Después que la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó de manera unánime la eliminación de las penas de prisión para periodistas por los delitos de calumnia e injuria, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como un hito para consolidar la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Este avance legislativo, pendiente aún de la firma presidencial y su promulgación oficial, responde a una demanda histórica de organismos internacionales en materia de derechos humanos, que han señalado el impacto inhibidor del derecho penal sobre la labor periodística y el debate democrático.
En una declaración recogida por la misma organización, Pierre Manigault, presidente de la SIP, sostuvo: “La derogación de sanciones penales en este tipo de delitos se ajusta a los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos, que advierten que el uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público genera un efecto inhibidor sobre el periodismo y el debate democrático”.
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Durante las sesiones del 3 de febrero, el Legislativo costarricense derogó los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, que preveían hasta 120 días de cárcel por injuria, calumnia y publicación de contenidos calificados de subversivos.
Desde la perspectiva de organismos nacionales, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) de Costa Rica calificó la medida como “el paso definitivo hacia un modelo donde las responsabilidades derivadas del ejercicio periodístico se ventilan en sede civil y no penal, tal como lo establecen los estándares internacionales”.
El consenso entre entidades especializadas y pronunciamientos de la justicia interamericana es que las leyes civiles resultan adecuadas para resolver disputas vinculadas a los denominados delitos de prensa, suprimiendo así la amenaza de prisión para quienes ejercen esta labor.
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Según la SIP, dirigida por Martha Ramos en la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Costa Rica reafirma su compromiso histórico con la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia.
La representante, también directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), destacó: “La eliminación de la pena de cárcel favorece una mayor apertura informativa y reduce la autocensura de periodistas y medios de comunicación”, al mismo tiempo que solicitó al Poder Ejecutivo la “pronta entrada en vigor” de la reforma.
A nivel regional, la SIP instó a otros países a seguir el ejemplo de Costa Rica, revisando sus marcos legales para derogar figuras penales susceptibles de ser empleadas para silenciar o intimidar a periodistas y medios. El proyecto, denominado “Ley para la libertad del ejercicio periodístico. Derogatoria de los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, Ley N.º 32”, tuvo respaldo total en la votación final.
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La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin ánimo de lucro, basada en Miami, que integra a más de 1,300 medios en el continente americano y dedica sus esfuerzos a la protección y promoción de la libertad de prensa y expresión.