Néider Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay, señalado por las autoridades como cabecilla de una estructura del Clan del Golfo (que se autodenomina como Ejército Gaitanista de Colombia -EGC-), fue trasladado desde Medellín a la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de su captura el 14 de noviembre en zona rural de Briceño, Antioquia.
El registro fue divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales. En las imágenes se observa al detenido bajo custodia, mientras funcionarios adelantan los trámites de identificación antes de su reclusión en el establecimiento penitenciario.
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A su llegada al penal, Uñates López fue sometido al procedimiento de ingreso, que incluyó la reseña, la toma de huellas y su respectivo corte de cabello, uno de los procedimientos que se han mostrado continuamente por las autoridades.
En su publicación, De la Espriella defendió el trato dado al capturado y afirmó que las actuaciones de las autoridades se ajustaron a los derechos de quienes han sido detenidos en los operativos.
“Nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos que he adelantado. Aquí tienen a alias ‘Primo Gay’, capturado, procesado y motilado como corresponde”, escribió.
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El material difundido muestra el cambio de apariencia del señalado cabecilla antes de su ubicación en el centro de reclusión. Sin embargo, esto ha generado diferentes reacciones en las redes sociales.
Mientras que algunos respaldan estas medidas contra los detenidos por la fuerza pública, otros consideran que esto podría vulnerar su libre desarrollo de la personalidad.
¿Qué dice la Ley?
La obligación de llevar el cabello corto en establecimientos carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tiene respaldo reglamentario, aunque no opera de forma absoluta.
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El artículo 87 de la Resolución 6349 de 2016 del Inpec, que contiene el reglamento general de los establecimientos de reclusión del orden nacional, dispone que las personas privadas de la libertad “deben bañarse y afeitarse diariamente”, y prohíbe el uso de barba y cabello largo.
La disposición se sustenta en la relación especial de sujeción entre el Estado y las personas bajo custodia penitenciaria. En ese marco, el Inpec puede imponer restricciones orientadas a preservar la disciplina, la higiene, la salubridad y la seguridad dentro de los centros de reclusión. También ha señalado que “una apariencia uniforme facilita la identificación y el control de la población carcelaria”.
Por su parte, la Corte Constitucional examinó esta regla en la Sentencia T-470 de 2022, que resolvió la tutela presentada por un interno de Bucaramanga, en la que había denunciado que se le habían vulnerado sus derechos fundamentales.
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No obstante, el alto tribunal concluyó que la exigencia de llevar el pelo corto y afeitarse “no vulnera por sí misma la dignidad humana ni el libre desarrollo de la personalidad, siempre que responda a fines de salubridad y seguridad y sea proporcional”.
En esa decisión, la Corte tuvo en cuenta las condiciones de hacinamiento, ventilación, suministro de agua e infraestructura que pueden presentarse en las cárceles. Según el tribunal, “esos factores pueden favorecer problemas sanitarios y justifican medidas de higiene, junto con las necesidades de vigilancia y convivencia en los penales”.
Vale mencionar que la norma prohíbe que el rapado se use como sanción disciplinaria. Por tanto, el reglamento contempla el corte de cabello como una regla de higiene y seguridad, pero no autoriza que se aplique como castigo o mecanismo de humillación.
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Excepciones a la regla
Del mismo modo, el artículo 87 de la resolución del Inpec también prevé excepciones cuando el cabello largo o la barba sean necesarios para proteger derechos fundamentales.
Estas cobijan a personas LGBTIQ+, a quienes invoquen razones de libertad religiosa o de cultos y a integrantes de grupos étnicos o culturales cuya identidad se relacione con su cabello, peinados o barba.
La Sentencia T-279 de 2022 reiteró que estas excepciones responden al enfoque diferencial que debe aplicarse en los centros penitenciarios. La Corte precisó que la autoridad debe valorar cada caso cuando la aplicación de la regla general pueda afectar de manera desproporcionada la identidad de género, la libertad de cultos o la diversidad étnica y cultural.
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En consecuencia, el corte de cabello puede exigirse a la población privada de la libertad que no esté amparada por una excepción acreditada, pero el procedimiento debe respetar la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales de cada persona. La legalidad de la medida depende de su finalidad, de su aplicación proporcional y de que no desconozca las garantías diferenciales previstas por el propio reglamento.
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