La discusión sobre cómo llevar a las estructuras criminales ante la justicia volvió a dividir posiciones políticas tras la reciente aprobación de la Ley de Sometimiento. La representante a la Cámara Catherine Juvinao respaldó la iniciativa y defendió que existan incentivos para que las organizaciones ilegales entreguen información y permitan perseguir a quienes sostienen sus economías.
En entrevista con Caracol Radio, la congresista aclaró que su apoyo no significa que haga parte de la administración. Además, se definió como una dirigente de centro izquierda y sostuvo que la postura frente a la iniciativa debe evaluarse por su contenido, no por la cercanía o distancia con el Ejecutivo.
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“Uno tiene que apoyar la ley de sometimiento si se proclama promotor de la paz”, afirmó Juvinao al explicar por qué considera necesario que los grupos armados tengan una ruta para comparecer ante la justicia.
La representante cuestionó que se rechacen los mecanismos de sometimiento por los beneficios que contemplan para los responsables de delitos. A su juicio, si no existe una vía para que las estructuras ilegales abandonen las armas y colaboren con las autoridades, el Estado termina limitado a una respuesta exclusivamente militar: “Básicamente lo que estamos diciendo es, aquí solo hay bala, y aquí solo hay guerra”.
Juvinao cuestionó las críticas desde el petrismo
Uno de los puntos centrales de su intervención fue la contradicción que, según dijo, existe entre las críticas actuales de sectores cercanos al expresidente Gustavo Petro y los proyectos que su Gobierno presentó sobre esta materia.
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Juvinao recordó que durante esa administración se radicaron dos iniciativas de sometimiento y cuestionó a quienes ahora objetan la ley aprobada por el Congreso debido a los beneficios que recibirían los criminales. “¿Qué fue la paz total? Un marco jurídico para darle beneficios a los criminales. En ese momento no dijeron nada".
En su lectura, la política de paz total debía contar con un marco jurídico para las negociaciones, mientras que una ley de sometimiento debía establecer una ruta distinta, dirigida a que los integrantes de organizaciones criminales se presenten ante la justicia. Juvinao consideró que el Gobierno anterior no logró separar esos instrumentos. “Petro presentó una ley de sometimiento en 2023 que era terrible, y la de 2025 era peor”.
La congresista también defendió que los beneficios contemplados en este tipo de normas tengan como propósito llegar a los responsables de las finanzas de las organizaciones criminales. Para ella, la persecución penal no puede concentrarse únicamente en quienes integran las estructuras armadas y ejecutan acciones violentas.
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“El crimen organizado tiene que llegar, la ley y la justicia tiene que llegar hasta los financiadores. Nosotros no hacemos nada cogiendo al guerrillero raso o al paramilitar raso. Hay que llegar hasta los grandes financiadores, los lavadores de activos, los testaferros, y eso solamente lo puedes hacer si les das unos incentivos”.
Apoyo a la ley con anuncio de control político
Al referirse a los resultados de la paz total, Juvinao aseguró que durante ese proceso aumentó el número de integrantes de grupos armados ilegales y crecieron indicadores de violencia. La representante sostuvo que las estructuras pasaron de tener 15.000 miembros a 28.000 y mencionó incrementos en el secuestro, las masacres y los asesinatos de líderes sociales.
“Los grupos armados ilegales pasaron de 15.000 integrantes a 28.000, el secuestro aumentó, las masacres, los asesinatos de líderes sociales, el reclutamiento creció en más de 1000% por cuenta de la paz total”.
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Aunque anunció que respaldará la norma, Juvinao advirtió que su apoyo no será un cheque en blanco para el Gobierno. La congresista anticipó que promoverá un debate de control político dentro de unos meses para revisar cómo se aplica la ley, qué resultados obtiene y si los incentivos previstos permiten llegar a los financiadores y demás responsables de las economías ilegales.
La Ley de Sometimiento fue aprobada por el Congreso y quedó lista para sanción presidencial. La postura de Juvinao combina el respaldo a la creación de una ruta judicial para las organizaciones criminales con la advertencia de que el desarrollo de la norma deberá someterse a seguimiento desde el Legislativo.
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