El Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia), gremio que agrupa a más de 118 compañías de capital estadounidense que representan el 7,3% del producto interno bruto (PIB) de Colombia y generan alrededor de 120.000 empleos formales y que, además, el 98% de la fuerza laboral de esas empresas está integrada por talento colombiano, expresó sus inquietudes ante el proyecto de ley de rescate económico y fiscal que el Gobierno De la Espriella radicó en el Congreso de la República para atender los desafíos de las finanzas públicas.
Por medio de un comunicado, pidió que el ajuste de las cuentas públicas preserve la seguridad jurídica, amplíe la base tributaria y respete los compromisos internacionales, sin trasladar una presión adicional a las empresas formales. Solicitó que el debate legislativo reduzca el gasto estatal sin afectar la regulación económica, incorpore nuevos sectores al recaudo en lugar de elevar las cargas sobre quienes ya tributan y mantenga reglas previsibles para el comercio bilateral con Estados Unidos.
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La posición del gremio tiene peso por la presencia de sus afiliadas en la economía nacional. Para el gremio, el debate legislativo trasciende la cuantía de los impuestos: también define el marco bajo el cual las compañías asignan recursos, contratan trabajadores y ejecutan inversiones cuyos resultados pueden requerir varios años.
Al respecto, el director ejecutivo del CEA Colombia, Ricardo Triana, planteó que el saneamiento fiscal debe acompañarse de garantías para la actividad productiva.
“La estabilidad de las finanzas públicas es una condición indispensable para el desarrollo económico y la atracción de inversión”, dijo. Además, afirmó que “la reducción del gasto estatal es una señal positiva, pero este proceso debe consolidarse como un ancla de certidumbre que proteja las reglas de juego y evite sobrecargar al tejido productivo formal”.
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Reducción del gasto sin debilitar la regulación
La primera condición del CEA Colombia consiste en que el rescate fiscal se apoye en una reducción efectiva del gasto público y en una administración más simple. Considera que la eficiencia estatal puede contribuir a ordenar las cuentas sin trasladar una presión adicional a las empresas formales.
No obstante, la organización advierte que un Estado más austero no debería perder capacidades de supervisión y regulación. Las entidades encargadas de vigilar la actividad económica son necesarias para que las compañías cumplan las normas y compitan bajo reglas definidas.
Ampliar el recaudo sin castigar a las empresas formales
Como segunda prioridad está extender la base tributaria mediante la formalización de actividades económicas y el combate contra la evasión. El gremio propone que un mayor número de sectores contribuya al financiamiento estatal, en vez de concentrar el recaudo en los contribuyentes que ya cumplen sus obligaciones.
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Sobre esto, el CEA Colombia sostiene que elevar la presión sobre las mismas empresas puede desincentivar la llegada de nuevos recursos y agrandar la brecha entre las compañías que tributan y aquellas que permanecen fuera del sistema formal. Para las afiliadas, cambios que modifiquen de forma imprevista las condiciones tributarias pueden afectar las decisiones de inversión, contratación y expansión. La advertencia apunta especialmente a proyectos que requieren planificación financiera y regulatoria durante varios años antes de generar resultados.
Seguridad jurídica para el comercio y nuevas inversiones
Una tercera petición se relaciona con la estabilidad normativa y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia. El CEA pidió que cualquier modificación tributaria respete las obligaciones vigentes en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y mantenga reglas previsibles para el intercambio bilateral.
Vinculó esa certidumbre con sectores como la transición energética y la relocalización cercana, también conocida como nearshoring.
“Este modelo consiste en trasladar o aproximar operaciones y cadenas de suministro a países próximos a los mercados principales, una dinámica que Colombia podría aprovechar para atraer capital, proyectos empresariales y empleos si conserva condiciones competitivas”, aclaró.
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Según la organización, los cambios imprevistos en materia tributaria o comercial pueden generar incertidumbre en las casas matrices de las compañías. Esas instancias son las que toman decisiones sobre la asignación de capital y la ampliación de las operaciones de sus filiales en Colombia.
Ricardo Triana situó el debate fiscal dentro de la necesidad de mantener la reactivación económica y la confianza de los inversionistas. Puntualizó que “el desafío central frente a este rescate fiscal es lograr la sostenibilidad de las cuentas públicas sin frenar la reactivación económica”. Y concluyó al decir que “el capital estadounidense ha demostrado su compromiso con Colombia a lo largo de décadas, pero para que esa inversión continúe expandiéndose, el país necesita enviar señales inequívocas de certidumbre jurídica, respeto a los acuerdos comerciales y estabilidad en las reglas de juego”.
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