DNI pagó más de $600 millones en arriendos durante 2025, pese a que redujo a la mitad el uso de inmuebles

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) destinó $649.000.000 más al arriendo de dos inmuebles en 2025 que a cuatro sedes en 2024. La diferencia equivale a un alza del 44% en un año.

En respuesta a un derecho de petición interpuesto por Caracol Radio, la DNI informó pagos por $8.361.000.000 en arriendos en Bogotá entre 2022 y 2026, de acuerdo con los cálculos realizados por la cadena radial. La respuesta institucional no precisa qué explica el aumento registrado en 2025, pese a que el número de inmuebles arrendados se redujo a la mitad.

Uno de los inmuebles corresponde a una sede en la localidad de Teusaquillo, arrendada desde el 16 de noviembre de 2024 bajo la modalidad de contratación directa reservada. Los contratos vigentes durante 2024 y 2025 para ese predio sumaron $ 403,1 millones.

La entidad registró un tercer contrato para el mismo inmueble, con ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, en su respuesta no indicó el valor de ese acuerdo.

La DNI dice que no conoce usos ajenos a sus funciones

La Dirección Nacional de Inteligencia señaló que, tras el cambio de gobierno, la administración revisó los asuntos contractuales. Añadió que no cuenta con documentos oficiales ni conocimiento de que los inmuebles hayan sido empleados para actividades diferentes de las labores de inteligencia y contrainteligencia.

Sobre el proceso de empalme, sostuvo que no se realizó una entrega técnica. Afirmó, además, que el informe del entonces director encargado mencionaba dos sedes operativas arrendadas, sin incluir hallazgos o alertas.

Los datos conocidos por el medio radial dejan sin explicación por qué la DNI tuvo un mayor gasto en 2025 con dos inmuebles frente a los cuatro que arrendó en 2024. También persiste la falta de precisión sobre el reporte de $1.115.900.000 para un solo inmueble en 2026, mientras el informe de empalme refiere dos sedes.

La influencia del DNI en las campañas presidenciales

La DNI, bajo el gobierno de Gustavo Petro, habría infiltrado campañas presidenciales de 2026 para posicionar el proyecto político de la izquierda, según un informe reservado que analizan las autoridades. El documento describe una operación denominada Grecia, informó Semana.

La única campaña a la que no habrían podido acceder fue la de Abelardo de la Espriella, porque sus filtros de control funcionaron. Para intentar superarlos, los responsables habrían usado información sobre posibles riesgos contra la vida y la integridad del candidato con el fin de acercarse a su equipo.

El informe señala que el plan consistía en ubicar personas de la DNI dentro de cada campaña para reportar información sobre sus actividades, reuniones, agendas, invitados, estrategias políticas y apoyos. También buscaba establecer contacto con personas clave y conocer la propaganda y la focalización de los respaldos.

La campaña de Paloma Valencia habría sido la más fácil de penetrar. El documento sostiene que la apertura de su proyecto a numerosas personas permitió el acceso a prácticamente toda su estrategia política.

En la operación habrían participado Gustavo Lozano y Ricardo Rosanía, de la DNI, junto con los españoles Manuel Grau, Xavier Vendrell y Ramón Devesa González. Grau es descrito como empresario catalán y amigo personal de Petro; Vendrell, como un expolítico independentista catalán que asesoró la campaña presidencial, y Devesa González, como un especialista en ciberseguridad que trabajó en ella.

Tras la denuncia, el general retirado Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas actividades de perfilamiento y obtención irregular de información que, según su escrito, habrían involucrado a organismos de inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro.

El documento, al que accedió la revista, señala como materia de investigación la eventual utilización de capacidades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). De acuerdo con la denuncia, recursos destinados a inteligencia financiera pudieron emplearse para consultar información personal, patrimonial, migratoria, notarial, telefónica y financiera de personas que habrían sido consideradas críticas o incómodas para el Gobierno.

“Gravedad reviste la presunta utilización de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuyos recursos y capacidades de inteligencia financiera habrían sido desviados de sus finalidades legales para obtener información personal, financiera, telefónica, notarial, migratoria y patrimonial de personas consideradas incómodas para el Gobierno de Gustavo Petro”, plantea el escrito radicado ante la Fiscalía.

Zapateiro sostuvo al medio citado que su nombre aparece entre las personas que habrían sido objeto de esas actividades, junto con otros oficiales retirados, políticos, periodistas y funcionarios públicos. Esa mención, sin embargo, deberá ser contrastada por el ente acusador con los registros, órdenes y documentos que integren la indagación.

“Dentro de las personas presuntamente objeto de estas actividades aparece expresamente mi nombre, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, junto con otros generales retirados, dirigentes políticos, periodistas y funcionarios públicos”, indicó el excomandante en la denuncia.