La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, atribuye la agudización de la violencia y el auge de la criminalidad a la falta de actualización del marco legal y a la ineficacia del Poder Judicial, además sostiene que este órgano del Estado no está interesado en trabajar con ella para “hallar una respuesta concreta al problema y a la crisis de justicia que tiene el país”.
En una entrevista con el programa El octavo mandamiento, la presidenta aseguró que el principal obstáculo para el combate al crimen radica en “la liberación sistemática de delincuentes reincidentes”, señalando el caso extremo de un individuo arrestado en 411 ocasiones y aún así liberado.
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Según Fernández, el país atraviesa una “crisis de justicia” que afecta directamente la seguridad ciudadana. “La ola de violencia y asesinatos que tiene Costa Rica hoy es de ese tamaño por la simple y llana razón de que a los maleantes los arrestan, pero no van a la cárcel”, afirmó.
Para la presidenta, el desfase normativo y la ausencia de una coordinación efectiva entre los poderes del Estado han facilitado el crecimiento de las bandas de crimen organizado, muchas de ellas con conexiones transnacionales.
La jefa de Estado insistió en que la seguridad encabeza las preocupaciones de la ciudadanía y, por tanto, su gestión prioriza ese eje. “Cuando yo reviso cuál es la principal preocupación de las personas en Costa Rica, la principal preocupación es la seguridad. Y por eso la seguridad es mi principal tema de agenda”, destacó. La mandataria subrayó que no pretende eludir los temas difíciles y sostuvo que su deber es “servir a Dios y al pueblo de Costa Rica”, reiterando su juramento constitucional.
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En respuesta a esta crisis, la administración de Fernández ha impulsado una serie de proyectos de modernización legal, la creación de nuevos protocolos y la estrategia denominada “cero ocio” en centros penitenciarios.
Este programa busca involucrar a las personas privadas de libertad en actividades productivas y de reparación social, como el mantenimiento de escuelas y carreteras. Fernández destacó que “implementamos el programa de cero ocio en las cárceles para empezar a sacar a los privados de libertad a trabajar en algunas tareas propias de las instituciones públicas”.
La mandataria denunció la falta de colaboración interinstitucional, especialmente en el ámbito judicial y fiscal. Las razones incluyeron desde problemas de agenda hasta vacaciones del personal fiscal, lo que permitió que “personas ligadas al narcotráfico” permanecieran en libertad.
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“En el año 2025, cincuenta y cinco allanamientos solicitados por la Policía de Control de Drogas se cayeron, porque la Fiscalía envió justificaciones para no participar en el allanamiento. Justificaciones que van: no podemos porque tenemos otro tema en la agenda, no podemos porque estamos de vacaciones, no podemos porque esto, porque lo otro”, señaló la mandataria.
La presidenta también criticó la negativa del Poder Judicial a compartir bases de datos relevantes para la persecución criminal, lo que limita la eficiencia de los operativos policiales. “Muy distinto es enfocarse en ir a capturar a este grupo de personas que ya tienen una orden de captura a que capture a alguien en flagrancia o cometiendo algún acto delictivo”, argumentó.
Por su parte, las autoridades judiciales han defendido su gestión y la independencia de sus decisiones. Magistrados y representantes del Poder Judicial han advertido públicamente que los recortes presupuestarios impulsados por el Ejecutivo amenazan la operatividad del sistema, desde la realización de peritajes hasta la provisión de gasolina para la policía judicial.
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Voceros judiciales advirtieron que “el OIJ podría quedarse sin recursos para las pericias de diciembre” y que incluso el servicio en veinte oficinas de defensa pública estaría en riesgo. Además, sostienen que las decisiones sobre ejecución de penas y detención corresponden a los jueces, quienes actúan bajo criterios de independencia y conforme a la legislación vigente.
El clima de tensión institucional escaló tras la ausencia de las autoridades judiciales en el Consejo Nacional de Seguridad. “El desplante que hicieron no me lo hicieron a mí. El desplante es al pueblo de Costa Rica”, manifestó Fernández sobre esa situación.
La presidenta convocó nuevamente al diálogo y pidió al Poder Judicial que reconozca la existencia de un problema estructural, al tiempo que reiteró la disposición de su gobierno a trabajar en reformas que permitan enfrentar la criminalidad y restaurar la confianza ciudadana en la justicia.
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