La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dio un paso clave en el debate sobre el uso de los fondos de pensión en Costa Rica, tras avalar dos proyectos de ley que buscan permitir el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Se trata de los expedientes 24.984 y 24.972, impulsados por la diputada oficialista Ada Acuña y la legisladora del Frente Amplio Rocío Alfaro, respectivamente.
Ambas iniciativas, aunque con diferencias en su enfoque, coinciden en abrir la posibilidad de que ciertos grupos de la población accedan de forma anticipada a los recursos acumulados en sus cuentas individuales, un tema que ha generado amplio debate en los últimos años por sus posibles implicaciones económicas y sociales.
El proyecto presentado por Acuña plantea dos mecanismos diferenciados para el retiro de los fondos. Por un lado, establece la posibilidad de un retiro total para aquellas personas cuya pensión mensual sea inferior a 746.000 colones.
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Por otro, propone un esquema de retiro programado que permitiría a los beneficiarios acceder a sus recursos en un plazo que oscila entre los dos y los 15 años.
Esta propuesta busca, según sus impulsores, ofrecer una alternativa flexible que se adapte a las necesidades de los pensionados, especialmente aquellos con ingresos más bajos, quienes podrían requerir liquidez inmediata para enfrentar gastos básicos o deudas acumuladas.
En paralelo, la iniciativa de la diputada Alfaro propone una modificación a un transitorio de la ley vigente, con el fin de permitir que las personas ya pensionadas o próximas a pensionarse puedan retirar la totalidad de sus ahorros en un periodo de dos años. Este planteamiento pone el foco en un grupo específico de la población que, según la legisladora, se ha visto particularmente afectado por las condiciones actuales del sistema.
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Durante la discusión en comisión, algunos legisladores recordaron los cuestionamientos históricos en torno a la creación del ROP, vigente desde el año 2000, especialmente sobre quiénes se han beneficiado del manejo de estos recursos y cuáles han sido los destinos de los fondos administrados por las operadoras de pensiones.
En ese contexto, se planteó la necesidad de analizar con detenimiento los criterios económicos asociados a las propuestas de retiro anticipado. Según se expuso, incluso en el peor de los escenarios, el impacto de estas medidas sería reducido en relación con el tamaño total del fondo, que asciende a aproximadamente 14 billones de colones.
“Tenemos que entender y analizar que hay criterios económicos vertidos sobre las propuestas de retiro, que el peor de los escenarios alcanzaría un porcentaje ínfimo sobre un fondo de catorce billones de colones”, señaló Acuña.
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El respaldo a las iniciativas también se ha sustentado en la idea de que los proyectos mantienen la viabilidad financiera del sistema. Algunos diputados argumentaron que las condiciones planteadas permitirían la entrega de los recursos sin generar un impacto significativo en la estabilidad económica del régimen.
Por su parte, defensores de la propuesta han insistido en que el objetivo central es brindar alivio financiero a las personas que han enfrentado dificultades económicas, permitiéndoles utilizar sus propios ahorros para salir de deudas, mejorar su calidad de vida o incluso invertir.
“Lo que busca el proyecto de ley es que precisamente ese sector de la población que fue afectado se le pueda devolver en un rango de dos años, de manera que también las operadoras no tengan ningún desbalance”, explicó Alfaro.
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Además, se destacó que los montos acumulados en muchas cuentas individuales no han crecido de forma significativa, lo que refuerza el argumento de que permitir su retiro podría tener un impacto positivo inmediato en la economía de los beneficiarios sin comprometer el sistema en el largo plazo.
El debate, sin embargo, no ha estado exento de preocupaciones. Expertos y sectores técnicos han advertido en ocasiones anteriores sobre los riesgos de debilitar los mecanismos de ahorro para la vejez, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y presión sobre los sistemas de pensiones.
¿Qué es el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP)?
El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) es un fondo de ahorro complementario en Costa Rica, creado en el año 2000, que se acumula mediante aportes patronales y de los trabajadores, gestionado por operadoras de pensiones (OPC) para mejorar la pensión básica (IVM) al jubilarse. Se financia principalmente con el 3.25% de aporte patronal.
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Con los dictámenes afirmativos de la Comisión de Asuntos Sociales, ambas propuestas pasarán ahora al Plenario Legislativo, donde deberán enfrentar la discusión final y la eventual votación por parte de los diputados.
El avance de estos proyectos marca un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del ROP en Costa Rica, en medio de un equilibrio complejo entre la necesidad de proteger el ahorro para la jubilación y la urgencia de brindar soluciones inmediatas a quienes enfrentan dificultades económicas.