Cristian Javier Oyola Tovar mantiene un contrato de $62,5 millones con la Unidad Nacional de Protección y habría asistido a una reunión sobre la preparación de las elecciones legislativas de 2026, mientras su hermano gemelo, Carlos Andrés Oyola Tovar, fue enviado a prisión preventiva tras ser imputado por delitos informáticos.
El vínculo de Cristian con al menos cuatro entidades estatales suma más de $400 millones en contratos, según documentos revelados en la mañana del domingo 15 de noviembre por El Colombiano.
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El registro de ingreso de Cristian Oyola a la Registraduría Nacional del Estado Civil quedó fechado el 13 de febrero de 2026, en la sede de Bogotá. La autorización llegó desde un correo del Consejo Nacional Electoral a nombre de Fabiola Márquez, entonces magistrada por el Pacto Histórico, reveló El Tiempo.
La visita ocurrió 14 días después de que la Unidad Nacional de Protección aprobara su contrato como desarrollador de inteligencia artificial. El acuerdo, vigente hasta el 31 de diciembre, estableció una remuneración mensual de $ 5,6 millones y corresponde al perfil Profesional C1, destinado a titulados con entre cero y 11 meses de experiencia.
Oyola acreditó ante la entidad su título de ingeniero de sistemas y tres meses de experiencia en la Registraduría, entre el 7 de marzo y el 30 de junio de 2023. Ese período fue la única experiencia profesional incluida en el certificado de verificación de requisitos firmado en enero de 2026.
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Contratos en Huila y la Dirección de Sustitución de Cultivos
La primera contratación pública de Oyola se registró en octubre de 2018, cuando el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva lo vinculó para entregar correspondencia. La entidad repitió esa contratación en dos oportunidades durante 2019.
En 2020 pasó a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Huila, bajo contratación directa para apoyar tareas contables. Permaneció allí hasta el 21 de octubre de 2021, durante la administración del gobernador Luis Enrique Dussán.
El contrato exigía seis semestres aprobados de Contaduría Pública y un año de experiencia relacionada. Sin embargo, los documentos consultados por El Colombiano no permiten establecer cómo acreditó esos requisitos, pues ante la UNP se presentó como ingeniero de sistemas.
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En noviembre de 2023 firmó un contrato con el Fondo Colombia en Paz para apoyar a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en sistemas de información y seguridad informática. El acuerdo, previsto por seis meses, contemplaba honorarios mensuales de $9.216.957.
Para entonces, Carlos Andrés Oyola ya llevaba diez meses vinculado a esa dependencia. Cristian solicitó terminar anticipadamente su contrato el 29 de febrero de 2024 por “motivos personales”, pero 15 días después suscribió otro acuerdo en la misma dirección.
El nuevo contrato lo ubicó como apoyo administrativo del director durante 12 meses, con pagos mensuales de $13.001.716. Su hermano, en ese momento, comenzaba a trabajar en la Dirección Nacional de Inteligencia.
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En mayo de 2024, Cristian Oyola publicó su declaración de bienes e intereses en el aplicativo de Función Pública como contratista del Ministerio de Agricultura. El registro sugería una eventual vinculación con esa cartera, aunque no hay constancia de que se hubiera concretado.
En abril de 2025 obtuvo su tercer contrato con la Dirección de Sustitución de Cultivos, esta vez para coordinar el equipo de tecnologías de la información. El vínculo se extendió por seis meses y fijó honorarios mensuales de $14.198.945.
Los contratos de 2024 y 2025 exigían especialización y, respectivamente, 12 y 28 meses de experiencia profesional relacionada. La documentación presentada ante la UNP solo consignó su título profesional y los tres meses de trabajo en la Registraduría.
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La hoja de vida, las certificaciones laborales y los soportes de formación académica debían adjuntarse a los contratos del Fondo Colombia en Paz. Esos documentos no figuran entre los archivos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, a los que accedió El Colombiano.
A nombre de Cristian Oyola aparece también un proceso judicial reservado en un juzgado de Neiva, cuya fecha y objeto no son públicos. El medio intentó contactarlo mediante el número incluido en sus contratos y por redes sociales, sin recibir respuesta.
La investigación contra Carlos Andrés Oyola
La Fiscalía acusa a Carlos Andrés Oyola de manipular los registros académicos de 19 estudiantes que no cumplían los requisitos para graduarse en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Su propio historial académico habría sido alterado 46 veces, lo que le permitió obtener los títulos de ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública para aspirar a cargos estatales.
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También habría intentado graduarse de una maestría con información irregular, pero la universidad detectó las inconsistencias. La Fiscalía le imputó concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático agravado, daño informático, obtención de documento público falso y fraude procesal.
Carlos Oyola no aceptó los cargos y permanecerá en prisión mientras avanza el juicio. La investigación lo señala por presuntamente coordinar ataques contra la Registraduría mientras trabajaba en la Dirección Nacional de Inteligencia durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La contratación de Cristian en Huila coincidió con el período de Dussán en la Gobernación, dirigente del grupo político del actual gobernador Rodrigo Villalba Mosquera. En 2019, Dussán se inscribió por firmas, aunque desarrolló su campaña sobre la estructura liberal construida con Villalba, según reportó La Silla Vacía.
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Villalba sucedió a Dussán en enero de 2024 y reconoció su gestión durante la posesión, de acuerdo con medios locales. Dussán y Villalba no respondieron las consultas sobre cómo conocían a los hermanos Oyola Tovar.
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