Los acuerdos ofrecidos por la Fiscalía a 11 integrantes de la llamada primera línea, procesados por presuntos actos de terrorismo durante las protestas en Bogotá, generaron cuestionamientos en Colombia.
Según información divulgada por Semana, esa negociación podría formar parte de una estrategia que abarcaría más de 80 expedientes judiciales en distintas regiones del país.
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El medio aseguró haber conocido actas de reuniones con directivos de la Fiscalía, conversaciones entre funcionarios e informes con un inventario nacional de procesos. Los casos incluyen conductas como terrorismo, homicidio, concierto para delinquir, tentativa de homicidio, tortura, secuestro simple, desaparición forzada, rebelión, sedición, instigación a delinquir y violencia contra servidor público.
“Este grupo se crea con la intención de cumplir compromisos políticos, por eso se hace a través de la Unidad de los Delegados ante la Corte Suprema y el grupo de justicia restaurativa, porque si sale algún escándalo, no se vincula con el despacho de la fiscal general”, señalan los chats que conoció el medio de comunicación, y que advirtieron la oscura movida para favorecer judicialmente a los protagonistas del terror durante las protestas.
Una de las reuniones citadas tuvo lugar el 23 de junio de 2026, entre las 3:30 p. m. y las 4:00 p. m., en modalidad híbrida. Según fuentes de la Fiscalía consultadas por Semana, el encuentro ocurrió dos semanas después de otra reunión en la que se habría advertido que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, “no estaba contenta” con el escrito de acusación contra los 11 procesados por terrorismo en Bogotá.
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El acta señala que el objetivo era elaborar un “inventario nacional” de procesos que podrían trasladarse a un Grupo de Tareas Especiales de la Dirección de Justicia Restaurativa. Esa instancia tendría a su cargo el análisis de expedientes de “mayor riesgo” y la evaluación de alternativas como el “uso proporcional de medidas de aseguramiento y exploración de preacuerdos, principios de oportunidad e incidentes de reparación”.
“No es una unidad de justicia alternativa, sino una unidad que replantea el sistema penal acusatorio con enfoque constitucional y humano. Presentó el Grupo de Tareas Especiales como una respuesta estratégica a la preocupación de la fiscal general ante el escenario poselectoral polarizado”, señala el acta del inventario de casos.
El plan incluiría procesos contra personas capturadas por delitos relacionados con hechos violentos durante protestas sociales. Algunos de esos expedientes también tendrían conexión con investigaciones sobre las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Clan del Golfo.
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Funcionarios citados por el medio sostuvieron que la fórmula aplicada a los 11 integrantes de la primera línea en Bogotá podría extenderse a procesados en otras regiones. “La idea es pagar favores políticos y garantizar beneficios judiciales, como que salgan de la cárcel o que tengan penas absurdamente bajas para el daño causado”.
El acta también planteaba la necesidad de definir con rapidez los expedientes que llegarían al Grupo de Tareas Especiales, antes de la primera vuelta presidencial de 2026.
“La Unidad Nacional de Justicia Restaurativa (Unjr) presentó la razón de ser del Grupo de Tareas Especiales, creado para abordar el fenómeno de la protesta social desde una perspectiva integral. La reunión fue convocada con urgencia ante la proximidad de las elecciones del domingo y el riesgo de disturbios poselectorales”, indica el documento.
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El caso de los 11 procesados en Bogotá por hechos como la destrucción de estaciones de TransMilenio, amenazas a conductores y pasajeros, y la quema de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) sería, según el acta, la “inauguración” del denominado Plan Estratégico y Operativo de la Fiscalía.
La coordinación del comité técnico jurídico que revisará los procesos quedó, de acuerdo con el documento, en cabeza de la fiscal Zenaida de Jesús López, jefa de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
El informe entregado a los asistentes de la reunión del 23 de junio de 2026 identifica 81 procesos que podrían pasar al Grupo de Tareas Especiales. En esos expedientes hay más de 159 personas procesadas, principalmente en Cali, Bogotá y Medellín. Entre las conductas investigadas figuran tortura, secuestro, desaparición forzada y terrorismo.
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“La propuesta preliminar de priorización elaborada por la Unjr (Unidad Nacional de Justicia Restaurativa) constituye un punto de partida útil para orientar las actividades iniciales del Grupo Especial de Trabajo y concentrar esfuerzos en los radicados que presentan mayor relevancia estratégica o complejidad”, menciona el inventario.
Según Semana, algunos funcionarios expresaron reparos frente a la propuesta de beneficios judiciales. El medio afirmó que quienes cuestionaron esas decisiones terminaron fuera de la Fiscalía.
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