La posibilidad de una nueva huelga en los hospitales públicos de Costa Rica permanece abierta ante la persistencia de problemas en el pago de salarios de trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una situación que mantiene enfrentadas a las organizaciones sindicales y a las autoridades de la institución.
Representantes de diferentes sindicatos cuestionaron las explicaciones ofrecidas por la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, y aseguraron que los funcionarios afectados por inconsistencias salariales son muchos más de los reconocidos oficialmente.
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Las organizaciones señalaron que la problemática no se limita a quienes dejaron de recibir completamente su salario, sino que también comprende pagos parciales, diferencias salariales, horas extraordinarias pendientes y componentes que no han sido incorporados correctamente en las remuneraciones.
Lenín Hernández, secretario general de SINAE Afines, sostuvo que, al considerar todas estas situaciones, la cantidad de trabajadores afectados podría alcanzar varios miles, aunque reconoció que las organizaciones sindicales no cuentan con una cifra consolidada.
“Una cosa es el impago, que son las y los compañeros que no están recibiendo el salario del todo”, explicó Hernández durante su intervención.
El dirigente agregó que también existen funcionarios que reciben únicamente una parte de su remuneración, otros que no perciben determinados componentes salariales y trabajadores a quienes se les adeudan pagos por tiempo extraordinario.
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“Cuando sumamos este conglomerado de trabajadores y trabajadoras, por supuesto que son miles de trabajadores quienes están lamentablemente en esa situación”, manifestó.
¿Cuántos trabajadores de la Caja tienen problemas salariales?
La controversia surgió después de que la CCSS presentara un balance sobre las inconsistencias en las remuneraciones de sus funcionarios tras la huelga nacional del 17 de septiembre.
Según los datos divulgados por la institución el lunes 21, se identificaron 482 casos relacionados con problemas salariales, de los cuales 381 habían sido gestionados y 101 permanecían pendientes en el Hospital México.
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La presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, explicó que equipos técnicos trabajan en la revisión individual de las situaciones y que la institución espera completar las gestiones pendientes a mediados de octubre.
Sin embargo, Hernández cuestionó que esa cantidad represente la totalidad de los trabajadores afectados.
El dirigente señaló que inicialmente los sindicatos creían que los problemas estaban concentrados en personal interino, pero posteriormente identificaron casos entre funcionarios de otros perfiles ocupacionales, incluidos profesionales médicos.
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Ante una consulta de la prensa sobre la cantidad exacta de afectados, reconoció que las organizaciones no disponen de un registro completo.
“Esa trazabilidad lamentablemente la perdimos porque originalmente creíamos que solamente eran los trabajadores interinos”, explicó.
También aseguró que existen funcionarios a quienes se les adeudan horas extraordinarias de hasta seis meses y otros que, pese a haber ascendido, continúan recibiendo remuneraciones correspondientes a puestos inferiores.
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“Esa trazabilidad se lo garantizo que ni tan siquiera las mismas oficinas de recursos humanos a nivel central tienen ese dato”, agregó.
Sindicatos presentan resolución de la Sala Constitucional sobre atrasos salariales
Hernández cuestionó las declaraciones de Taylor, quien aseguró que ninguno de los 950 funcionarios del Hospital San Juan de Dios que participaron en la huelga presentaba atrasos salariales, según los registros institucionales.
Para contradecir esa afirmación, el dirigente presentó una resolución de la Sala Constitucional, que, según explicó, corresponde al caso de una trabajadora de ese hospital afectada por problemas de pago.
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El fallo fue comunicado el 17 de septiembre, día en que se desarrolló la huelga nacional.
“La administración confirmó expresamente que habían existido atrasos salariales y que este se relacionaba con la incorporación del nuevo sistema informático”, indicó el sindicalista.
El dirigente también citó un apartado en el que, según su lectura del fallo, el tribunal estableció que los problemas internos de la institución no justifican trasladar a los trabajadores las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones salariales.
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“Los problemas administrativos, operativos o tecnológicos internos no justifican trasladar a las personas trabajadoras las consecuencias del incumplimiento oportuno de una obligación patronal de rango constitucional”, leyó Hernández.
Denuncian problemas con el sistema informático y falta de personal
Las organizaciones sindicales también cuestionaron el funcionamiento del nuevo sistema de gestión de pagos de la CCSS, cuya implementación ha estado vinculada con las inconsistencias salariales reportadas durante los últimos meses.
Un representante sindical señaló que las unidades de Recursos Humanos enfrentan dificultades para procesar las acciones de personal debido a la cantidad de trámites acumulados y a los tiempos disponibles para completarlos.
Según denunció, algunas unidades deben gestionar más de 2,000 acciones de personal mediante un sistema que presenta bloqueos y restricciones operativas.
“En dos días que tienen estas personas, que son los encargados de hacer las líneas de pago, van a gestionar mil acciones, dos mil acciones”, cuestionó.
La representante también aseguró que los funcionarios encargados de tramitar los pagos no recibieron el acompañamiento necesario antes y después de la implementación de la herramienta informática.
“Aquí no se trata de buscar culpables, doña Mónica, aquí se trata de no lavarse las manos y buscar soluciones prontas, porque el trabajo ya se hizo”, manifestó.
Los sindicatos rechazaron que se atribuya la responsabilidad de los atrasos exclusivamente a las jefaturas locales o a las unidades de Recursos Humanos, al considerar que existen problemas administrativos que deben resolverse desde el nivel central de la institución.
Tres exigencias para evitar una nueva huelga
Las organizaciones informaron que presentaron un documento ante las autoridades de la Caja con tres solicitudes principales para atender la crisis salarial.
La primera consiste en una declaratoria de emergencia prioritaria que permita utilizar mecanismos financieros y administrativos extraordinarios para cancelar los montos pendientes.
La segunda plantea que la institución establezca fechas exactas para realizar los depósitos, mediante una notificación individual que indique a cada funcionario cuánto dinero se le adeuda y cuáles son los conceptos pendientes.
La tercera solicitud busca establecer un reporte diario de avances, con información agregada sobre los casos resueltos y aquellos que continúan pendientes.
Los representantes sindicales insistieron en que el proceso de regularización debe mantenerse hasta que todos los trabajadores afectados reciban las remuneraciones correspondientes.
Preocupación por el aguinaldo de diciembre
Otro de los puntos abordados por los sindicatos fue la posibilidad de que las inconsistencias salariales tengan consecuencias sobre el pago del aguinaldo de los trabajadores.
Hernández manifestó su preocupación ante la posibilidad de que los problemas continúen durante octubre y que determinados montos pendientes no sean incorporados oportunamente en el cálculo de ese beneficio.
El dirigente planteó que la institución explore mecanismos financieros mediante organizaciones como ACEX, Coopecaja o la Mutual de la Caja, para facilitar el acceso a los montos pendientes mientras se regularizan los pagos.
Se trata de una propuesta formulada por el representante sindical y no de un mecanismo aprobado o anunciado por la CCSS.
“Si no se soluciona el problema de octubre, a las compañeras y compañeros no les va a llegar esa platita, que ya se la ganaron, para diciembre, el aguinaldo”, advirtió Hernández.
Una nueva huelga sigue siendo una posibilidad
El dirigente recordó que el movimiento de huelga del 17 de septiembre permitió visibilizar las dificultades económicas que enfrentan funcionarios con salarios atrasados.
Sin embargo, la protesta también provocó afectaciones en los servicios de salud.
Según el balance divulgado por la institución, durante aquella jornada participaron miles de trabajadores y se suspendieron procedimientos quirúrgicos programados en diferentes hospitales.
Los representantes sindicales defendieron el carácter solidario del movimiento y rechazaron las posibles medidas disciplinarias contra trabajadores que participaron en la protesta sin presentar atrasos salariales directos.
La CCSS había informado que revisaría individualmente esos casos para determinar si existía alguna justificación para la participación en la huelga.
Hernández aseguró que las organizaciones desean evitar una nueva paralización, pero condicionó esa posibilidad a que las autoridades encuentren una solución para los trabajadores afectados.
“Lo menos que queremos nosotros es hacer otro llamado a huelga, ¿verdad? Pero si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer”, expresó.
Por ahora, las organizaciones mantienen su exigencia de que la Caja establezca un calendario concreto de pagos, informe individualmente los montos pendientes y publique los avances hasta resolver la totalidad de las inconsistencias salariales, mientras continúa la revisión administrativa anunciada por la institución para octubre.
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