Una propuesta discutida entre el Gobierno y los ponentes de la Ley de Rescate Económico buscaría que las personas con ingresos superiores a $7 millones mensuales paguen en el impuesto de renta un valor equivalente al IVA que dejarían de asumir tras el retiro del impuesto a la canasta familiar, tras la decisión del presidente Abelardo de la Espriella.
La iniciativa fue revelada por Jorge Espinosa, de Caracol Radio, que aclaró que se trata de una fórmula en discusión y no de una determinación incorporada de forma definitiva al proyecto. La alternativa también excluiría la devolución del IVA, que el texto inicial contemplaba como un mecanismo de compensación para hogares vulnerables.
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Según Espinosa, el cambio busca responder a la necesidad de reemplazar parte de los recursos que el Ejecutivo esperaba obtener con la ampliación del IVA sobre alimentos y otros productos. Lo anterior, luego de que el jefe de Estado descartara esa medida el 15 de noviembre, durante la alocución por sus primeros 100 días de gobierno.
“La propuesta consiste en cobrar a quienes tengan ingresos superiores a $7 millones mensuales una tasa presuntiva equivalente al IVA que se ahorran por los productos que no estarán gravados”, señaló el comunicado, que agregó que, en consecuencia, “no habría devolución del IVA para nadie” como inicialmente estaba previsto.
El retiro del IVA a los alimentos abrió un nuevo debate sobre el recaudo
La modificación del IVA anunciada por De la Espriella implicaría que productos básicos de la canasta familiar, como frutas y verduras, conservarían su condición de excluidos del impuesto. El Gobierno también retiró el aumento del 5% al 19% que contemplaba para artículos como café, azúcar, chocolate de mesa, pastas y aceite.
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El anuncio alcanzó además al sector agropecuario. La nueva versión del articulado no incluiría cargas adicionales de IVA para el campo, sus insumos ni las cadenas de producción de alimentos. Los concentrados y alimentos procesados para perros y gatos mantendrían, según el planteamiento expuesto, la tarifa vigente del 5%.
La decisión tomada por el jefe de Estado, frente a las críticas por el impuesto, redujo las fuentes de financiación previstas en la propuesta original. De acuerdo con el contexto de la negociación divulgado por Espinosa, el retiro del IVA a la canasta y al agro dejaría pendiente la definición de cómo se cubrirá una parte del recaudo esperado por la reforma.
En este orden de ideas, el Gobierno estudiaría incluso una eventual reducción de la tarifa general del IVA, hoy en 19%, a 18% o 17%. Esa posibilidad todavía no tiene una decisión oficial ni una fecha de aplicación, pues depende del espacio fiscal que logre conseguir el Ejecutivo, de cara a lo que sería la primera reforma tributaria del cuatrienio.
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La propuesta también bajaría el umbral para declarar y pagar renta
En ese sentido, la discusión incluiría un ajuste en el impuesto de renta para ampliar el número de contribuyentes. El umbral mensual desde el cual una persona empezaría a pagar ese tributo pasaría de cerca de $9 millones a $5,5 millones y de esta forma el punto coexistiría con el eventual cobro presuntivo para los que superen los $7 millones.
La diferencia entre ambos mecanismos todavía debe definirse en el articulado y en las ponencias que se preparan para el trámite legislativo. Espinosa indicó que en el Ministerio de Hacienda existe inconformidad por la eliminación del IVA a la canasta familiar y se deberá presentar otra alternativa que permita conservar la meta de recaudo.
O compensarla mediante recortes, nuevos contribuyentes de renta y otros cambios tributarios.
El Gobierno plantea recortes por $23 billones y una reducción de ministerios
Una de las bases de la reforma sería la reducción del gasto público. La meta, según la información conocida tras la reunión entre el Gobierno y los ponentes, apunta a ahorrar $23 billones, cifra equivalente al 0,8% del producto interno bruto nacional, como parte del compromiso que asumiría el Estado en medio de la crisis fiscal del país.
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El plan contemplaría reducir a la mitad los contratos de prestación de servicios, recortar 20% de los gastos de personal -con excepción de defensa y Policía- y fusionar o eliminar entre 60 y 70 entidades. También propone pasar de 18 a 12 ministerios, en una iniciativa que ha sido rechazada por sectores opositores, en especial el Pacto Histórico.
El Ejecutivo y congresistas buscarían aprobar el primer debate de la iniciativa el 1 o 2 de diciembre. Después, la intención sería convocar sesiones extraordinarias antes de Navidad para acelerar el trámite. Así pues, la discusión está centrada en la fuente de los recursos que dejaría de aportar el IVA a la canasta familiar con lo dicho por De la Espriella.
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