El ministro de Defensa, mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, informó que la cartera remitió a la Fiscalía General de la Nación un reporte sobre presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos destinados a la atención de desmovilizados y al sometimiento individual a la justicia durante la administración anterior del sector de la defensa.
Según el funcionario, las posibles anomalías se habrían identificado en el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Indicó que el Gobierno decidió recurrir al ente acusador porque su deber es garantizar la seguridad del país, algo que “supone también administrar con rigor, responsabilidad y transparencia cada recurso público que respalda la misión constitucional del sector defensa”.
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Según la cartera, esa dependencia tiene tres líneas estratégicas de acción dentro del Ministerio de Defensa:
- La desmovilización individual y el sometimiento individual a la justicia (Ruta de la Legalidad).
- La prevención del reclutamiento ilícito, mediante la implementación de campañas de difusión en las que se dan a conocer los beneficios jurídicos, económicos y sociales del regreso a la legalidad. Este punto de acción tiene como fin incentivar y promover el desarme de los integrantes de los Grupos Armados Organizados al margen de la ley (GAOML) y los Grupos Armados Organizados (GAOs).
- La incidencia en la disminución gradual del reclutamiento ilícito y en la utilización y violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país.
De acuerdo con el jefe de la cartera, las alertas que giran alrededor de esa área del Ministerio de Defensa se centran en contratos que fueron suscritos para distintos objetivos: operar los hogares de paz, entregar bonos de vestuario y calzado, suministrar bienes y servicios y realizar actividades de difusión institucional.
Las presuntas anomalías que llamaron la atención del Gobierno son:
- Pagos por obligaciones incumplidas.
- Fallas en la supervisión contractual.
- Inconsistencias en cuentas de cobro.
- Problemas para rastrear los bonos.
- Posibles sobrecostos.
- Presuntos ofrecimientos de dádivas.
- Posible uso particular de transporte y alimentos.
- Presuntos ingresos con identidades falsas para acceder a beneficios económicos.
El ministro afirmó que la Fiscalía deberá establecer los hechos y determinar si existen méritos para atribuir responsabilidades penales por las presuntas irregularidades detectadas. Asimismo, precisó que las demás autoridades competentes deben actuar dentro de sus funciones, con respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de las investigaciones.
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“Desde esta cartera seguiremos colaborando con la justicia, fortaleciendo los controles internos y protegiendo los recursos públicos con absoluto respeto por la independencia judicial”, indicó.
Detalles sobre la desmovilización y el sometimiento durante el gobierno Petro
En noviembre de 2025, el Comando General de las Fuerzas Militares emitió una comunicación en la que entregó detalles sobre los avances en la desmovilización y sometimiento a la justicia por parte de los grupos armados, procesos que fueron acompañados por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado.
Según informó, para entonces, 450 personas ya se habían desmovilizado (desde que inició la administración del expresidente Gustavo Petro) y otras 891 se desvincularon, mientras que más de 1.800 se sometieron a la ley.
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De igual manera, se refirió a la Directiva Permanente 18 de 2025, por medio de la cual se actualizaron los incentivos económicos otorgados para impulsar la desmovilización, el sometimiento, la entrega de menores y de material de guerra y el suministro de información útil. “Los pagos oscilan desde 2,5 salarios mínimos legales mensuales por la desvinculación de un menor, hasta 280 para la presentación de un cabecilla principal, además de recompensas por hallazgos como laboratorios, campos minados o dinero ilegal”, detalló.
En el comunicado, también hizo mención de los hogares de paz —sobre los cuales el actual Gobierno puso la lupa—, que son lugares donde los desmovilizados y sus familias reciben asistencia, alimentación y apoyo psicosocial. Esto, durante un periodo de 90 días, en el que también se busca información y se planifica la reintegración de la población desmovilizada.
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