Las asociaciones de cuidados paliativos que operan con menores recursos en Costa Rica recibirán un impulso financiero fundamental si prospera una iniciativa legislativa tramitada en la Asamblea Legislativa.
El proyecto busca, por primera vez, que el 20% de las utilidades obtenidas por la Junta de Protección Social (JPS) en la venta de loterías electrónicas se destine específicamente a asociaciones con presupuestos inferiores a 80.000 Unidades de Desarrollo Escalonado (UDES) del Banco Central de Costa Rica, reforzando su capacidad para sostener servicios esenciales destinados a personas con enfermedades avanzadas.
Esta modificación legal responde directamente a la disminución de recursos derivada de la baja en la venta de “raspaditas”, un escenario que amenaza la continuidad del acompañamiento clínico y social que brindan estos grupos, como lo consigna el texto presentado por el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio y otros legisladores.
El financiamiento de las asociaciones de cuidados paliativos queda en riesgo tras la caída en ventas de loterías instantáneas
En palabras de las organizaciones afectadas, la reciente reducción en los aportes provenientes de la JPS, consecuencia directa del descenso en la comercialización de loterías instantáneas, ha tenido un efecto negativo alarmante en la operación diaria. Las asociaciones advierten que durante el año en curso “esta reducción implica serias dificultades financieras para brindar los servicios que requieren las personas atendidas”, una situación que pone en entredicho la cobertura para pacientes en condiciones avanzadas y sus familias.
Hasta ahora, la estructura de financiamiento establecida por la Ley 8718 determinaba que el 50 % de las utilidades netas obtenidas por la Junta de Protección Social a partir de loterías instantáneas debía distribuirse directamente a fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o control del dolor.
Tales entidades, además de estar conformadas como organizaciones sin fines de lucro e inscritas en el Registro Nacional, requieren cumplir estándares de calidad y someterse a fiscalizaciones periódicas, incluyendo la presentación de una liquidación semestral de los fondos recibidos.
Un alto porcentaje de estas asociaciones cuentan con certificaciones de servicios de cuidados paliativos por parte del Ministerio de Salud, la mayoría bajo la calificación de “Aprobación con Excelencia”, según recoge el argumento de exposición de motivos del proyecto legislativo. Además, poseen la declaratoria de idoneidad y utilidad pública emitida por el Ministerio de Justicia y Paz.
El nuevo esquema financiero propone criterios más favorables para organizaciones con menor presupuesto
El proyecto de ley introduce una modificación puntual al artículo 14 de la Ley 8718, con el objetivo de regular el “importe del plan de premios en la lotería electrónica” y su impacto en las asociaciones más vulnerables. Según el texto sometido, los recursos asignados se destinarán exclusivamente a cubrir “las distintas necesidades en recursos humanos, equipos, medicamentos y otros de los pacientes”, segmentando la asignación a favor de las clínicas con presupuestos más limitados.
Específicamente, el artículo dispone: “De las utilidades obtenidas del plan de premios en la lotería electrónica, se distribuirá un 20 % a las asociaciones clínicas de cuidados paliativos con presupuestos inferiores a 80.000 UDES del Banco Central de Costa Rica y el uso de estos recursos se destinará, en su totalidad, para la atención de las distintas necesidades en recursos humanos, equipos, medicamentos y otros de los pacientes”.
El diseño de este nuevo esquema intenta garantizar la viabilidad financiera de asociaciones que, de no contar con respaldo adicional, podrían ver comprometida la atención directa a personas en etapa terminal, lo cual tendría un impacto inmediato sobre la Caja Costarricense de Seguro Social, entidad que enfrentaría una demanda considerablemente mayor.
Los promotores de la iniciativa recalcan que el trabajo realizado por estas asociaciones es sostenido por voluntarios y personal ad honorem, quienes cumplen un rol fundamental en el sistema de salud al ofrecer acompañamiento integral a pacientes y familias, especialmente cuando el sector público enfrenta limitaciones presupuestarias.
El proyecto ya fue presentado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica para su análisis y eventual aprobación.