La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, advirtió que la situación en Crucitas se encuentra fuera de control, tras realizar una visita a la zona acompañada de diputados y cuerpos de seguridad, y exigió a la Asamblea Legislativa que apruebe sin más dilaciones el proyecto de ley para regular la minería y restablecer el orden.
Durante el recorrido, una detonación interrumpió la agenda oficial, obligando a activar protocolos de seguridad y evidenciando la gravedad del escenario.
El Gobierno considera que en Crucitas no se practica minería artesanal, sino que opera una estructura criminal dedicada al saqueo de oro. Según lo expuesto por autoridades y legisladores en la conferencia de prensa, miles de personas ingresan ilegalmente para extraer el metal precioso, usando sustancias como cianuro y mercurio, lo que genera daños ambientales severos y pone en riesgo la vida de policías y habitantes. “Cada gramo de oro extraído ilegalmente tiene un costo enorme para el país”, afirmaron.
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La presidenta Fernández expresó su preocupación por la destrucción ecológica, la contaminación de fuentes de agua y las condiciones precarias de los cuerpos policiales destacados en la zona. El Gobierno invierte cerca de 1.3 millones de dólares mensuales en operativos de seguridad en Crucitas, pero reconoce que la cobertura es insuficiente para enfrentar la magnitud del problema. Actualmente hay 150 policías en un área de 800 hectáreas, lo que, según la mandataria, resulta claramente insuficiente.
Durante la visita, la presidenta entregó cuatro vehículos todo terreno decomisados al crimen organizado, destinados a reforzar la labor de los oficiales. Fernández destacó que la minería ilegal está tipificada como delito ambiental, con penas que no superan los dos meses de cárcel, y abogó por una reforma legal que lo clasifique como crimen organizado. En varias intervenciones, la mandataria reclamó a los legisladores que retiren las cientos de mociones presentadas al proyecto de ley y avancen con una solución que permita una explotación minera regulada y sostenible, orientada a beneficiar a las comunidades afectadas.
La discusión legislativa se encuentra estancada desde noviembre de 2024, cuando se presentó la iniciativa para regular la actividad minera en Crucitas.
Desde entonces, el proyecto ha recibido más de 650 mociones de fracciones como el Frente Amplio y Liberación Nacional. Fernández insistió en la necesidad de establecer plazos para el diálogo parlamentario y advirtió sobre el riesgo de perpetuar el problema por falta de acuerdos.
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“La gente lo que está esperando de nosotros son resultados, son soluciones”, reclamó la presidenta, quien pidió a los diputados que no sigan posponiendo la respuesta a las comunidades.
En el acto participaron diputados del oficialismo, Liberación Nacional y Frente Amplio, así como el alcalde de San Carlos, quienes coincidieron en el carácter crítico de la crisis y la urgencia de adoptar una legislación eficaz.
La diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio, subrayó la necesidad de aumentar la asignación de recursos a las comunidades afectadas y propuso que la minería ilegal sea considerada crimen organizado.
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Por su parte, el diputado Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional, defendió la apertura de un espacio de diálogo técnico, pero pidió que se respete el derecho de enmienda y se escuchen las propuestas de todas las fuerzas políticas.
El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, fue enfático al denunciar el desastre ambiental y social, y pidió a los diputados que retiren las mociones que no contribuyen a la solución. “Aquí estamos viviendo prácticamente una guerra que se salió de control”, manifestó González ante los asistentes.
La presidenta Fernández reiteró que la solución al problema de Crucitas no pasa por la presentación de nuevos proyectos de ley, sino por la aprobación y mejora del texto presentado en 2024, resultado de años de trabajo con comunidades, académicos y especialistas. La mandataria rechazó la intervención extranjera y defendió la capacidad del Estado costarricense para resolver la crisis, aunque advirtió que la credibilidad en el sistema democrático está en juego si no se adoptan decisiones a tiempo.
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Finalmente, el Gobierno y las autoridades locales insistieron en que el oro extraído ilegalmente pertenece a todos los costarricenses y que la explotación regulada es clave para invertir en infraestructura, educación y seguridad en la zona norte y el resto del país. Las fuerzas de seguridad mantienen operativos mientras persista la amenaza del crimen organizado y la minería ilegal.