Un tribunal de Costa Rica autorizó este viernes la extradición a Estados Unidos del exministro costarricense Celso Gamboa y su presunto socio Edwin López, quienes están acusados de narcotráfico internacional. El aval judicial convierte este procedimiento en el primer caso desde la reforma constitucional de 2025 que permite, bajo condiciones estrictas, la entrega de nacionales por delitos de tráfico de drogas y terrorismo, un giro con profundas implicancias para la acción judicial y política en la región, según informó el medio EFE.
Apenas dos meses después de la entrada en vigor de la reforma constitucional, la detención de Gamboa, de 49 años, exministro de Seguridad, exmagistrado y exfiscal, colocó a Costa Rica en una coyuntura sin precedentes judiciales. El 23 de junio de 2025, agentes costarricenses arrestaron al exfuncionario por solicitud expresa de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), bajo cargos de “tráfico internacional de drogas” para su extradición a Dallas, Texas, en el marco de un proceso que implicó coordinación diplomática y judicial sin antecedentes en la historia del país, según explicó el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, al medio EFE.
El artículo reformado de la Constitución Política, aprobado por el Congreso en mayo de 2025, abrió la puerta a que casi una veintena de nacionales costarricenses fueran solicitados en extradición, la mayoría por delitos de narcotráfico a requerimiento de autoridades estadounidenses. El fiscal general Carlo Díaz, entrevistado por EFE, recalcó que se trata de un “hito importante”, ya que es la primera vez que ciudadanos costarricenses serán extraditados tras la modificación constitucional.
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Garantías legales y procedimiento de extradición en el caso Gamboa
El camino hacia la entrega de Celso Manuel Gamboa Sánchez a las autoridades estadounidenses quedó marcado por exigencias procesales inéditas en el país. El Tribunal Penal de San José solo concedió la extradición tras recibir, 24 horas antes de la resolución definitiva, la promesa oficial y por escrito del gobierno de Estados Unidos de que los extraditados no enfrentarán una pena mayor a los 50 años de prisión, el máximo permitido por la legislación costarricense.
La demora del procedimiento obedeció, como subrayó EFE, a varias condiciones legales específicas. Costa Rica prohíbe la extradición en casos donde haya riesgo de pena de muerte o cadena perpetua. Además, el traslado estuvo condicionado a la suspensión temporal de los procesos judiciales abiertos contra Gamboa en el país, que incluyen delitos como tráfico de influencias y cohecho. Para no obstaculizar la entrega, el Juzgado Penal congeló dichas causas mientras dure el trámite de extradición.
Gamboa también optó por rechazar una extradición simplificada o voluntaria tras su captura, lo que forzó la realización exhaustiva de todas las etapas técnicas y procesales, ampliando así los plazos del trámite.
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Acusaciones en Estados Unidos: narcotráfico y lavado de activos
La Fiscalía del Distrito Este de Texas acusa a Gamboa de ser uno de los principales operadores de narcotráfico de Costa Rica, encargado de facilitar el tránsito de cargamentos de cocaína provenientes de Colombia hacia Estados Unidos. Estas operaciones estarían valoradas, según datos judiciales a los que tuvo acceso EFE, en “decenas de millones de dólares”.
El expediente estadounidense detalla que Gamboa habría usado su red de contactos dentro del gobierno costarricense “para obtener información sobre investigaciones antidrogas y venderla a otros narcotraficantes”. Además, se le atribuye lavado de activos a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star, equipo que actuaba en la segunda división local.
Ambos acusados permanecen detenidos en una cárcel de máxima seguridad en Costa Rica mientras se completa el procedimiento de entrega, que debe coordinarse en un plazo máximo de dos meses entre las autoridades costarricenses y estadounidenses.
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Antecedentes políticos y alcance del caso
Celso Gamboa ocupó cargos clave: fue ministro de Seguridad entre 2014 y 2015, dirigió la Inteligencia y Seguridad Nacional en 2013-2014 y fue nombrado magistrado en la Sala Tercera del Poder Judicial por el Congreso en 2016, de donde fue suspendido año y medio después por un escándalo de corrupción.
Su extradición, junto a la de Edwin López, marca la primera aplicación efectiva de la reforma al artículo 32 de la Constitución y sienta las bases para futuros procedimientos similares. Desde la aprobación de la reforma, cerca de veinte costarricenses han sido solicitados en extradición, según datos de EFE, lo que evidencia el impacto inmediato de la nueva regulación en la política criminal y en las relaciones de Costa Rica con Estados Unidos.
El plazo máximo fijado entre los dos países para la ejecución de este traslado es de dos meses a partir de la aprobación judicial.