La Unión Sindical Obrera (USO) pidió al Gobierno nacional y al Congreso de la República revisar el proyecto de ley de Rescate Económico, al considerar que varias de sus disposiciones pueden trasladar el ajuste fiscal a los trabajadores y a los hogares de ingresos bajos y medios. El sindicato planteó que el debate debe incluir medidas para ampliar la producción, combatir la evasión y preservar los activos públicos.
La organización cuestionó los cambios previstos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la tributación de las personas naturales, el gravamen a las rentas laborales y los aportes a la seguridad social. Según la USO, las iniciativas deben valorarse por sus efectos sobre el ingreso disponible, el consumo y el costo de vida de las familias.
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El pronunciamiento se conoce en medio de la discusión sobre las cuentas públicas. La central sindical sostuvo que el país arrastra un desequilibrio fiscal que no se ha resuelto pese a las sucesivas reformas tributarias aprobadas durante las últimas décadas. Atribuyó parte de la presión presupuestaria al endeudamiento y el servicio de la deuda, y reclamó soluciones que trasciendan el aumento de la recaudación.
La USO reclama que el ajuste no recaiga sobre los asalariados
Para el sindicato, la política fiscal debe contemplar una estructura tributaria progresiva, con una mayor contribución de quienes tienen más capacidad económica. También propuso reforzar las acciones contra la evasión y la elusión, revisar de manera responsable el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y mantener una concertación con el sector transportador.
Conforme a su planteamiento, el recorte del gasto público debe dirigirse a las ineficiencias, los privilegios y el despilfarro, sin afectar la inversión social ni las capacidades institucionales. En definitiva, indicó el gremio, el ajuste presupuestario no debería debilitar programas productivos ni el desarrollo de las regiones.
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El pliego de peticiones incluye incentivos tributarios para nuevas inversiones en el sector minero-energético, un impulso a la producción agropecuaria y políticas que permitan su transformación industrial. El gremio sindical vinculó esas medidas con una estrategia de industrialización, creación de empleo formal y generación de ingresos permanentes para el Estado colombiano .
El sindicato se opone a una mayor venta de acciones de Ecopetrol
Uno de los puntos centrales del documento es el rechazo a una eventual profundización de la enajenación accionaria de Ecopetrol. La Ley 1118 de 2006 autorizó la venta de hasta el 20% de las acciones de la compañía, de las cuales se vendió el 11,5%, según recordó el sindicato.
La USO afirmó que la venta de patrimonio público para atender necesidades fiscales de corto plazo no reemplaza una política estable de ingresos. En ese sentido, describió a Ecopetrol como una empresa estratégica por su aporte a la seguridad energética, el empleo y las finanzas nacionales.
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Las cifras incluidas en el pronunciamiento den¡muestran que Ecopetrol aportó $286 billones a la Nación durante la última década. La organización consideró que una reactivación de la actividad petrolera y gasífera podría elevar las transferencias estatales entre USD 1.500.000.000 y USD 2.000.000.000 anuales, aunque esas estimaciones dependen de las condiciones de producción, precios e inversiones del sector.
La propuesta prioriza petróleo, gas y proyectos costa afuera
El sindicato propuso fortalecer el negocio convencional de petróleo y gas bajo el liderazgo de Ecopetrol. Entre las acciones planteadas figuran el desarrollo de proyectos costa afuera, la incorporación de reservas, el aumento de la producción, la refinación y la expansión de actividades industriales asociadas.
Además, respaldó la ejecución de pilotos de investigación en yacimientos no convencionales. La USO sostuvo que estas iniciativas pueden contribuir a reforzar las reservas y la seguridad energética del país, siempre bajo criterios de rentabilidad, sostenibilidad y responsabilidad pública.
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El llamado final de la organización está dirigido al Gobierno nacional y al Congreso, que deberán tramitar la iniciativa. La USO solicitó que el proceso incluya espacios de diálogo social y una revisión de las disposiciones que, a su juicio, puedan afectar el poder adquisitivo de trabajadores y sectores populares.
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