Unas amenazas contra medios de comunicación en Colombia encendieron las alarmas de organizaciones internacionales que advierten sobre los riesgos para el ejercicio del periodismo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Estado adoptar medidas para proteger a periodistas, trabajadores e instalaciones, luego de que Caracol, Caracol Radio y RCN fueran señalados como posibles objetivos de un atentado.
El pronunciamiento se conoció el lunes 9 de noviembre, dos días después de que las sedes de Caracol y Caracol Radio fueran evacuadas de manera preventiva. La decisión se tomó tras recibir una alerta sobre la presunta intención de grupos armados de cometer un ataque. Las autoridades informaron que la advertencia también involucraba al Canal RCN y ordenaron reforzar la seguridad en los medios mencionados.
PUBLICIDAD
Para la SIP, el episodio no puede tratarse como una amenaza aislada. El organismo considera que este tipo de intimidaciones afecta las condiciones en las que se produce y circula la información, además de poner en riesgo a quienes trabajan en las empresas periodísticas.
La SIP pidió investigaciones y garantías para los medios
Desde su sede en Miami, Estados Unidos, la organización expresó su rechazo a las advertencias y reclamó una respuesta de las autoridades colombianas.
“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su más enérgica condena ante las amenazas de atentados contra medios de comunicación en Colombia y reclama a las autoridades una respuesta inmediata, eficaz y sostenida para garantizar la seguridad de periodistas, trabajadores e instalaciones de las empresas periodísticas”, señaló en su comunicado.
PUBLICIDAD
El organismo calificó la situación como una “grave señal” sobre los peligros que enfrentan los periodistas en el país. Su presidente, Carlos Jornet, también cuestionó que un grupo armado considere posible atacar a compañías dedicadas a informar. “Las amenazas contra los medios de comunicación no son solamente un ataque contra periodistas y empresas periodísticas. Son una agresión directa contra la democracia y contra el derecho de millones de ciudadanos a recibir información libre e independiente”, declaró.
Jornet insistió en que ninguna organización violenta puede determinar los contenidos que se publican, las investigaciones que se adelantan o las personas que tienen derecho a expresarse. Además, recordó la responsabilidad de las instituciones estatales frente a este tipo de hechos. “El Estado colombiano tiene la obligación indelegable de impedir que el miedo se convierta en una forma de censura”, concluyó.
Aunque la SIP reconoció las expresiones de rechazo y las acciones preventivas adoptadas por las autoridades, pidió que las investigaciones sean “más exhaustivas”. También solicitó mantener los esquemas de protección hasta que se descarte la existencia de un peligro para los medios involucrados.
PUBLICIDAD
La preocupación por las condiciones para ejercer el periodismo
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que las intimidaciones tienen consecuencias sobre el trabajo de los comunicadores, incluso antes de que se concrete una agresión. “Cuando un periodista debe preguntarse si informar pondrá en peligro su vida o la de sus colegas, la libertad de prensa ya está siendo vulnerada”, afirmó.
La representante señaló que la violencia busca silenciar a los medios y limitar el acceso de la ciudadanía a “información esencial”, además de reducir los espacios disponibles para el debate público. Por eso, pidió evitar que las amenazas se conviertan en hechos habituales o condicionen las decisiones de los periodistas al momento de informar.
Ramos también respaldó el pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), que alertó sobre el deterioro de las garantías para ejercer el periodismo en Colombia.
PUBLICIDAD
Las cifras expuestas por esa organización dan cuenta de la dimensión del problema. Según la AMI: “Entre agosto de 2022 y julio de 2026, se registraron más de 2.000 ataques contra periodistas en Colombia, incluidos diez asesinatos, cuatro de ellos durante 2026”.
La SIP advirtió que la protección de la prensa no puede activarse únicamente cuando aparece una amenaza concreta. A su juicio, la repetición de intimidaciones puede alimentar un “clima de hostilidad” que termine favoreciendo la censura y la autocensura.
El organismo insistió en que las garantías deben mantenerse más allá de las medidas adoptadas durante una emergencia. La seguridad de los equipos periodísticos y la posibilidad de informar sin presiones, señaló, son condiciones necesarias para preservar el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD