El Gobierno de Costa Rica anunció una nueva etapa del programa “Cero Ocio”, una iniciativa que busca incorporar a personas privadas de libertad en labores de mantenimiento, limpieza y recuperación de espacios públicos en distintas comunidades del país.
Las acciones incluyen trabajos en centros educativos, delegaciones policiales, playas, centros cívicos y otras instalaciones estatales, según muestran las nuevas intervenciones divulgadas por las autoridades.
Entre los proyectos programados destacan labores de limpieza, pintura y mantenimiento de zonas verdes en el Conservatorio Castella de Heredia, la Escuela Abelardo Rojas en La Palmera de San Carlos, la Escuela Cocorí en Agua Caliente de Cartago, la Escuela Enrique Pinto en San Rafael de Alajuela, la Escuela Hernán Rodríguez en Pérez Zeledón, así como en los colegios técnicos profesionales de Liverpool, en Limón, y Barranca, en Puntarenas.
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Además, el Ministerio de Seguridad Pública anunció trabajos similares en las delegaciones policiales de Bagaces, San Rafael de Alajuela, Liverpool y La Isabel, mientras que el Ministerio de Ambiente y Energía coordinará jornadas de limpieza en las playas de Iguanita, Moín, Chacarita y El Roble.
La iniciativa también contempla intervenciones en los Centros Cívicos por la Paz de Pococí, Puntarenas y Aguas Zarcas mediante labores de mantenimiento de infraestructura y recuperación de áreas verdes.
El programa forma parte de la estrategia “Cero Ocio”, impulsada por la administración de la presidenta Laura Fernández, que busca que las personas privadas de libertad participen en actividades productivas y de servicio comunitario durante el cumplimiento de sus condenas.
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Según explicó el Gobierno al presentar la iniciativa, el objetivo es que los privados de libertad contribuyan a su proceso de reinserción social, adquieran experiencia laboral y colaboren con el mantenimiento de infraestructura pública que actualmente representa costos para distintas instituciones estatales.
El proyecto está inspirado en modelos implementados en otros países de la región, particularmente en El Salvador, donde miles de privados de libertad participan en actividades agrícolas, industriales y de construcción bajo el denominado Plan Cero Ocio.
En Costa Rica, la propuesta establece que una parte de los ingresos generados por el trabajo de los reclusos se destine al sostenimiento del sistema penitenciario, a las víctimas de los delitos, a las familias de los internos y a un fondo de ahorro para cuando recuperen su libertad. De acuerdo con el texto presentado por el Gobierno, el 35% de los recursos se dirigiría a financiar la manutención dentro de las cárceles.
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El Ministerio de Justicia ha insistido en que el sistema penitenciario representa un gasto significativo para las finanzas públicas. Solo en alimentación, el Estado destina aproximadamente ¢75,000 mensuales (USD 160) por cada persona privada de libertad, sin contar otros costos asociados a seguridad, infraestructura, salud y administración penitenciaria.
Precisamente, el Gobierno sostiene que el trabajo de los internos permitirá reducir parte de esos gastos mediante la ejecución de obras y servicios que actualmente requieren contratación externa o recursos institucionales adicionales. Entre las labores previstas figuran limpieza de parques, mantenimiento de infraestructura pública, agricultura, manufactura, logística, carpintería y recuperación de espacios comunitarios.
Las imágenes divulgadas esta semana muestran que el programa ya avanza hacia una fase más amplia de intervención territorial, con proyectos distribuidos en Guanacaste, Limón, Puntarenas, Cartago, Heredia, Alajuela y la Zona Norte, consolidando una estrategia que el Ejecutivo considera clave para combatir el ocio penitenciario y generar un retorno tangible para la sociedad.
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