El excandidato presidencial y senador Iván Cepeda Castro, integrante del Pacto Histórico, afirmó que la colectividad actuará conforme a la ley frente a las denuncias contra la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, señalada por presuntas irregularidades en documentos académicos, profesionales y laborales.
Cepeda fue consultado durante las movilizaciones del 19 de noviembre de 2026 en Bogotá sobre el caso de la congresista. El senador sostuvo que el partido ya fijó una posición y que sus integrantes deberán responder ante las autoridades si se comprueban conductas irregulares.
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“Bueno, ya el Pacto se ha pronunciado. Personas que le mientan al país, personas que presenten documentos falsificados tienen que asumir las consecuencias. Obviamente, aquí hay unas garantías que se deben dar para la defensa de esta persona, pero si hay una situación de esa naturaleza, tiene que responder”, dijo.
Iván Cepeda pidió garantías para los integrantes del Pacto Histórico
El senador agregó que no habrá protección partidaria si algún dirigente debe responder ante la justicia. Al mismo tiempo, reclamó que se respeten las garantías procesales para los miembros de la colectividad.
“Si hay algún miembro, dirigente, mujer o hombre del Pacto Histórico que tenga que responder ante la justicia, deberá hacerlo. Nadie tendrá una situación de encubrimiento o impunidad, pero también exigimos garantías para los miembros del Pacto Histórico”.
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“Frente a nosotros vienen haciendo todo intento de desviar la atención. Hay una situación anómala, se atiende. La situación de esa representante ya ha sido objeto de un pronunciamiento muy claro por parte del Pacto Histórico y vamos a proceder de acuerdo a la ley y a lo que dicta la situación”, continuó.
El pronunciamiento se produjo luego de que el Pacto Histórico anunciara, el 18 de noviembre, que convocó a su Comité de Ética para examinar las denuncias que involucran a Estrada.
En ese comunicado, el partido expresó su rechazo a cualquier conducta que afecte la fe pública y aseguró que el proceso respetará el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
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Red de Veedurías denunció a Luz Verónica Estrada por presunta falsedad en documento público
La Red de Veedurías presentó una denuncia penal y una queja disciplinaria contra la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, por la presunta falsificación de un título de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Colombia.
La acción fue radicada después de que la institución educativa certificara que Estrada no fue estudiante de Ingeniería de Minas y Metalurgia ni cursó materias en ese programa. El caso se suma a las investigaciones y denuncias que surgieron por documentos académicos, profesionales y laborales atribuidos a la congresista.
La Fiscalía General de la Nación, a su vez, informó que existen tres noticias criminales por presunta falsedad en documento público relacionadas con Estrada. Una corresponde a 2024 y las otras dos fueron registradas en 2026.
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Los expedientes están bajo responsabilidad de la Dirección Seccional de Medellín, según la información conocida. Las actuaciones penales se desarrollan en paralelo a la denuncia y la queja disciplinaria presentadas por la Red de Veedurías.
La controversia incluye un diploma que identifica a la representante como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional. La universidad informó que no halló registros académicos que acrediten el paso de Estrada por esa carrera.
Cómo surgieron las denuncias
Las denuncias contra Luz Verónica Estrada cobraron notoriedad después de un debate de control político en el que el canciller Ómar Bula cuestionó a la representante por la utilización de términos técnicos.
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Tras el episodio, el activista Felipe Pedraza, conocido como “Rentas”, publicó sosportes de la preunta falsificación. Posteriormente, la Universidad Nacional emitió una certificación sobre la inexistencia de registros académicos a nombre de Estrada. Esa comunicación derivó en solicitudes de renuncia a la curul y en la convocatoria del Comité de Ética del Pacto Histórico.
La colectividad anunció el 18 de noviembre que activó sus mecanismos disciplinarios internos, aunque indicó que garantizará el derecho de defensa y la presunción de inocencia de la congresista. La nueva denuncia deberá ser evaluada por las autoridades penales y disciplinarias competentes.
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