Costa Rica condenó este viernes 2 de octubre lo que calificó como una “deriva autoritaria” en Nicaragua y pidió crear condiciones para la celebración de elecciones libres, plurales y con observación internacional, durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington.
La posición costarricense fue expuesta por la vicecanciller Adriana Bolaños, quien sostuvo que el país observa un deterioro de las condiciones democráticas y del pluralismo político en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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“Estamos ante un proceso sistemático de eliminación del pluralismo político, el cierre del espacio cívico y concentración del poder. Costa Rica condena firmemente esta deriva autoritaria”, expresó Bolaños durante la sesión.
La reunión fue convocada por el Consejo Permanente de la OEA después de considerar que los acontecimientos recientes en Nicaragua constituían “un problema de carácter urgente y de interés común para los Estados Americanos”.
Durante el encuentro, los países miembros aprobaron una resolución que solicita a las autoridades nicaragüenses restablecer libertades civiles, avanzar hacia condiciones que permitan elecciones libres y liberar a las personas detenidas por motivos políticos. La OEA también acordó establecer un mecanismo de seguimiento diplomático para evaluar avances y determinar posibles acciones posteriores.
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Costa Rica pide pasar de la preocupación a las acciones
En su intervención, Bolaños afirmó que la organización regional no debería limitarse a expresar preocupación y planteó la necesidad de avanzar hacia medidas con objetivos y mecanismos de seguimiento definidos.
“Nuestras exigencias deben ser claras: liberar a las personas detenidas por razones políticas, restituir plenamente los derechos civiles y políticos, incluida la nacionalidad, cumplir las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y crear condiciones reales para unas elecciones libres, plurales y con observación internacional”, manifestó.
La resolución adoptada por la OEA también reclama información sobre el paradero de personas desaparecidas, la recuperación de la separación de poderes y la restitución de la nacionalidad a quienes fueron privados de ella.
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El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó al finalizar la sesión que el objetivo del mecanismo será contribuir a crear las condiciones para que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos y definir su futuro político mediante “instituciones democráticas y elecciones libres, justas e inclusivas”.
Organismos internacionales denuncian violaciones de derechos humanos
La reunión se produjo un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas solicitaran a los países de la OEA colocar los derechos humanos, el Estado de derecho y la rendición de cuentas en el centro de sus deliberaciones.
Ambos organismos señalaron que, desde el inicio de la crisis sociopolítica nicaragüense en abril de 2018, han documentado un patrón de violaciones que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia del Estado, confiscación de bienes y privación arbitraria de la nacionalidad.
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También solicitaron la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas por motivos políticos, el esclarecimiento del paradero de personas desaparecidas y el restablecimiento del espacio cívico.
Estas afirmaciones corresponden a los organismos internacionales que han documentado la situación; el gobierno nicaragüense ha rechazado históricamente cuestionamientos externos sobre su situación política y de derechos humanos.
Costa Rica recuerda impacto migratorio
La vicecanciller costarricense destacó además las consecuencias que la crisis nicaragüense ha tenido para Costa Rica como país vecino.
Bolaños recordó que el territorio costarricense ha recibido a decenas de miles de ciudadanos nicaragüenses que han buscado protección, empleo y otras oportunidades desde el inicio de la crisis política.
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“Sabemos que cuando la democracia es quebrantada sistemáticamente mirar hacia otro lado no es prudencia, es inacción”, afirmó.
La funcionaria agregó que “el pueblo nicaragüense tiene derecho a vivir en libertad, a elegir entre distintas opciones políticas y a decidir democráticamente su futuro”.
Costa Rica ha mantenido una posición crítica frente al gobierno de Ortega desde la crisis política de 2018, cuando las protestas contra el Ejecutivo derivaron en una fuerte confrontación interna y denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos.
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Las relaciones diplomáticas entre ambos países se mantienen desde entonces a nivel consular. Durante la administración del expresidente Carlos Alvarado, Costa Rica optó por no designar un nuevo embajador en Managua en medio de las denuncias por la represión de manifestantes y opositores.
OEA establece mecanismo de seguimiento
La discusión de este viernes se produjo después de declaraciones de Ortega sobre el futuro de los procesos electorales en Nicaragua y de nuevos cuestionamientos regionales sobre las garantías políticas en ese país.
Según la resolución, la OEA buscará mantener canales diplomáticos tanto con las autoridades nicaragüenses como con otros actores relacionados con la crisis, con el objetivo de evaluar las condiciones políticas y electorales.
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El organismo interamericano mantiene capacidad para coordinar respuestas entre sus Estados miembros, aunque Nicaragua formalizó su salida de la organización en 2023.
Costa Rica ha planteado durante los últimos meses sus cuestionamientos sobre Nicaragua en espacios multilaterales como la OEA y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), particularmente en relación con las restricciones a libertades fundamentales, las detenciones y el cierre del espacio cívico.
La posición planteada este viernes insiste en que cualquier salida a la crisis debe incluir condiciones que permitan nuevamente la competencia política y el ejercicio de derechos civiles.
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