Las Fuerzas Militares destruyeron tres dragas utilizadas para la extracción ilícita de minerales en el río Nechí, durante una operación conjunta en el sector de El Real, en jurisdicción de El Bagre, Antioquia. Según la Fuerza Naval del Caribe, las estructuras presuntamente pertenecían a una red de financiación de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo.
El procedimiento estuvo a cargo de tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 17, con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Las unidades localizaron dos dragas tipo dragón y una draga tipo caperuza, que fueron destruidas de manera controlada en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.
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De acuerdo con la información oficial, la maquinaria tendría un valor conjunto de más de $10.500 millones. Las autoridades señalaron que la inutilización de estos equipos afecta las operaciones de extracción ilegal que, según la inteligencia militar, servían para sostener actividades de la estructura armada en la región.
Las dragas estarían vinculadas a la subestructura Uldar Cardona Rueda
La Fuerza Naval del Caribe indicó que las unidades de producción minera estaban al servicio de la subestructura Uldar Cardona Rueda, una de las células atribuidas al grupo armado organizado Clan del Golfo. La operación buscó interrumpir una de las fuentes de ingresos ilegales de esta organización en el área de influencia del río.
La extracción ilícita de minerales constituye una actividad que requiere maquinaria especializada para remover materiales del lecho de los ríos y separar los minerales. En este caso, las dragas operaban en un tramo fluvial cercano al sector de El Real.
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Las autoridades no informaron sobre capturas durante el operativo ni precisaron cuánto tiempo llevaban activas las estructuras. Tampoco reportaron el hallazgo de sustancias químicas en el lugar. El resultado se centró en la destrucción de los equipos que permitían sostener la explotación ilegal en ese punto del río.
La Armada de Colombia afirmó que estas acciones forman parte de las operaciones contra las economías ilícitas en Antioquia, con especial atención sobre actividades que aportan recursos a los grupos armados organizados. La institución indicó que mantendrá los procedimientos conjuntos para intervenir zonas afectadas por la minería ilegal.
La minería ilegal amenaza los recursos hídricos del Bajo Cauca antioqueño
Además de su impacto económico, la operación tuvo como objetivo limitar los daños ambientales asociados a la extracción ilícita de minerales. La Fuerza Naval del Caribe advirtió que este tipo de actividad puede contaminar las fuentes hídricas, degradar los suelos y afectar los ecosistemas de la cuenca del río Nechí.
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Las comunidades ribereñas dependen de los recursos hídricos para actividades cotidianas y económicas. Por ese motivo, la presencia de maquinaria destinada a la remoción de sedimentos y a la extracción de oro puede tener consecuencias sobre la calidad del agua y el entorno natural de poblaciones ubicadas a lo largo de la cuenca.
El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares identificaron la explotación ilegal de minerales como uno de los mecanismos de financiación de organizaciones armadas en distintas regiones del país. Las operaciones contra esta actividad combinan la intervención militar con el acompañamiento de entidades judiciales y ambientales, cuando los procedimientos lo requieren.
En el caso de El Bagre, las autoridades destacaron que el operativo también busca fortalecer el control institucional sobre los corredores fluviales. El río Nechí atraviesa una zona en la que persisten disputas por el manejo de rentas ilegales relacionadas con la minería aurífera.
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En Zaragoza inutilizaron otras tres unidades mineras
La intervención en El Bagre coincidió con una acción militar paralela en la vereda Tonovan 2, en Zaragoza, Antioquia. Allí, tropas del Batallón de Selva N.° 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío localizaron e inutilizaron dos dragones brasileros y una draga tipo caperuza.
En este segundo procedimiento participaron la Décima Primera Brigada, la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.
El Ejército estimó que su destrucción podría afectar cerca de $5.000 millones mensuales en rentas criminales, una cifra asociada a la extracción aproximada de 12 kilogramos de oro. Las autoridades señalaron que las intervenciones en El Bagre y Zaragoza apuntan a reducir la capacidad operativa de las organizaciones que obtienen recursos de la minería ilegal y a prevenir nuevos vertimientos o afectaciones sobre los afluentes del Bajo Cauca antioqueño.
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