A partir del 30 de abril, entra en vigencia una nueva ley en Costa Rica que establece sanciones económicas para las personas que sean detectadas ingresando a los parques nacionales por puntos no habilitados. La medida busca aumentar la protección de las áreas silvestres y prevenir daños provocados por la actividad humana en ecosistemas sensibles. Las multas pueden alcanzar hasta los 4.6 millones de colones, equivalentes a aproximadamente 9,000 dólares.
La reforma legal fue aprobada por el Congreso de Costa Rica a mediados de febrero, y endurece las sanciones tanto para personas individuales como para empresas y operadores turísticos que faciliten el acceso ilegal a las zonas protegidas. El objetivo central es disuadir el ingreso no autorizado, promover el uso responsable del patrimonio natural y salvaguardar la integridad de los visitantes y de la biodiversidad.
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Las autoridades señalaron que quienes ingresen o permanezcan en áreas no autorizadas dentro de los parques nacionales enfrentarán una multa base de 1.38 millones de colones, equivalente a 2,200 dólares. Este monto puede aumentar en función de la gravedad de la infracción y de las circunstancias en que se detecte la violación. Para operadores turísticos, las sanciones superan los 3 millones de colones y pueden llegar a 4.6 millones de colones cuando se trata de accesos a zonas catalogadas como de alto riesgo, como cráteres volcánicos.
La ley también contempla sanciones para quienes promuevan actividades turísticas no autorizadas dentro de los parques nacionales. Las autoridades señalan que el acceso ilegal no solo pone en riesgo la vida de los visitantes por la falta de condiciones de seguridad y atención ante emergencias, sino que además genera impactos ambientales irreversibles, altera hábitats frágiles y expone a especies de flora y fauna a mayores amenazas.
El Ministerio de Ambiente y Energía ha señalado que la aplicación de multas actúa como un método de disuasión para que las personas respeten las normativas vigentes y eviten situaciones peligrosas tanto para ellas como para el entorno natural. La jefa del Departamento de Control y Protección del Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC), Yeimy Cedeño, explicó que el ingreso y la realización de actividades no autorizadas provocan daños ambientales, alteran hábitats y ponen en riesgo especies que pueden estar amenazadas o ser endémicas.
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El dinero recaudado a través de las multas se destinará al fortalecimiento de labores de control, vigilancia y protección en las áreas silvestres protegidas. Así se busca garantizar la sostenibilidad de estos espacios y reforzar la capacidad de respuesta ante nuevas infracciones.
Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el SINAC detectó a 408 personas ingresando por puntos no autorizados a zonas protegidas. El volcán Irazú registró el mayor número de casos con 200 ingresos ilegales, seguido por la isla San Lucas con 88 registros, y los volcanes Arenal, Poás y Turrialba. Estos datos reflejan la necesidad de un mayor control y la importancia de la entrada en vigencia de la nueva legislación.
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