El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, envió una comunicación a congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos bajo el asunto: “La política del ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella para Colombia constituye una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos” para alertar sobre lo que considera un retroceso en la política agraria del gobierno de Abelardo de la Espriella y para poner a su disposición documentos expuestos en un debate de control político en el Senado colombiano.
La iniciativa ocurre después de la sesión del 27 de octubre de 2026, en la que Cepeda cuestionó decisiones del Ejecutivo y del Ministerio de Agricultura que, según afirmó, afectan la restitución de predios, la compra de tierras para campesinos y las medidas de protección de la economía rural.
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El excandidato presidencial sostuvo que la documentación remitida a legisladores estadounidenses contiene información sobre cambios administrativos y presupuestales que, a su juicio, debilitan la reforma agraria. También plantea interrogantes sobre presuntos vínculos entre funcionarios del sector y actores privados relacionados con la propiedad rural.
Cepeda pide atención sobre cambios en el sector rural
En su comunicación, Cepeda advirtió que varias decisiones del Gobierno podrían modificar el rumbo de las políticas de acceso a la tierra que se habían impulsado en años recientes. Entre los puntos que mencionó públicamente figuran un presunto recorte de recursos para la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la congelación de fondos destinados a la adquisición de predios y la revisión de mecanismos de protección para zonas campesinas.
“El señor De la Espriella ha adquirido al menos dos predios relacionados con actores del narcotráfico: en 2013 compró la finca Nueva Jerusalén (176 hectáreas, Cesar), sobre títulos de una mina de carbón, a la familia de Hugues Rodríguez Fuentes, alias «Barbie», y en 2020 la constructora de su familia compró un lote en Montería a su ganadero Carlos Arturo Vega Pineda investigado por lavado de activos.⁴ Rodríguez Fuentes y Salvatore Mancuso se declararon culpables de narcotráfico ante el tribunal federal de Washington (caso 1:04-cr-00114) y aceptaron cooperar; ese acuerdo no le ha impedido a Rodríguez Fuentes conservar su poder en Colombia”, puntualiza el texto.
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El legislador definió esas medidas como parte de una “contrarreforma agraria”. Según su postura, el resultado sería una menor capacidad estatal para entregar tierras, formalizar la propiedad rural y garantizar la permanencia de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en sus territorios.
“Existe un peligro real de que la institucionalidad estatal colombiana que se ocupa de la persecución e incautación de los bienes mal habidos del narcotráfico, que deben destinarse a las víctimas y a la población rural, sea desviada de sus propósitos legales y constitucionales. Es así como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas están dirigidos por exintegrantes de su firma; la presidenta de la SAE fue además defensora de Álex Saab. Desde allí se devuelven a la familia Rodríguez Fuentes bienes que le habían sido incautados”, expuso el político de izquierda.
Durante el debate en el Senado, Cepeda afirmó que el país tiene una alta concentración de la propiedad rural. Citó un índice de Gini de 0,89 para el campo y señaló que el 1% de los propietarios concentra la mitad de las mejores tierras, cifras que utilizó para defender la continuidad de las políticas de redistribución y restitución.
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Los documentos también serán enviados a autoridades estadounidenses
La comunicación a los congresistas demócratas se suma al anuncio de que el senador remitirá el material a autoridades de Estados Unidos. Cepeda argumentó que el presidente De la Espriella tiene ciudadanía estadounidense desde 2023, por lo que considera pertinente que entidades de ese país conozcan los señalamientos y documentos presentados en Colombia.
El congresista informó además que promovió acciones ante instituciones colombianas. Entre ellas, mencionó una denuncia contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ante la Fiscalía General de la Nación, y una solicitud de investigación contra el actual mandatario ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Las denuncias y cuestionamientos expuestos por Cepeda no equivalen a decisiones judiciales. Corresponderá a las autoridades determinar si hay mérito para abrir o avanzar en las investigaciones anunciadas.
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