La Ley de Rescate Económico, propuesta por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, continúa generando reacciones en los diferentes sectores políticos de Colombia.
El Centro Democrático expresó reparos frente a la iniciativa que avanza en el Congreso y presentó un proyecto alternativo que, entre otras medidas, contempla la venta de una parte de la participación estatal en Ecopetrol, así como en ISA y otras compañías vinculadas a la petrolera.
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Aunque no precisó el porcentaje de acciones, la propuesta expuesta en la página web del expresidente Álvaro Uribe Vélez sostiene que la operación priorice al sector solidario y a inversionistas institucionales, junto con un modelo de administración técnica independiente de los cambios de gobierno.
“Debe considerarse la venta de otro porcentaje del Estado en Ecopetrol. Es necesario preferir al sector solidario y a los inversionistas institucionales”, se lee en el borrador del texto alternativo.
Sin embargo, esta propuesta también ha desatado varias reacciones en el país. Una de ellas fue de la Unión Sindical Obrera (USO) que rechazó la propuesta y sostuvo que desprenderse de la petrolera para atender el déficit fiscal comprometería un activo estratégico del país.
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El sindicato advirtió que las disputas internacionales por el control de reservas de petróleo y gas, las cadenas de abastecimiento y los mercados de energía muestran la relevancia de preservar la empresa bajo control estatal.
“Rechazamos las voces que proponen al país, la venta de Ecopetrol para solucionar la crisis fiscal y evitar la implementación de mas reformas tributarias; hacerlo es desconocer la realidad geopolítica mundial, cuyas mayores tensiones y conflictos bélicos son derivados precisamente por el voraz apetito de controlar las reservas de petróleo y gas en el mundo, las cadenas de abastecimiento y en mayor medida los mercados de distribución de la energía fósil que hoy abarca mas del 80% de la canasta energética global”, expresó el sindicato en un comunicado.
En la misiva, fechada el 9 de noviembre de 2026, la organización señaló que Ecopetrol aportó más de $180 billones en impuestos, dividendos y regalías durante los últimos cuatro años. También afirmó que la compañía “realiza inversiones sociales en las regiones donde opera” y sostiene “encadenamientos productivos en exploración, producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos”.
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La USO atribuyó la actual situación energética a la reducción de inversiones en petróleo y gas, a los resultados de la exploración, al uso limitado de tecnologías para elevar el recobro en campos maduros y a demoras en proyectos como el gas costa afuera y los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio. “A esos factores sumó la posible incidencia del fenómeno de El Niño”, añadieron.
Según las cifras divulgadas por el sindicato, el país importa para su consumo el 41% del gas natural, el 43% de las gasolinas, el 20% del diésel y el 12% del crudo liviano utilizado como carga de la refinería de Barrancabermeja. La organización sostuvo que esos volúmenes se registran pese a que las dos refinerías operan al límite de su capacidad de carga.
El gremio afirmó que la venta de la empresa no resolvería el déficit fiscal y alertó sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría una transferencia de acciones a capitales privados.
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“Ecopetrol se debe fortalecer en su negocio original para revertir la tendencia creciente de importaciones y así recuperar la seguridad en el suministro y garantizar la Soberanía energética del pueblo Colombiano; lo que jamás sería posible en manos de los capitales privados. El déficit fiscal del país no se soluciona feriando su patrimonio más estratégico y rentable; por el contrario, las consecuencias de ese grave error se reflejarían en el corto plazo para todos los Colombianos; No es posible tomar leche y comer carne de la misma vaca”, indicó.
Por último, el sindicato recordó que los trabajadores y comunidades impulsaron la creación de Ecopetrol tras una huelga de 1948 que evitó la extensión del contrato de la Tropical Oil Company. También evocó la protesta que realizó en 2004, durante el primer gobierno de Uribe, frente a lo que calificó como un intento de privatización, y anunció que convocará a trabajadores, territorios petroleros y otros sectores para oponerse a la nueva propuesta.
“La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y su patrimonio público más importante para impedir esta traición a la patria”, puntualizaron.
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Uribe plantea vender una parte de Ecopetrol y blindar su administración
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del partido Centro Democrático, defendió la venta parcial de Ecopetrol como una alternativa ante el endeudamiento del país. Argumentó que la estructura actual expone a la compañía a decisiones de gobiernos que podrían deteriorar su desempeño y recordó que durante su administración se vendió una parte de la empresa y se hizo una capitalización.
“En el gobierno que presidí se vendió parte y se capitalizó. Ante esta situación de endeudamiento de Colombia, nosotros creemos que se debe vender parte y tener un acuerdo de gobernabilidad que la proteja, que garantice buena administración”, remarcó el exmandatario.
Del mismo modo, Uribe propuso que la eventual venta esté acompañada por un acuerdo de gobernabilidad y una norma que limite la influencia directa del presidente de la República en la designación de la gerencia. “A mí me parece, con lo que ha habido en el país, muy riesgoso, porque uno no sabe qué gobiernos van a llegar, que sea el presidente de la República el que siga diciendo quién es el gerente de Ecopetrol, que ahora la manejen bien, ¿y quién garantiza el futuro? (...) ¿Para qué tener la propiedad de una empresa manejada con desgreño?”, afirmó el exmandatario al explicar que, según su posición, la caída en la producción de Ecopetrol ha incidido en el déficit fiscal.
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La propuesta alternativa incluye recortes al Estado y cambios tributarios
Además de la venta parcial de Ecopetrol, el Centro Democrático planteó reducir el tamaño del Estado mediante la eliminación o fusión de más de 200 entidades que considera duplicadas o innecesarias. La iniciativa incluye metas de ahorro y austeridad, así como garantías para incentivar la inversión privada y la generación de empleo.
En materia fiscal, el partido cuestionó posibles aumentos del IVA a bienes y servicios esenciales contemplados en la ley del Gobierno. Entre los rubros que mencionó están el acceso a internet para los estratos 1, 2 y 3, el café, los seguros de salud, el turismo, la maquinaria agrícola, los fertilizantes y las plataformas de inteligencia artificial.
La propuesta también plantea revisar los impuestos para empresas y personas naturales, mantener beneficios vigentes y evitar medidas que, según la colectividad, desincentiven el ahorro y la inversión. Asimismo, sugirió crear incentivos para facilitar el pago de obligaciones pendientes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, con una expectativa de recaudo adicional de entre $10 billones y $15 billones por recuperación de cartera.
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El documento incluye el fortalecimiento del Régimen Simple de Tributación y un fondo de créditos de hasta 30 años para propietarios afectados por el terremoto. También propone tarifas diferenciales para apoyar la recuperación de las actividades productivas y el empleo en las zonas impactadas.
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