían retirarse, pero no ofreció mayores detalles sobre los motivos.
Sin embargo, durante una conversación telefónica, representantes de la compañía habrían indicado que la instrucción provenía del Gobierno, una afirmación que llevó al gremio a exigir explicaciones y anunciar gestiones para determinar lo ocurrido.
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Hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que alguna autoridad gubernamental haya ordenado el retiro, ni se ha identificado a la persona o institución que habría emitido la supuesta instrucción.
Colegio de Enfermeras anuncia acciones legales por posible censura
El presidente del Colegio de Enfermeras, Gabriel Guido Sancho, confirmó que la organización comenzó a gestionar acciones administrativas y judiciales para identificar a los responsables de la decisión y establecer si existió alguna interferencia indebida.
“Nos encontramos tomando acciones administrativas y judiciales para que se nos aclare quién giró la instrucción de retirar esta publicidad”, manifestó el representante gremial.
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Guido sostuvo que la situación genera preocupación desde el punto de vista constitucional, particularmente por la posibilidad de que se haya intentado limitar la difusión de denuncias relacionadas con los derechos laborales del personal de Enfermería.
El dirigente aseguró que el Colegio llevará el caso “hasta las últimas consecuencias”, con el propósito de determinar si existió alguna actuación destinada a impedir que el gremio expresara públicamente sus cuestionamientos sobre los atrasos salariales.
Por su parte, el asesor legal de la organización, Giovanni Eduardo Rodríguez Solís, advirtió que las circunstancias deberán analizarse a la luz de las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión.
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“Esperamos que esto no constituya una violación a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política, mediante una censura previa que nos impida manifestarnos como corresponde a todos los costarricenses”, señaló el abogado.
El artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica protege el derecho de petición ante las instituciones públicas, mientras que el artículo 28 establece garantías frente a la persecución por manifestar opiniones. Por su parte, el artículo 29 reconoce expresamente el derecho a comunicar y publicar pensamientos sin censura previa.
Más de 700 denuncias por atrasos salariales en la CCSS
La polémica ocurre en medio de un conflicto laboral que afecta al personal de Enfermería de los hospitales públicos costarricenses.
Según datos divulgados por el Colegio de Enfermeras el 5 de octubre de 2026, la organización había recopilado 714 reportes de profesionales de la CCSS con salarios atrasados o pagos incompletos.
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La información, obtenida entre el 25 y el 29 de septiembre, reveló que 8 de cada 10 casos presentaban atrasos de dos meses o más, mientras que el 83% de las personas afectadas eran mujeres.
Entre las irregularidades denunciadas figuran la falta de pago de salarios ordinarios, diferencias en las remuneraciones, problemas con el reconocimiento de horas extraordinarias y atrasos relacionados con nombramientos y sustituciones.
Las cifras del Colegio contrastan con los 482 casos de funcionarios con dificultades salariales que la CCSS había identificado públicamente en septiembre, aunque ambos registros responden a levantamientos y criterios que no necesariamente son equivalentes.
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La institución sanitaria anunció entonces que gestionaría los pagos pendientes durante octubre, mediante una revisión individual de los expedientes laborales.
A esta situación se suman los hallazgos de la Auditoría Interna de la CCSS, que identificó problemas asociados al sistema de pagos SIPE, entre ellos 808 funcionarios con dificultades salariales en el Hospital México, así como movimientos administrativos pendientes en otros centros médicos.
El conflicto también provocó una huelga nacional del sector salud el 17 de septiembre, durante la cual organizaciones sindicales exigieron soluciones para los trabajadores que denunciaban incumplimientos en sus remuneraciones.
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El Colegio de Enfermeras ya había presentado en agosto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por los problemas de pago, además de acudir a otras instancias institucionales para solicitar soluciones.
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