Instituto Costarricense de Electricidad perdería el control del sistema eléctrico y familias podrían enfrentar tarifas más altas

Aunque el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414) fue retirado de la corriente legislativa, la discusión sobre el futuro del modelo eléctrico costarricense continúa generando posiciones encontradas entre especialistas, autoridades y sectores productivos. Para investigadores del Tecnológico de Costa Rica (TEC), la iniciativa plantea transformaciones de gran alcance que podrían modificar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional y tener repercusiones directas en la estabilidad del servicio y en las tarifas que pagan los consumidores.

La propuesta legislativa pretendía crear el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), organismo que asumiría funciones de planificación y despacho de la electricidad, mientras que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pasaría a competir como un operador más dentro de un mercado abierto a la participación privada.

El doctor Gustavo Gómez Ramírez, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería en Electromecánica del TEC, considera que el principal problema del proyecto no radica en permitir una mayor participación privada, sino en la forma en que se plantea la transición institucional.

A su criterio, la propuesta traslada funciones que hoy son eminentemente técnicas hacia un ente cuya gobernanza podría responder a criterios políticos y, además, deja sin desarrollar aspectos fundamentales que deberían definirse mediante reglamentos.

Actualmente, el ICE concentra la planificación, la operación y el despacho del Sistema Eléctrico Nacional bajo un modelo integrado que ha permitido al país alcanzar una cobertura prácticamente universal y una matriz eléctrica compuesta en más de un 95% por fuentes renovables.

Sin embargo, el proyecto propone que esas responsabilidades sean asumidas por ECOSEN, una institución completamente nueva que tendría que desarrollar capacidades técnicas y operativas que el Centro Nacional de Control de Energía del ICE ha construido durante varias décadas.

El ingeniero Carlos Mauricio Segura Quirós, coordinador del Laboratorio de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad (SESLab) del TEC, advirtió que este cambio podría generar una “ventana de vulnerabilidad operativa crítica”, debido a la pérdida del conocimiento acumulado por el ICE sobre el comportamiento de la red eléctrica nacional e incluso del sistema regional centroamericano.

A pesar de las críticas, ambos especialistas coinciden en que Costa Rica sí necesita avanzar hacia un modelo que permita incorporar más inversión privada para atender el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica.

Gómez recordó que el ICE lleva varios años sin desarrollar nuevas plantas hidroeléctricas de gran escala, mientras que el crecimiento económico, la electrificación de actividades productivas y fenómenos climáticos como El Niño incrementan la presión sobre la capacidad de generación del país.

No obstante, advierte que una mayor apertura debe estar acompañada por una regulación técnica sólida que garantice la continuidad y confiabilidad del suministro.

En ese sentido, explicó que ECOSEN podría cumplir el papel de un “ente orquestador” encargado de coordinar a todos los actores del mercado, siempre que cuente con independencia técnica y reglas claras que prioricen la estabilidad del sistema por encima de intereses económicos.

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es el eventual cambio hacia un despacho eléctrico basado principalmente en criterios de menor costo.

Si bien Gómez reconoce que este mecanismo puede contribuir a reducir precios, insiste en que el criterio económico no debe imponerse sobre las necesidades técnicas de un sistema altamente dependiente de fuentes renovables variables, como la solar y la eólica.

Según explicó, las plantas hidroeléctricas continúan desempeñando un papel fundamental para mantener la estabilidad de la red, aun cuando en determinados momentos puedan resultar más costosas de operar.

Los especialistas también consideran insuficiente el tratamiento que el proyecto da al almacenamiento energético mediante baterías de gran capacidad (BESS), tecnología que califican como estratégica para disminuir la dependencia de los embalses durante las épocas secas y facilitar una mayor penetración de energías renovables.

En el TEC, tanto el SESLab como el SigmaLab desarrollan investigaciones relacionadas con estos sistemas, incluyendo proyectos que aprovechan baterías de segunda vida provenientes de vehículos eléctricos.

Otro de los puntos de alerta es la ciberseguridad. Segura Quirós sostiene que incorporar un mayor número de operadores incrementaría la cantidad de puntos vulnerables dentro de la red eléctrica, elevando el riesgo de ataques informáticos o fallas que podrían afectar el suministro nacional.

Desde la perspectiva económica, los investigadores advierten que la apertura del mercado también podría modificar la estructura tarifaria.

Segura Quirós explicó que, si los grandes consumidores migran hacia esquemas competitivos, las empresas distribuidoras mantendrían prácticamente los mismos costos de operación de las redes, pero tendrían menos clientes de alto consumo para financiarlos.

En consecuencia, esos costos podrían trasladarse a los usuarios residenciales, comercios pequeños y productores agropecuarios mediante incrementos en las tarifas eléctricas.

Gómez añadió que la experiencia internacional tampoco garantiza reducciones en los precios de la electricidad.

Citó los casos de Chile y España, países que cuentan con mercados liberalizados, donde las tarifas continúan siendo motivo de debate entre la población debido a las variaciones de precios y a la necesidad de mantener mecanismos regulatorios para proteger a los consumidores.

Ambos especialistas consideran que, si el país decide retomar una reforma de esta magnitud en el futuro, será indispensable fortalecer la formación de profesionales especializados en mercados eléctricos y regulación energética.

A su juicio, el Tecnológico de Costa Rica y el resto de universidades públicas deberán desempeñar un papel central tanto en la preparación del recurso humano como en la generación de criterios científicos independientes que orienten la discusión nacional sobre el futuro del sistema eléctrico costarricense.