La Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dio un paso clave en la discusión sobre la protección de los océanos al avalar el expediente 24,739, una propuesta de ley que pretende prohibir la minería marina en las aguas bajo jurisdicción del Estado.
El aprobación del proyecto desde la comisión, permite que la iniciativa avance ahora al plenario legislativo, donde deberá ser sometida a votación definitiva por parte de las diputadas y diputados.
El proyecto tiene como objetivo central salvaguardar la biodiversidad marina y prevenir daños irreversibles en los ecosistemas oceánicos, en un contexto internacional marcado por un creciente interés en la extracción de minerales del lecho marino. Aunque Costa Rica no enfrenta actualmente proyectos activos de minería marina, las personas legisladoras coincidieron en que la presión global por explotar estos recursos va en aumento y representa una amenaza latente para países con alta riqueza oceánica.
PUBLICIDAD
Durante los debates finales en comisión, se insistió en que la minería marina constituye una actividad emergente a nivel mundial, cuyos impactos ambientales aún no han sido completamente dimensionados por la comunidad científica. Según los argumentos expuestos, esta práctica puede generar alteraciones profundas en los fondos marinos, afectar cadenas alimenticias, provocar pérdida de biodiversidad y comprometer servicios ecosistémicos esenciales para las poblaciones humanas.
Desde esa perspectiva, el proyecto busca que Costa Rica se anticipe a posibles riesgos futuros y establecer un marco legal preventivo que proteja los intereses ambientales, sociales y económicos del país. La iniciativa también fue defendida como una herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria, considerando la dependencia de muchas comunidades costeras de la pesca artesanal y de actividades vinculadas al aprovechamiento sostenible del mar.
Manuel Morales, diputado impulsor del proyecto indicó que Costa Rica posee una clara “vocación marina”, respaldada por su elevada biodiversidad oceánica, el peso del turismo en la economía nacional, la investigación científica y el papel de los océanos en la resiliencia climática. En ese sentido, el proponente afirmó que la ley responde a una visión de largo plazo orientada a proteger el sustento de las comunidades ribereñas. “Presentamos este proyecto también pensando en un tema fundamental para el país, que es la seguridad alimentaria y todo lo que representa el sustento para las comunidades costeras”, señaló.
PUBLICIDAD
Durante el análisis legislativo también se abordaron otros desafíos ambientales que enfrenta el país. Cinthya Córdoba, diputada independiente, recordó que la explotación petrolera ha sido motivo de preocupación en el pasado, al igual que la falta de atención integral a diversas amenazas ecológicas. En ese contexto, citó al primer ministro de Canadá para advertir sobre los riesgos de ceder recursos naturales a intereses externos: “No quiero que Costa Rica se convierta en parte del menú. Si tenemos la visión de proteger hoy los recursos naturales y no los ponemos a disposición de terceros, no vamos a estar en esa cartilla de oportunidades”.
El proyecto presentado no estuvo exento de críticas y reservas por parte de algunas bancadas legislativas. Kattia Cambronero, diputada independiente, calificó la iniciativa como “una lavada de cara a un gobierno que ha sido, evidentemente, contrario a las políticas ambientales”. Según su punto de vista, el avance del expediente no compensa una serie de retrocesos acumulados en materia de protección ambiental durante los últimos años.
Entre los cuestionamientos planteados se mencionaron los señalamientos del más reciente informe del Estado de la Nación, que advierte sobre “retrocesos serios en materia ambiental” en Costa Rica.
PUBLICIDAD
Asimismo, se denunciaron presuntas presiones políticas dentro del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la salida de funcionarios que, según algunas diputaciones, han defendido históricamente los intereses ambientales del país.
Con el dictamen aprobado en comisión, el expediente 24.739 queda ahora en manos del plenario legislativo. Su eventual aprobación convertiría a Costa Rica en uno de los países que optan por una postura preventiva frente a la minería marina, muy de la mano con su imagen internacional como país comprometido con la conservación y el desarrollo sostenible.