Iris Marín cuestionó las sanciones de la JEP y pidió controles a los comparecientes: “Lo mínimo es que usen brazalete”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó que las sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pierdan su carácter restrictivo y pidió que existan controles verificables sobre los comparecientes. A su juicio, estas medidas deben traducirse en limitaciones concretas de derechos y condiciones que permitan vigilar su cumplimiento.

“Lo mínimo es que usen brazalete, lo mínimo es que tengan unos horarios, lo mínimo es que no puedan salir del país”, afirmó en entrevista con Blu Radio. Para la funcionaria, la supervisión de las sanciones es determinante para que la justicia transicional responda a las expectativas de las víctimas del conflicto armado.

Marín también se refirió a las obligaciones de quienes integraron la antigua guerrilla de las Farc. Reconoció que la mayoría del antiguo secretariado dejó las armas y compareció ante la JEP, pero advirtió que ese paso no cierra las responsabilidades pendientes con las personas afectadas por la violencia.

“Ellos tienen que mostrarse más respetuosos de las víctimas, del dolor de las víctimas y de la justicia”, manifestó. La defensora insistió en que los antiguos comandantes deben demostrar consideración por quienes sufrieron el conflicto y acatar las decisiones judiciales.

La deuda con los territorios afectados por la guerra

Más allá de las obligaciones individuales ante la justicia, Marín identificó una deuda estructural del Estado con las comunidades que vivieron durante años bajo la violencia: el desarrollo territorial integral. Al evaluar la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado con las antiguas Farc, señaló que existen avances, pero consideró que las acciones institucionales no han sido suficientes para transformar las condiciones de las zonas más golpeadas por el conflicto.

Explicó que uno de los compromisos centrales del pacto era reducir las brechas entre las ciudades y las áreas rurales. Esa tarea quedó recogida en el primer punto del Acuerdo, que creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), una estrategia dirigida a 16 regiones que reúnen 170 municipios priorizados por sus índices de pobreza, violencia y presencia de cultivos de uso ilícito.

La defensora destacó que en esos territorios se ha registrado una disminución de la pobreza multidimensional y que también existen avances en el Catastro Multipropósito. Sin embargo, advirtió que los resultados todavía no corresponden a la transformación que requieren las comunidades y que persisten retrasos en los compromisos.

“Para mí, igualdad territorial es superar esa brecha entre ciudad y ruralidad”, sostuvo. Desde su perspectiva, el cumplimiento del Acuerdo debe reflejarse en mejores condiciones de vida y en oportunidades para las poblaciones rurales, no únicamente en programas o acciones institucionales.

La falta de Estado y el regreso de la violencia

La presencia incompleta de las instituciones en las regiones también fue señalada por Marín como un factor que ha permitido la continuidad de los enfrentamientos y la entrada de nuevas organizaciones armadas. La funcionaria consideró que, sin una intervención integral, las comunidades permanecen expuestas a dinámicas de violencia que el Acuerdo buscaba contribuir a superar.

Como ejemplo mencionó el Cauca, departamento que visitó recientemente. Allí recordó que entre 2017 y 2019 hubo años de relativa paz. A partir de esa experiencia, aclaró que la situación actual no puede atribuirse directamente al Acuerdo de Paz. No obstante, relacionó los incumplimientos de los compromisos territoriales con factores que han contribuido al deterioro de las condiciones de seguridad.

Marín reconoció avances, pero advirtió que la implementación sigue lejos de resolver las necesidades de las víctimas. Para ella, el respeto por la justicia transicional, las sanciones y el desarrollo territorial están conectados. La respuesta estatal debe ofrecer garantías concretas a quienes padecieron la guerra y permitir que las regiones priorizadas superen las condiciones que las hicieron vulnerables al conflicto.