El caso Éxodo, una de las investigaciones recientes más relevantes sobre presunta legitimación de capitales en Costa Rica, registró nuevos acontecimientos este jueves 8 de octubre de 2026, luego de que el reconocido productor de conciertos Don Stockwell recuperara su libertad, mientras la Fiscalía avanzó con las solicitudes de medidas cautelares contra los sospechosos detenidos durante el operativo desarrollado el miércoles.
La investigación, que involucra a empresarios del entretenimiento y a una organización presuntamente vinculada con el narcotráfico, busca esclarecer el origen de cuantiosas inversiones realizadas en conciertos internacionales y otras actividades comerciales.
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La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) confirmó que solicitará medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva contra Stockwell, después de analizar su declaración, las pruebas recopiladas y los posibles riesgos procesales.
La decisión no significa que el empresario haya sido absuelto o excluido del expediente judicial. Por el contrario, continúa como imputado y deberá atender los requerimientos de las autoridades mientras se desarrolla la investigación.
El proceso también involucra al productor Hugo Benavides Barboza, conocido como Hugo Barboza, quien permanecía detenido mientras se preparaba la discusión judicial sobre las medidas cautelares de los investigados.
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Don Stockwell recuperó su libertad y calificó la investigación como un malentendido
Uno de los acontecimientos más importantes de las últimas horas fue la liberación de Frederick Don Stockwell, quien había sido detenido el miércoles 7 de octubre durante un allanamiento efectuado en su residencia, ubicada en un condominio de Pozos de Santa Ana.
Después de comparecer ante el Ministerio Público, el empresario abandonó las instalaciones judiciales durante la madrugada del jueves y posteriormente publicó un video en sus redes sociales para confirmar que se encontraba nuevamente en su vivienda.
“Ya estoy en casa, listo para luchar contra este malentendido”, manifestó el productor, quien aseguró haber proporcionado explicaciones sobre los hechos que motivaron su detención.
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Stockwell también reconoció que la situación había representado un momento complicado para su familia y agradeció el acompañamiento de su defensa legal.
Horas después, al acudir a los tribunales de Goicoechea, el empresario volvió a referirse públicamente a los señalamientos.
“Me asocié con personas que yo no sabía que conocían a otras personas. Tengo la conciencia y la cabeza en alto”, expresó ante los medios de comunicación.
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Con estas declaraciones, el productor defendió su actuación y sostuvo que desconocía determinadas relaciones de las personas con quienes había desarrollado negocios.
Su abogado, Daniel Brenes, aseguró que durante la declaración indagatoria se aportaron elementos que, según su valoración, permitieron disminuir los riesgos procesales considerados por la Fiscalía.
La defensa también sostiene que su representado no mantenía el vínculo criminal que le atribuyen los investigadores y ha manifestado su disposición a continuar colaborando con las autoridades.
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Fiscalía descarta pedir prisión preventiva contra Stockwell, pero mantiene la acusación bajo investigación
La situación judicial del productor fue aclarada por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, que explicó que la decisión de dejarlo en libertad respondió a una valoración individual de las pruebas y de sus condiciones personales.
Entre los factores analizados figuran los arraigos del imputado, los posibles peligros procesales, su presunta participación en los hechos y los elementos probatorios disponibles.
A partir de esa evaluación, el Ministerio Público determinó que, por el momento, no solicitaría prisión preventiva contra Stockwell, sino otras medidas destinadas a garantizar su vinculación con el proceso penal.
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Otra mujer quedó libre y 17 sospechosos enfrentan solicitudes de medidas cautelares
El Ministerio Público también confirmó la liberación de una mujer identificada con el apellido Corrales, quien había sido detenida como parte de las diligencias del caso.
En su situación, las autoridades determinaron que, por ahora, no solicitarán medidas cautelares, aunque continuará figurando como imputada.
Esta decisión se diferencia de la adoptada respecto a Stockwell, porque contra el productor sí se solicitarán restricciones judiciales, aunque distintas a la prisión preventiva.
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Entre quienes continuaban bajo custodia judicial figuraba el empresario Hugo Barboza, cuya situación deberá ser resuelta por las autoridades competentes.
Debido a la cantidad de investigados y al volumen de información incorporada al expediente, la defensa de Stockwell estima que el procedimiento podría prolongarse entre dos y tres semanas.
Incluso, el despacho judicial reservó un período de hasta un mes para desarrollar las audiencias necesarias.
Las nuevas pruebas que complican la investigación de los productores
Mientras se define la situación judicial de los sospechosos, nuevas informaciones sobre el expediente revelaron comunicaciones y movimientos financieros que las autoridades consideran relevantes para establecer los presuntos vínculos entre los empresarios del entretenimiento y Edwin Vargas García, alias “Sobrino”.
De acuerdo con documentos judiciales divulgados por medios costarricenses, los investigadores recuperaron conversaciones de aplicaciones de mensajería, comprobantes de pago, fotografías de dinero y registros relacionados con inversiones en eventos.
Una de las pruebas corresponde a una videollamada realizada el 14 de septiembre de 2023 entre Stockwell y Vargas García, en la que ambos habrían conversado sobre una inversión de aproximadamente USD 250,000 para un espectáculo.
El registro forma parte de los elementos utilizados por el OIJ para sostener que la relación entre los investigados no habría sido únicamente circunstancial.
En otra comunicación, incorporada a la orden de allanamiento y relacionada con un concierto de Ricardo Montaner, aparecen referencias a una inversión de USD 130,000, ganancias netas superiores a USD 42,000 y un retorno del 37%.
Para los investigadores, esos mensajes indicarían que los productores conocían la participación de Vargas García como inversionista y discutían mecanismos para devolver el capital junto con las utilidades.
Estas interpretaciones corresponden a la hipótesis de las autoridades y todavía deberán ser valoradas dentro del proceso judicial.
Comprobantes de pago, dinero en efectivo y criptomonedas
Otra revelación divulgada este jueves corresponde a conversaciones de Snapchat que, según los investigadores, muestran intercambio de recibos, fotografías de fajos de billetes y comprobantes de transferencias.
En el expediente se mencionan movimientos asociados con el concierto de Ricardo Montaner, incluidos pagos por aproximadamente USD 191,753, compuestos por la recuperación del capital y ganancias relacionadas con entradas y patrocinios.
También aparecen registros de inversiones vinculadas con el espectáculo deportivo Nitro Circus, celebrado en el Estadio Nacional, cuyos montos investigados pasaron de aproximadamente USD 182,660 a USD 222,455.
Los agentes también identificaron comunicaciones relacionadas con el concierto de Aventura, celebrado en 2024, para el cual el supuesto inversionista habría destinado alrededor de USD 300,000, según documentos incorporados a la investigación.
Incluso se investiga una transferencia de USD 350,000, fechada en febrero de 2024, y comunicaciones posteriores sobre posibles mecanismos para movilizar recursos.
Las autoridades buscan determinar si estos movimientos correspondían a operaciones comerciales legítimas o si fueron utilizados para introducir en el sistema económico recursos de origen ilícito.
El FBI colaboró en la recuperación de conversaciones
La cooperación internacional también ha tenido un papel importante en el desarrollo del caso.
El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, confirmó que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) colaboró con las autoridades costarricenses para recuperar comunicaciones utilizadas por algunos de los investigados.
Según la Fiscalía, parte de los intercambios se desarrollaban mediante Snapchat, una plataforma que representaba dificultades técnicas para la obtención de información por parte de los investigadores nacionales.
Con la asistencia estadounidense fue posible recuperar conversaciones que posteriormente se incorporaron a la investigación.
La información permitió identificar contactos entre Vargas García y personas relacionadas con la organización de espectáculos, además de examinar cómo se negociaban aportes económicos y posibles ganancias.
Uno de los aspectos que deberán aclararse es el grado de conocimiento que tenían los productores sobre el origen de los recursos utilizados en los eventos.
Más de USD 850,000 en conciertos y negocios investigados
El Organismo de Investigación Judicial informó inicialmente que la organización atribuida a “Sobrino” habría invertido aproximadamente USD 859,000 en al menos tres espectáculos masivos.
Sin embargo, las diligencias también abarcan otras transacciones, comunicaciones y eventos cuya relación con la causa deberá determinarse.
La investigación no se limita a la industria del entretenimiento.
Según la información divulgada por el OIJ, la estructura presuntamente utilizaba distintas actividades económicas para movilizar e introducir recursos cuyo origen podría estar relacionado con la venta de drogas.
Entre los negocios investigados figuran operaciones de compra y venta de oro, adquisición de propiedades, inversiones ganaderas, préstamos informales y lotería clandestina.
Uno de los mecanismos bajo investigación estaría relacionado con la comercialización de oro extraído ilegalmente de Crucitas, en Cutris de San Carlos.
De acuerdo con la hipótesis policial, la organización habría utilizado establecimientos comerciales y operaciones de exportación para introducir ese material en circuitos económicos formales.
Durante los 22 allanamientos, las autoridades reportaron el decomiso de vehículos y motocicletas de alta gama, armas de fuego y dinero en efectivo.
Estas diligencias constituyen una nueva fase de una investigación que comenzó a desarrollarse a partir del denominado caso Granero, operativo que permitió la detención de Edwin Vargas García en enero de 2025.
La relación de los productores con figuras políticas también genera controversia
Las detenciones provocaron repercusiones fuera del ámbito judicial, especialmente por la circulación de fotografías de los productores investigados con figuras políticas nacionales.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, confirmó que asistió en marzo de 2026 al concierto de Grupo Firme, donde coincidió con Hugo Barboza y se tomó fotografías con él.
La mandataria explicó que la invitación le fue trasladada mediante el vicepresidente Francisco Gamboa, y afirmó que no conocía previamente al empresario ni tenía información sobre investigaciones en su contra.
Fernández defendió su actuación y señaló que desconocía los supuestos vínculos del productor con actividades ilícitas.
Por otra parte, el Partido Liberación Nacional (PLN) negó este jueves que Stockwell y Barboza figuraran como contribuyentes o proveedores de la agrupación en las campañas electorales de 2022 y 2026, después de que circularan fotografías de los empresarios con dirigentes de ese partido.
La existencia de fotografías, invitaciones o encuentros públicos no demuestra participación de dirigentes políticos en las actividades presuntamente delictivas.
Hasta esta actualización, las informaciones verificadas no establecen responsabilidad penal de la presidenta ni de las otras figuras políticas mencionadas por sus contactos sociales con los empresarios investigados.
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