El expresidente Gustavo Petro denunció que, presuntamente, se le habrían retirado los vehículos blindados asignados a su esquema de seguridad, presuntamente, para que sean utilizados para garantizar la protección del primer mandatario Abelardo de la Espriella y de otras personas.
Su afirmación surgió ante una aclaración que hizo el portavoz del Gobierno, Miller Soto, relacionada con el uso de una embarcación de la Armada Nacional para transportar a Lucía de la Espriella, hija del presidente, y a unas amigas de ella. Los hechos se presentaron el 14 de noviembre, durante el Festival Náutico de Cartagena, con ocasión del Día de la Independencia de esa ciudad.
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“Lucía ingresó por vía marítima y fue trasladada en una embarcación de la Armada Nacional hasta el bote al que se dirigía. Posteriormente, salió utilizando nuevamente esa misma embarcación de la Armada para salir de donde estaba”, detalló el vocero.
El funcionario aclaró que la movilización de la hija del mandatario en esa embarcación respondió a motivos de seguridad, teniendo en cuenta que en la normativa vigente (Decreto 1066 de 2015) se incluye expresamente al presidente de la República y a su núcleo familiar entre las personas objeto de protección.
La denuncia del expresidente Petro
Ante estas declaraciones, el exmandatario Gustavo Petro denunció el presunto retiro de las camionetas blindadas que tenía a su disposición y a disposición de su familia para movilizarse de manera segura.
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“La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia, varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la policía. Al gobierno no le importa un atentado contra mí”, aseveró el expresidente en su cuenta de X.
No obstante, Infobae Colombia consultó con la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre la denuncia que hizo el ex jefe de Estado y la entidad aseguró que, hasta el momento, no se han hecho cambios de ningún tipo en los esquemas de seguridad.
Otros presuntos retiros de esquemas de seguridad
Posteriormente, la exsenadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, aseguró que a otras personas de la colectividad les habrían sido retirados sus esquemas de protección. Advirtió que algunas de esas personas han sido víctimas de amenazas y atentados.
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“Desde el @PactoCol denunciamos el retiro de los esquemas de protección de la dirigencia y miembros de nuestro movimiento, algunos con antecedentes gravísimos de atentados y amenazas reiteradas. El Gobierno es responsable por ley, así lo establece el Estatuto de Oposición en su artículo 30 de nuestra seguridad”, precisó Pizarro.
La exlegisladora citó la Ley 1909 de 2018, por medio de la cual se adoptó el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes. En el artículo 30 de la ley, se establecen directrices relacionadas con la seguridad para los miembros de las organizaciones políticas que se declaren en oposición.
“En el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Gobierno nacional estructurará programas de protección y seguridad con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición”, precisa la normativa vigente.
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En consecuencia, la excongresista solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. Afirmó que la situación pondría en grave riesgo la integridad de los integrantes del partido y la de sus familias.
La congresista del Pacto Histórico Kamelia Zuluaga también aseguró que se le estarían quitando los esquemas de seguridad a altos funcionarios que colaboraron en el mandato del expresidente Petro.
“¿Retaliación?, la seguridad y la vida del compañero Petro es de suma importancia para la democracia, su voz de oposición es esencial en tiempos oscuros. ¿O quieren dejar expuesto a los líderes de la oposición como forma de amedrentamiento?”, cuestionó.
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