Tras la captura de Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de “Diablo”, luego de permanecer una década prófugo de la justicia, el Gobierno de Laura Fernández anunció la implementación de un operativo extraordinario de máxima seguridad para evitar cualquier posibilidad de fuga o de que el presunto líder criminal continúe dirigiendo actividades ilícitas desde prisión.
La presidenta aseguró que la prioridad del Ejecutivo es garantizar que uno de los delincuentes más buscados del país permanezca bajo estrictas condiciones de aislamiento y sin posibilidad de reorganizar estructuras criminales.
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“Ahora corresponde trasladar al Diablo y resguardar en máxima seguridad a este delincuente de forma tal que minimicemos cualquier posibilidad de fuga”, afirmó la mandataria.
Como parte del protocolo, el Ministerio de Justicia dispuso que Arias Monge y otro privado de libertad identificado como alias “Tan” permanezcan en las celdas de mayor contención del sistema penitenciario nacional.
Las medidas incluyen aislamiento permanente dentro de sus celdas durante las 24 horas del día, sin acceso a patios ni períodos de exposición al sol. Además, únicamente podrán conservar los artículos básicos autorizados por el sistema penitenciario.
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El Gobierno también suspendió las visitas familiares e íntimas. Las reuniones con abogados fueron limitadas a locutorios con separación física, se eliminaron las llamadas telefónicas y la atención médica deberá realizarse dentro de las propias celdas para evitar traslados que puedan representar riesgos para la seguridad.
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, aseguró que desde el ingreso de ambos privados de libertad se adoptaron “medidas históricas y drásticas” para garantizar la máxima seguridad.
Según explicó, el operativo no se limita al interior del centro penitenciario. La Unidad Especial de Intervención (UEI) mantiene presencia permanente dentro de la cárcel con personal especializado, incluidos técnicos en explosivos, francotiradores y oficiales equipados con armamento de alto poder.
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En el exterior del centro penal, la Fuerza Pública resguarda los accesos terrestres, mientras la Policía de Fronteras patrulla constantemente las zonas montañosas cercanas. Paralelamente, el Servicio de Vigilancia Aérea realiza sobrevuelos continuos como parte del dispositivo de seguridad.
El Ejecutivo indicó además que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional desarrolla operaciones permanentes para detectar cualquier intento de comunicación entre los privados de libertad y organizaciones criminales que permanezcan operando fuera de prisión.
Como parte de las nuevas disposiciones, todos los funcionarios que mantengan contacto con alias “Diablo” o alias “Tan” deberán utilizar cámaras corporales, mientras que el personal policial asignado a las labores de custodia portará pasamontañas para proteger su identidad.
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Asimismo, cada ingreso, movimiento o interacción con los privados de libertad será documentado mediante una bitácora de control. El Gobierno también informó que reforzó la iluminación del centro penitenciario para eliminar puntos ciegos y dotó a los oficiales de nuevo armamento, tecnología especializada y capacitación para responder a escenarios de alto riesgo.
No obstante, el Ejecutivo reveló que una de sus principales solicitudes fue rechazada por el Poder Judicial. El Ministerio de Justicia propuso que las audiencias judiciales de ambos imputados se realizaran de forma virtual para reducir los riesgos asociados a los traslados, pero la iniciativa no prosperó.
Aguilar recordó que la responsabilidad sobre el traslado de privados de libertad hacia diligencias judiciales recae en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por lo que cualquier situación ocurrida durante esos desplazamientos corresponde al Poder Judicial.
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La tensión entre ambos poderes aumentó luego de que, según informó el ministro, un Tribunal Penal acogiera un incidente presentado por la defensa de alias “Diablo” y alias “Tan”, dejando sin efecto varias de las restricciones impuestas inicialmente.
De acuerdo con el funcionario, la resolución restituyó beneficios como las visitas familiares, las llamadas telefónicas y el derecho a salir al sol, decisiones que calificó como un riesgo para la seguridad del sistema penitenciario al considerar que podrían facilitar el flujo de información hacia organizaciones criminales.
La presidenta Fernández respaldó esa posición y sostuvo que el Poder Judicial deberá explicar sus decisiones ante la ciudadanía. Además, cuestionó públicamente que el abogado defensor de alias “Diablo” fuera un exfiscal con más de dos décadas de carrera dentro del Poder Judicial y señaló que su esposa actualmente se desempeña como jueza penal en Limón.
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La mandataria afirmó que estos hechos generan “más preguntas que respuestas” y consideró que tanto el Poder Judicial como la Asamblea Legislativa deberán analizar la situación.
Fernández ordenó que el operativo sea revisado cada semana durante las reuniones de la denominada Fuerza Élite, con reportes detallados sobre el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. También instruyó prohibir el ingreso de teléfonos celulares al personal penitenciario asignado al módulo de máxima seguridad, con el objetivo de eliminar cualquier posibilidad de filtración de información.
“El Diablo no se puede escapar, no se puede matar y no lo pueden matar. La prioridad número uno tiene que ser resguardar a ese delincuente”, concluyó la presidenta al reiterar que el Gobierno mantendrá el operativo de máxima seguridad mientras el presunto líder criminal permanezca bajo custodia.
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