Abogado cuestiona versiones sobre una presunta alianza entre el grupo ilegal CCA con Los Chatas y el frente 36 de las disidencias: “Cimientos falsos”

El abogado antioqueño Juan José Roldán Álvarez, quien actúa como defensor de confianza de una de las partes mencionadas en informes periodísticos sobre seguridad en el norte de Antioquia, desmintió de manera categórica que sus representados integren una alianza criminal denominada Comando Conjunto de Antioquia (CCA) para disputar rentas ilegales en esa subregión del departamento.

El pronunciamiento del jurista se produjo mediante un comunicado oficial y en una conversación concedida a Infobae Colombia, luego de que versiones difundidas en medios de comunicación vincularan a Los Chatas y al frente 36 de las disidencias de las Farc con la aparición de grafitis y panfletos en corredores viales de municipios como Angostura, Yarumal y Campamento.

En el documento emitido a la opinión pública, la defensa dejó constancia de que sus apoderados rechazan cualquier relación con los mensajes pintados en fachadas de viviendas, paredes y señales de tránsito, así como con la supuesta coordinación delictiva descrita en dichos reportes de prensa.

Grafitis, panfletos y fuentes anónimas: las dudas de la defensa sobre el origen de las versiones

El abogado sostuvo en su declaración escrita: “Mis representados rechazan de manera categórica la existencia de la supuesta alianza denominada Comando Conjunto de Antioquia (CCA), divulgada por algunos medios con base en fuentes anónimas, grafitis y panfletos de origen no verificado”.

Asimismo, el jurista advirtió sobre el impacto que genera en las comunidades dar por ciertos estos señalamientos sin sustento probatorio, manifestando que “presentar como hecho cierto una alianza que nadie ha verificado genera temor injustificado en la población, desvía la labor de las autoridades y alimenta procesos penales construidos sobre cimientos falsos, cuyo único resultado son personas privadas de la libertad por hechos inexistentes”.

Durante el diálogo con Infobae Colombia, el abogado antioqueño profundizó en los alcances constitucionales del derecho a la información y en los riesgos jurídicos derivados de publicar nombres propios y alias a partir de fuentes cuya identidad o veracidad no ha sido comprobada.

Al explicar su postura frente al ejercicio periodístico, Roldán afirmó: “Yo no estoy pidiendo menos prensa, no quiero que entiendan eso. Es un derecho constitucional y, como guardián de la Constitución, obviamente la hago valer. Lo que pido es mejor prensa. Una noticia sin corroborar no informa, asusta, señala y muchas veces lo que hace es que termina en un expediente penal contra personas que nunca nadie ha vencido en un juicio”.

El defensor de una de las partes recordó que el artículo 20 de la Constitución Política protege la difusión de información veraz e imparcial, bajo el argumento de que reproducir versiones basadas únicamente en mensajes anónimos constituye una vulneración directa a la presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 de la carta política y en tratados internacionales.

En ese sentido, el jurista expresó a Infobae Colombia que “mira que lo que dice la misma noticia es que la única base fueron fuentes que nadie conoce, unos grafitis, un panfleto que nadie ha verificado. Y entonces ahí te digo, venga, ahí no estamos ante un periodismo de investigación, sino en una amplificación de un chisme”.

Roldán Álvarez advirtió que este tipo de publicaciones anticipan sanciones sociales antes de que exista una decisión judicial en firme, fenómeno que la doctrina jurídica denomina como un juicio paralelo contra las personas mencionadas en los reportes informativos.

Presunción de inocencia frente a condenas mediáticas: el reclamo del abogado

Sobre las consecuencias procesales de estas divulgaciones, el abogado indicó: “Nadie es condenado sin prueba más allá de duda razonable y nadie puede ser tratado como culpable antes de esa condena, tampoco por la sociedad ni por los medios. Entonces, cuando un medio está dando por cierta una alianza criminal sin elementos, sin corroboración, sin investigación seria, está dictando una condena social antes que cualquier juez”.

El abogado antioqueño citó además criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre la doble dimensión de la libertad de expresión, al enfatizar que la sociedad tiene derecho a recibir datos contrastados y no mensajes que provoquen alarma colectiva.

“La comunidad merece o tiene el derecho a ser informada, no a ser asustada. Cuando la información no es verificada, se vulnera precisamente la dimensión social de la libertad de expresión. La gente recibe miedo en lugar de verdad”, dijo a Infobae Colombia.

El jurista cuestionó también la metodología empleada por algunos organismos de investigación judicial al incorporar notas de prensa dentro de los expedientes penales sin realizar labores previas de verificación técnica en el terreno.

En esa línea crítica, señaló durante la conversación: “Porque es que ahorita la policía judicial está tomando estas noticias equiparables a lo que ellos deberían hacer, y es investigar. Ya la investigación es colocar en Google a ver qué sale. Sale una noticia de estas, inmediatamente un juez llega y se deja asustar y ordena capturas masivas”.

“El periodista y el abogado compartimos algo. Los dos trabajamos con la verdad y los dos podemos destruir vidas si la manejamos sin rigor. Por eso a los dos nos debe obligar la misma regla. Primero se corrobora y después se afirma”, dijo Juan José Roldán.