La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) afirmó que los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella plantean cinco alertas para el ejercicio periodístico en Colombia.
La organización citó denuncias sobre procesos judiciales contra comunicadores, restricciones de acceso a fuentes oficiales, cambios en medios públicos, posibles presiones sobre líneas editoriales y falta de respuestas ante agresiones contra la prensa.
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El pronunciamiento se divulgó después de que el presidente afirmara, el 15 de octubre de 2026, que su administración “es y seguirá siendo siempre un garante” de la libertad de prensa. Para la Flip, los hechos y denuncias que ha recibido desde la posesión, el 7 de agosto de 2026, entran en contradicción con esa declaración.
La entidad aclaró que su informe reúne situaciones que ha documentado y reportes recibidos. También planteó exigencias al Ejecutivo y reiteró una invitación enviada el 9 de septiembre de 2026 al mandatario para sostener una reunión sobre las garantías para el periodismo.
La Flip registró cinco procesos contra periodistas desde el inicio de la campaña
Uno de los puntos expuestos por la Flip se refiere al uso de mecanismos judiciales. Según la organización, existen antecedentes de intentos de censura a través de procesos promovidos por De la Espriella desde 2018, cuando aún no ejercía un cargo público.
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El documento señala que hubo tres casos de presunto acoso judicial entre el 31 de enero, fecha de inicio de la campaña presidencial, y el 7 de agosto. Desde el comienzo de su mandato, la Flip identificó otros dos procesos.
La entidad cuestionó que esas acciones se mantengan contra periodistas, tanto a título personal como por medio de De la Espriella Lawyers. Por esa razón, pidió al presidente desistir de los litigios que ya estaban en curso y evitar que las solicitudes de rectificación se utilicen para presionar a medios o comunicadores.
“Su posición no le da licencia para intimidar a quienes investigan su trayectoria o cuestionan su gestión”, sostuvo la entidad en el informe.
Las denuncias incluyen formularios y límites para hablar con funcionarios
La segunda preocupación se concentra en el acceso a la información oficial. La Flip señaló que, casi un mes después de la posesión, el Gobierno expidió la Directiva Presidencial 01, que estableció una coordinación previa para que los funcionarios concedieran entrevistas o entregaran declaraciones.
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Para la organización, esa disposición puede limitar el contacto directo entre periodistas y fuentes estatales. Las denuncias recibidas incluyen formularios de inscripción que no aseguran el ingreso a eventos o entrevistas, restricciones en grupos institucionales de WhatsApp y diferencias en el acceso a voceros.
Quienes presentaron esos reportes atribuyeron parte de las dificultades a criterios de afinidad y a una eventual clasificación entre medios cercanos y medios adversarios, según la Flip. La entidad advirtió que estas prácticas afectarían de forma particular al periodismo regional y a medios internacionales interesados en cubrir asuntos de conflicto y orden público.
“Una declaración o un video publicado no reemplaza una rueda de prensa”, indicó la entidad, que pidió revisar la directiva y asegurar un acceso no discriminatorio a las fuentes oficiales.
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El informe cuestionó cambios en las emisoras públicas y en Rtvc
La Flip también expresó preocupación por medidas relacionadas con los medios públicos. El 18 de agosto se suspendió la programación de las 20 emisoras de paz y de las emisoras descentralizadas de Radio Nacional, que pasaron a emitir contenidos musicales desde Bogotá.
Aunque las frecuencias volvieron al aire, la organización sostuvo que no se han recuperado los espacios de información periodística local. De acuerdo con el informe, asuntos vinculados con el Acuerdo de Paz, proyectos comunitarios e iniciativas culturales salieron de la programación, pese a que eran propuestos y producidos por periodistas.
La Flip pidió a Rtvc informar cuáles serán las medidas para restablecer y garantizar contenidos periodísticos locales. También citó un análisis de 830 horas de transmisión y de la página web de la entidad desde el 7 de agosto, en el que no se identificaron notas que cuestionaran la gestión presidencial.
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La organización pidió aclarar los señalamientos sobre la pauta oficial
El reporte incluyó las salidas del aire de Mañanas Blu, de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo, y la terminación del contrato del caricaturista Vladdo con Noticias RCN. La Flip precisó que no cuenta con elementos suficientes para atribuir esas decisiones al Gobierno.
No obstante, ubicó esos episodios en un contexto de críticas públicas contra medios y periodistas. La alerta aumentó, según el informe, tras una publicación del 12 de noviembre de Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña presidencial.
Suárez escribió que las encuestas difundidas por medios eran falsas y se refirió a aquellos “a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta”. La Flip consideró que la frase amerita explicaciones porque la publicidad estatal se financia con recursos públicos y no debería depender del enfoque editorial de los medios.
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La Flip documentó 95 agresiones contra la prensa
Entre el 7 de agosto y el 12 de noviembre de 2026, la Flip registró 95 agresiones contra periodistas y medios, entre ellas 35 amenazas y el asesinato del comunicador Julián Hincapié en Anorí, Antioquia.
El informe también menciona amenazas y ataques contra instalaciones de Caracol TV, Caracol Radio y RCN Radio en Cali. La entidad cuestionó que De la Espriella haya advertido el 15 de octubre sobre la posibilidad de que los medios se conviertan en plataformas de propaganda de grupos armados.
“La obligación [del Estado] es protegerlos, no poner bajo sospecha su trabajo”, afirmó la Flip. La organización pidió medidas verificables para facilitar el acceso a información, proteger a periodistas en riesgo, respetar la autonomía editorial y preservar el pluralismo en los medios públicos.
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