La presidenta de la ANDI, Luz Estela Murgas, pidió que el aumento del salario mínimo en Colombia para el próximo año se defina a partir de la inflación y la productividad, al advertir que una subida ajena a esos parámetros puede elevar los costos de nómina, presionar el gasto público y afectar el empleo formal.
Durante la primera reunión de concertación con las centrales obreras y el Gobierno nacional, sostuvo: “Hay que mejorarles los ingresos a los trabajadores, pero no podemos comprometer la fuente de empleabilidad ni permitir que crezcan los índices de informalidad”.
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Al responder por los efectos laborales del aumento anterior, Murgas afirmó que tuvo conocimiento de pérdidas en un sector específico: “En turismo se perdieron más de 8.000 empleos asociados al incremento”. La dirigente, en entrevista con la emisora Blu Radio, no precisó el período ni el alcance de ese dato.
La discusión ocurre después del incremento de 23,78% decretado para 2026 por el gobierno de Gustavo Petro, que se dio por la falta de acuerdo entre empleadores y trabajadores. Para Murgas, esa decisión tuvo repercusiones que excedieron el ingreso de los asalariados, porque también incidió en las pensiones, los salarios ligados al gasto estatal y los costos empresariales.
La mesa tripartita reúne a cinco entidades del Gobierno nacional, cinco gremios representativos de los empleadores, sindicatos, pensionados y trabajadores. El cronograma aprobado fija el 15 de diciembre como fecha máxima para alcanzar un acuerdo y prevé que, si no hay consenso, el proceso se extienda hasta el 30 de diciembre, cuando el Gobierno nacional podría definir el salario mínimo por decreto.
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Inflación y productividad como parámetros del incremento
Ante la propuesta de la CUT de un aumento de 38%, Murgas evitó discutir porcentajes antes de que se divulguen los indicadores oficiales. “Todavía no podemos estar hablando de números cuando no conocemos ni la inflación ni la productividad”, afirmó.
La presidenta de la ANDI sostuvo que esos dos datos deben delimitar la negociación por los criterios establecidos en la ley. “La inflación y la productividad son el punto de partida y el punto de destino de la conversación”, dijo al referirse a los parámetros que, según su posición, deben definir la cifra final.
Murgas citó un informe del Banco de la República que atribuye al incremento salarial superior al 17% un efecto de 2% sobre la inflación. Según explicó, los servicios públicos, el transporte y los combustibles estuvieron entre las actividades afectadas por ese aumento de precios.
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El DANE divulgará la información sobre productividad el día 25 y publicará la inflación con corte a noviembre entre el inicio y la segunda semana de diciembre, de acuerdo con lo expuesto por la dirigente. Murgas consideró que esos resultados deben conocerse antes de fijar cualquier propuesta salarial.
El salario mínimo vital, fuera de la mesa de concertación
La presidenta de la ANDI rechazó que el concepto de salario mínimo vital, impulsado por el presidente Petro, se incorpore como criterio para determinar el reajuste. “La conversación del salario mínimo puede darse, pero no puede ser parte de la mesa de concertación”, manifestó.
Murgas señaló que el Consejo de Estado ha insistido en que la definición debe ceñirse a inflación y productividad. Añadió que variables como el crecimiento del PIB y otros datos macroeconómicos pueden entrar en el debate, aunque no deberían establecer el porcentaje del aumento.
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La dirigente vinculó el resultado de la negociación con el ajuste fiscal que enfrenta Colombia y con el costo de los contratos de prestación de servicios en el Estado. “Mejores salarios y competitividad son parte de un mismo objetivo, no son dos visiones distintas”, afirmó.
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