Day Vásquez habría remitido información sobre la financiación de la campaña Petro Presidente a entidades de Estados Unidos. Los documentos y declaraciones se relacionan con los procesos abiertos alrededor de Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro.
La expareja de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor de Petro, durante la campaña presidencial de 2022, figura entre las principales testigos del expediente. Sus afirmaciones hacen parte de las indagaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre presuntos ingresos no reportados y otras actuaciones ligadas al entorno del entonces candidato.
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Según informó La FM, Vásquez entregaría a entidades estadounidenses documentos y otros elementos sobre los aportes que habrían llegado a la campaña. El medio citó a la exnuera de Gustavo Petro, quien sostuvo que estaba aportando “todas las pruebas” que conserva sobre esos movimientos.
Chats de 2025 aluden a reuniones con drogas, alcohol y mujeres
Entre el material que Vásquez estaría aportando figuran revelaciones sobre fiestas durante la campaña presidencial de Petro. Los antecedentes se remontan a agosto de 2025, cuando se divulgaron conversaciones entre ella y Nicolás Petro Burgos en las que aludían a encuentros ocurridos entre 2021 y 2022 con “drogas, alcohol y prostitutas”.
Los mensajes también hacen referencia a un “coronel” que habría formado parte del entorno inmediato del entonces candidato. “¿Por qué el coronel deja entrar a todas esas viejas?”, le preguntó Vásquez a Petro Burgos. Él respondió: “No sé, yo creo que él se las consigue”.
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La conversación continúa con una advertencia de Vásquez sobre la responsabilidad de ese hombre ante cualquier incidente. Petro Burgos señaló entonces que estaban en la habitación donde se hospedaba el “coronel” y afirmó que se le había llamado la atención. Según el intercambio, el aludido contestó que estaba acostumbrado a esa clase de situaciones.
El Colombiano informó en agosto de 2025 que el “coronel” mencionado en los chats era William Castellanos, mayor retirado de la Policía Nacional. Castellanos fue asesor de seguridad de Petro desde su administración como alcalde de Bogotá en 2012, integró su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Senado y permaneció entre sus colaboradores cercanos antes de la llegada a la Presidencia en 2022.
El exoficial reconoció en diálogo con el diario que era la persona a la que se referían Vásquez y Petro Burgos, aunque rechazó haber llevado mujeres que presuntamente ejercían la prostitución al lugar. Aseguró que se opuso a la distribución de licor luego de un evento en La Boquilla y que esa discusión motivó su salida de la habitación del hotel.
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“Al otro día a las cinco de la mañana me dijo Nicolás: ‘William, para el evento que nos vamos a ir mi papá está ahí desordenado’”, relató Castellanos. Según su versión, al revisar el sitio encontraron a dos mujeres ajenas al grupo.
Vásquez confirmó la autenticidad de los chats, en los que también se alude a videos donde “hay de todo”, incluidos “travestis y demás”. Petro negó la existencia de ese material audiovisual y su hijo anunció que presentaría demandas.
Abogado de Day Vásquez se quejó por los constantes aplazamientos de las audiencias en el proceso contra Laura Ojeda
Day Vásquez pidió a la Fiscalía General de la Nación que informe por qué sigue sin fecha la audiencia de imputación contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, investigada por el presunto acceso irregular a sus comunicaciones y la violación de sus datos personales, después de tres aplazamientos que impidieron realizar la diligencia.
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La representación de Vásquez, liderada por Alait de Jesús Freja, solicitó al fiscal Juan Martín Parada detalles sobre el estado de la noticia criminal, la eventual nueva convocatoria, el despacho judicial competente y las circunstancias procesales, administrativas o judiciales que han frenado la audiencia.
La primera cita había sido programada para el 12 de mayo de 2026 y se suspendió por una incapacidad médica de Ojeda. La segunda, prevista para el 3 de junio del mismo año, tampoco se concretó porque la fiscal delegada y la investigada participaban en otra diligencia, según documentos conocidos por Semana.
El tercer aplazamiento ocurrió el 23 de julio de 2026, cuando la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, retiró del expediente a la fiscal Lucy Laborde. La audiencia no pudo avanzar porque no había un fiscal delegado asignado al caso.
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Por ello, el togado invocó el derecho de postulación de su clienta para requerir explicaciones sobre la reprogramación. En el escrito dirigido a Parada, planteó: “En ejercicio de mi derecho de postulación, presento solicitud de información sobre el estado de la solicitud de audiencia de formulación de imputación y las razones de su reprogramación”.
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