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Esta es la millonada que acumulaban en bienes presuntos socios del ELN: tenían hasta un centro estético en Bogotá

Tres empresarios figuran en el expediente luego de una serie de operativos simultáneos que llevaron a cabo la Fiscalía y la Policía Nacional en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Magdalena y Valle del Cauca

En total se aplicaron medidas cautelares sobre 83 bienes adquiridos presuntamente con dineros del narcotráfico, y cuyo avalúo comercial preliminar supera los $36.309 millones de pesos (Policía Nacional-Fiscalía)

Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre 83 bienes y dos sociedades, avaluados en más de $36 mil millones, que estarían relacionados con una red de narcotráfico señalada de operar en asocio con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La operación se realizó el 26 de octubre de 2026 y abarcó propiedades ubicadas en Bogotá, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Magdalena y Valle del Cauca.

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Entre los activos intervenidos figuran un hotel en Medellín, haciendas, apartamentos, vehículos y un centro de estética de la capital colombiana.

La investigación apunta a una estructura que habría ocultado recursos procedentes del narcotráfico mediante negocios y predios registrados a nombre de tres empresarios, luego de los detalles que conoció el diario El Tiempo a mediados de noviembre de 2026.

La investigación ubicó el origen de la red en Norte de Santander

El expediente relaciona la organización con la producción de cocaína en Norte de Santander, en áreas donde el ELN tiene presencia armada.

A los investigados se les atribuye la propiedad de 116 kilogramos de clorhidrato de cocaína incautados en Barrancabermeja, otros 90 kilogramos hallados en Chía y 70 kilogramos localizados en dos fincas de Teorama.

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En esos predios rurales, las autoridades encontraron tres laboratorios para el procesamiento de cocaína. La investigación sostiene que la red combinaba la producción de estupefacientes con la adquisición de bienes y la creación de sociedades comerciales para incorporar los recursos al sistema económico.

Los principales señalados son Wilson Bayardo López Algarra, Gabriel Hernando Micán León y Helber Gildardo Luna Peñaloza.

Dentro del expediente que conoció el mismo medio de comunicación, se menciona que López Algarra sería el presunto jefe de la estructura.

Un hotel en Medellín y una empresa de maquinaria quedaron bajo medidas cautelares

López Algarra aparece registrado como propietario de Cobertura en Construcciones & CIA, una compañía creada en Medellín en 2007 y dedicada al alquiler de maquinaria y vehículos pesados para obras de construcción.

La Fiscalía intervino esa sociedad y ordenó medidas de suspensión sobre el Hotel Prince Plaza, ubicado en el barrio Laureles de Medellín. El establecimiento funciona desde 2007.

El informe también relaciona a López Algarra con las fincas Paraguay, Tierra Grata y El Hato, localizadas en Boyacá, además de apartamentos en Medellín y un vehículo Toyota Corolla.

El nombre del empresario ya había aparecido en verificaciones sobre contratos de maquinaria en Arauca vinculados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), tras la publicación del diario bogotano.

Un centro de estética en Bogotá también fue intervenido por las autoridades

Las autoridades ocuparon el centro de estética Life Artist Lash and Brows, situado en el barrio Villa del Prado, al norte de Bogotá.

El negocio estaba en funcionamiento desde 2017 y registró activos por $2 millones en 2025.

Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía contra la empresa Inversiones y Representaciones Mican & CIA, registrada en Bogotá desde mayo de 2002 y representada legalmente por Micán León. La sociedad se encuentra en proceso de liquidación.

El documento firmado por un fiscal de extinción de dominio incluyó órdenes de suspensión y secuestro de los activos que, según la investigación, habrían sido adquiridos con dineros de origen ilícito.

Los investigados alcanzaron preacuerdos por narcotráfico y concierto para delinquir

El proceso judicial contra varios de los implicados se remonta a 2018. Los señalados fueron imputados por concierto para delinquir y narcotráfico, y algunos llegaron a preacuerdos con la Fiscalía.

De acuerdo con los datos conocidos por el diario bogotano, recibieron condenas de siete años de prisión.

Los bienes afectados por las medidas cautelares quedarán bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras avanzan los procesos de extinción de dominio.

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