La Gobernación de Antioquia negó el cupo solicitado para Miguel Andrés Quintero Calle en la Cárcel Departamental Yarumito, tras concluir que su caso no cumple las condiciones previstas por el reglamento interno del establecimiento.
La decisión figura en una comunicación de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz fechada el 6 de noviembre de 2026. El documento fue suscrito por el brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, titular de esa dependencia.
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La administración departamental rechazó la petición presentada por el abogado defensor Felipe Alzate Gómez, quien buscaba que Quintero Calle fuera recibido en la Cárcel Departamental Yarumito de Varones y Anexo de Mujeres E.R.E.
La respuesta oficial determinó que el investigado no acreditó la condición de servidor público requerida para acceder a un cupo bajo las reglas aplicables en ese centro de reclusión. También descartó que su vínculo familiar con Daniel Quintero pueda reemplazar ese requisito.
La condición de servidor público fue el principal requisito que no se acreditó
La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz revisó la actuación penal identificada con el radicado 05001600024820242355900. Allí se atribuyen a Quintero Calle los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
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Ambas conductas aparecen incluidas en el artículo 14 del reglamento de régimen interno de Yarumito. Esa norma fue adoptada mediante la Resolución 2023060052408 del 27 de abril de 2023.
La dependencia aclaró que la naturaleza de los delitos investigados no basta para demostrar que una persona hubiera ejercido funciones estatales. Para acceder al establecimiento, la condición debe estar acreditada de manera individual.
“El señor Miguel Andrés Quintero Calle no ostentaba dicha condición ni habría actuado en ejercicio de funciones públicas al momento de los hechos investigados”, indicó la Secretaría en la comunicación firmada por Martínez Guzmán.
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La defensa había planteado que los cargos relacionados con la administración pública justificaban la solicitud. La Gobernación sostuvo que esa conexión no equivale a tener la calidad funcional exigida por el reglamento.
La decisión estableció que el análisis no se limitó a la denominación jurídica de los delitos. La entidad revisó si el investigado era servidor público cuando habrían ocurrido los hechos objeto de la actuación penal.
Según esa valoración, la documentación examinada no permitió establecer que Quintero Calle cumpliera ese criterio. Por esa razón, la administración emitió un concepto desfavorable frente a la asignación del cupo.
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El parentesco con Daniel Quintero no permite extender un requisito personal
La solicitud de la defensa también mencionó el parentesco de Quintero Calle con Daniel Quintero, exmandatario de Medellín. La Secretaría concluyó que ese vínculo no habilita el ingreso a Yarumito.
La Gobernación señaló que la calidad de servidor público es personal. Por ello, no puede trasladarse a familiares por razones de consanguinidad.
El argumento familiar tampoco demostró que el investigado reuniera las condiciones funcionales previstas para los internos que pueden ser ubicados allí. La entidad descartó que esa relación pudiera sustituir los requisitos del reglamento.
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La administración departamental examinó además las advertencias de la defensa sobre posibles riesgos para la seguridad del procesado. El abogado había aludido a circunstancias familiares y a la exposición pública del caso.
La Secretaría reconoció que esos elementos pueden ser considerados al definir las medidas de protección de una persona privada de la libertad. Aun así, precisó que no generan por sí mismos el derecho a ocupar una plaza en una cárcel determinada.
Yarumito fue considerado incompatible con el perfil de seguridad planteado por la defensa
La respuesta indicó que la Cárcel Departamental Yarumito está clasificada como un establecimiento de seguridad mínima. Sus recursos de custodia y vigilancia deben ajustarse a las condiciones de las personas que recibe.
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La entidad concluyó que los riesgos expuestos por el abogado no se ajustaban a la capacidad operativa del penal. El argumento de seguridad, entonces, tampoco respaldó la asignación solicitada.
“Las condiciones de seguridad expuestas no resultan compatibles con la capacidad operativa del establecimiento”, señaló la Secretaría en la respuesta dirigida al defensor.
El análisis de la Gobernación separó dos asuntos: la necesidad de evaluar medidas de protección y la viabilidad de recluir a una persona en Yarumito. La primera posibilidad no obliga a aceptar la segunda.
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La decisión fue revisada por el teniente en retiro Manuel Alberto Flórez Silva, director de la cárcel. Con ese concepto, quedó cerrada la posibilidad de que Miguel Andrés Quintero Calle ingresara al establecimiento departamental.
La negativa se apoyó en la ausencia de la condición funcional exigida, en la improcedencia del argumento de parentesco y en la incompatibilidad entre los riesgos alegados y el nivel de seguridad de Yarumito.
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