La Sala Constitucional de Costa Rica analiza la legalidad de los recientes acuerdos de seguridad firmados con Estados Unidos por el gobierno de Rodrigo Chaves, luego de admitir para estudio un recurso de amparo que cuestiona si tales compromisos internacionales pudieran violar principios fundamentales como la abolición del ejército y la neutralidad perpetua del país. El proceso obliga al Gobierno a entregar, en un plazo de tres días hábiles, un informe detallado sobre la naturaleza del acuerdo, los fundamentos jurídicos y las consultas formales previas realizadas antes de la firma.
El debate se abrió tras la suscripción, el 5 de marzo en Doral, Florida, de la Declaración Conjunta de Seguridad. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, representó a Costa Rica junto a autoridades de los Estados Unidos y delegados de 15 países americanos. Dos días después, el presidente Rodrigo Chaves asistió a la conferencia Escudo de las Américas, presidida por Donald Trump, para discutir una propuesta que, de acuerdo con los recursos presentados ante la justicia, implica el principio de “paz a través de la fuerza” y la posibilidad de incursiones militares estadounidenses en Latinoamérica, siempre bajo autorización de los gobiernos participantes. El comunicado oficial de la Casa Blanca omitió, no obstante, cuáles países firmaron el acuerdo.
La Sala evalúa actualmente tres procesos relacionados: dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad, bajo los expedientes 26-008255-0007-CO, 26-008226-0007-CO y 26-008212-0007-CO. El recurso en atención prioritaria, 26-008255-0007-CO, fue presentado por seis ciudadanos contra el Ministerio de Seguridad Pública y la Presidencia. Reclaman la anulación del acto y el retiro formal de Costa Rica de la declaración firmada.
Reclamos respecto a la afectación de principios constitucionales
Según la explicación brindada por la Sala Constitucional a La Nación, “la declaración que suscribió el ministro vincularía a Costa Rica con una concepción de seguridad hemisférica de carácter militar (...)”. Los recurrentes sostienen que la firma generó efectos jurídicos y políticos al relacionar al país con un esquema de seguridad regional que consideran incompatible con el ordenamiento jurídico costarricense. Resaltan la ausencia de consulta legislativa y la omisión de solicitar dictamen al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que consideran obligatorio ante decisiones que inciden en la política exterior.
En el expediente 26-008226-0007-CO, todavía en fase de admisibilidad, la denuncia señala que la firma de la Joint Security Declaration infringe el artículo 7 de la Constitución Política sobre tratados internacionales, la Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada de 1983 y el derecho a la paz. Uno de los argumentos incluye que Donald Trump manifestó el 7 de marzo que la iniciativa conducirá a la conformación de una coalición militar.
Por otra parte, la acción de inconstitucionalidad 26-008212-0007-CO fue presentada por el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén. Afirma que la adhesión a la Declaración Conjunta de Seguridad y la alianza posterior formarían parte de una serie de actos tendientes a “incorporar a Costa Rica a un esquema de seguridad hemisférica con implicaciones militares”. Argumenta además la violación al principio de abolición del ejército, la vulneración de normas internacionales y cita la sentencia 2004-09992 de la Sala Constitucional, que anuló el apoyo costarricense a la coalición internacional pro-invasión de Irak. Guillén exige que se declaren nulos estos actos y que “el Poder Ejecutivo realice las gestiones diplomáticas necesarias para retirar cualquier manifestación internacional que presente a Costa Rica como integrante de dicha coalición”.
El programa Escudo de las Américas y la respuesta institucional
Como parte del proceso, la Sala Constitucional pidió a las instituciones implicadas, Ministerio de Seguridad Pública y Presidencia, un informe completo detallando el acuerdo, su argumentación legal, los compromisos asumidos, así como los procedimientos internos seguidos antes de la firma. Los recurrentes enfatizan que cualquier vínculo de Costa Rica con alianzas internacionales de seguridad con componentes militares debe contar con aval legislativo y la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los recursos insisten en que “el acto podría contravenir diversos principios constitucionales, además de la abolición del ejército y la neutralidad perpetua, activa y no armada del Estado costarricense”.
El contexto de estos acuerdos corresponde a la Americas Counter Cartel Conference, celebrada el 5 de marzo en Florida, donde se originó el programa Escudo de las Américas. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, comunicó la creación de la Coalición Anticártel de las Américas, integrada por líderes militares y autoridades de 17 países del hemisferio. La estrategia incluye ejes como desmantelar cárteles y organizaciones terroristas extranjeras operativas en el hemisferio occidental; coordinar acciones para reducir el control territorial y el acceso a financiamiento de estos grupos; entrenar y movilizar fuerzas armadas de los países socios para fortalecer su capacidad de combate y contener eventuales influencias extranjeras.
El recurso bajo revisión solicita a los magistrados ordenar al Poder Ejecutivo abstenerse de nuevos actos relacionados con la declaración, y que todo compromiso internacional de carácter geopolítico o de seguridad sea revisado por las autoridades jurídicas, con el objetivo de asegurar que se ajuste a los principios constitucionales de neutralidad y abolición del ejército.