El Gobierno nacional presentó la Ley de Rescate Económico para enfrentar un deterioro de las finanzas públicas que, sin nuevas decisiones, podría volver impagable la deuda del Gobierno central en el corto plazo y derivar en efectos sociales y económicos para la población.
El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, sostuvo que la iniciativa busca evitar la quiebra del país, la pérdida de 360.000 empleos y una recesión. “Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo, y por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión”, sostuvo en rueda de prensa.
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Cerca del 70% del ajuste fiscal previsto recaería sobre el Estado colombiano. El proyecto plantea reducir 50% el gasto en contratos de prestación de servicios y recortar 20% los gastos de funcionamiento.
Además, prevé racionalizar las compras públicas y revisar más de 250 transferencias y 50 fondos públicos. El Gobierno considera que estos mecanismos fragmentan el gasto operativo, reducen su eficiencia y abren posibilidades de corrupción y derroche.
Tras varios días de expectativa sobre los ponentes de la ley desde el Congreso de la República fueron designados David Barguil, senador conservador, en la Comisión Tercera, y en la Cuarta Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical. Hacen falta los ponentes en la Cámara de Representantes.
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IVA a los alimentos de la canasta familiar no pasaría en el Congreso
Previo a la designación de ponentes, se conoció que el Congreso de Colombia podría no aprobar el artículo relacionado con un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los alimentos de la canasta familiar dentro de la Ley de Rescate Económico, debido a la resistencia de las bancadas frente a medidas que eleven el costo de vida. La objeción quedó expuesta durante una reunión entre el Gobierno nacional y las comisiones económicas en Barranquilla, Atlántico.
La negociación también abarca posibles gravámenes sobre internet para los estratos 1, 2 y 3, medicina prepagada, vehículos híbridos, dispositivos electrónicos, bienes turísticos y energías renovables. El proyecto oficial busca elevar el recaudo mediante cambios al impuesto de renta y nuevas cargas para distintos sectores, pero requiere aprobación legislativa.
Los integrantes de las comisiones económicas plantearon que los productos de consumo cotidiano y los insumos agropecuarios deben quedar excluidos de cualquier ampliación del IVA. También objetaron el mecanismo propuesto para devolver ese tributo a hogares vulnerables, al considerar compleja su aplicación.
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El senador de Alianza Verde Eduardo Enríquez sostuvo que su partido cuestiona tanto el aumento de los aportes parafiscales como los cambios relacionados con el IVA. A su juicio, la devolución del impuesto enfrenta obstáculos operativos y el nivel de recaudo buscado exigiría medidas de gran alcance.
La resistencia fue compartida por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien identificó reparos frente a impuestos sobre productos de la canasta familiar, internet para los hogares de menores ingresos, servicios turísticos y energías renovables.
La propuesta de aumentar los aportes al sistema de salud y aplicar un gravamen a la medicina prepagada también generó oposición. Varios legisladores advirtieron que estas medidas trasladarían nuevos costos a los usuarios y restringirían el acceso a esos servicios.
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La representante a la Cámara por Centro Democrático, Hilda Gutiérrez, afirmó que su bancada acompaña una reducción del gasto estatal, pero rechaza que el ajuste recaiga sobre los hogares. “Sí a reducir el gasto público, no a gravar con IVA productos esenciales de la canasta familiar”, declaró.
El Partido Liberal propuso conservar el régimen vigente para los alimentos básicos y los insumos del sector agropecuario, reconsiderar los gravámenes sobre bebidas y revisar los beneficios fiscales previstos para las empresas. “La colectividad propone preservar el tratamiento tributario de los alimentos básicos y los insumos agropecuarios, revisar los impuestos a las bebidas y evaluar las reducciones tributarias empresariales previstas en el proyecto del Gobierno Nacional”.
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