La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández defendió el régimen de pensiones para expresidentes de la República, al afirmar que ese beneficio representa un reconocimiento por las particularidades del cargo y permite a quienes ocuparon la Presidencia mantener un nivel de vida sostenible una vez concluyen su gestión.
Sus declaraciones marcan un giro respecto al discurso que el movimiento chavista sostuvo durante la campaña electoral de 2022 y que la propia mandataria retomó el pasado 8 de mayo, cuando prometió impulsar “las batallas que sean necesarias” para eliminar las llamadas pensiones de lujo.
Fernández fue consultada sobre si considera que las pensiones para expresidentes deberían desaparecer. En respuesta, sostuvo que la Presidencia de la República posee características distintas a cualquier otro cargo público, lo que, a su juicio, justifica la existencia de ese beneficio.
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“El cargo de presidente de la República tiene una serie de prerrogativas distintas a muchos otros cargos públicos y por eso es que mundialmente se reconoce una pensión para expresidentes. Más que una pensión, es un reconocimiento para que, después de haber ejercido este cargo, tengan un ingreso que les permita continuar con un nivel de vida sostenible, en virtud de que puede ser difícil reincorporarse. Hay temas de seguridad y otros temas importantes”, afirmó.
Aunque añadió que, en su caso, espera continuar trabajando “mientras Dios le dé vida y salud”, dejó claro que no respalda la eliminación automática de este régimen.
Las declaraciones de la mandataria llegaron después de que la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa rechazara el informe del proyecto de ley que busca eliminar las pensiones para expresidentes y expresidentas de la República.
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En contra del informe votaron los diputados oficialistas Ana Katharina Müller, Esmeralda Britton, Robert Junior Barrantes y Royner Mora, además de la legisladora liberacionista Iztarú Alfaro.
Como consecuencia, el expediente continuará su trámite legislativo con un dictamen negativo de mayoría y será remitido al Plenario Legislativo.
La iniciativa pretende eliminar este régimen especial y, para quienes ya reciben el beneficio, establece que solo puedan conservarlo si demuestran que perciben ingresos inferiores a tres salarios base provenientes de otras fuentes y que no reciben una pensión contributiva básica.
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El debate ha reavivado cuestionamientos sobre un cambio de postura dentro del oficialismo. Desde la campaña presidencial de 2022, el entonces candidato Rodrigo Chaves convirtió la eliminación de las pensiones de lujo en una de sus principales banderas políticas y aseguró que impulsaría la desaparición de beneficios que consideraba injustificados, incluyendo la pensión para expresidentes.
Incluso llegó a manifestar que buscaría eliminar su propio derecho a recibir ese pago una vez concluyera su mandato.
Con el paso del tiempo, el discurso comenzó a modificarse. En febrero de este año, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, calificó el proyecto como “una sacada de clavo” contra Chaves, mientras que esta semana los diputados del Partido Pueblo Soberano votaron para mantener vigente el régimen.
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Ahora, con la defensa pública realizada por Laura Fernández, el Gobierno consolida una posición distinta a la que impulsó durante la campaña electoral. La discusión también adquiere relevancia porque tanto Fernández como Chaves podrían acceder en el futuro a este beneficio, que ronda los ₡4 millones mensuales (USD 8,800), siempre que cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente.
Actualmente, siete de los ocho expresidentes con derecho al régimen reciben esa pensión, mientras que el expresidente Carlos Alvarado informó en su momento que renunció voluntariamente al beneficio.
La nueva posición del Ejecutivo promete mantener abierto un debate que enfrenta el principio de austeridad defendido por el oficialismo con los argumentos de reconocimiento institucional y seguridad que ahora plantea la Presidencia.
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