El abogado Felipe Caballero, quien asumía la representación de Deicy Jiménez en el proceso relacionado con los supuestos contratos estatales entregados a cambio de favores sexuales, renunció a su defensa por motivos de seguridad.
La decisión impidió que se llevara a cabo la diligencia programada para el martes 3 de noviembre de 2026, por lo que se solicitó establecer una nueva fecha para continuar con las actuaciones judiciales.
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La solicitud de aplazamiento tiene como propósito permitir que Jiménez designe un nuevo abogado que asuma su representación dentro del proceso. Por el momento, la diligencia no se realizará en la fecha inicialmente prevista, mientras se resuelve la situación relacionada con su defensa jurídica.
Caballero había acompañado a la contratista en las actuaciones adelantadas ante la Corte Suprema de Justicia, donde Jiménez ratificó su denuncia contra Petro y entregó información sobre la presunta existencia de una red de contratación estatal en la que, según su relato, se habrían ofrecido oportunidades laborales a cambio de favores sexuales.
La renuncia del abogado se produce después de que la denunciante compareciera ante la Corte el pasado 29 de octubre, en una diligencia que se extendió durante cerca de cuatro horas y en la que ratificó los señalamientos relacionados con el expresidente y otras personas que, de acuerdo con su declaración, habrían tenido conocimiento de las circunstancias de su vinculación laboral con entidades estatales.
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La declaración de Deicy Jiménez ante la Corte Suprema de Justicia
Jiménez acudió a la Corte Suprema de Justicia para ratificar la denuncia que presentó contra Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro. La diligencia estuvo a cargo del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien recibió a los abogados de las partes y los elementos materiales de prueba aportados durante la actuación.
Durante el encuentro, Jiménez respondió algunas de las preguntas formuladas por el magistrado y por la defensa del expresidente, aunque mantuvo silencio frente a varios interrogantes. Según informó Noticias Caracol, entre los asuntos sobre los que la contratista no respondió se encontraba una pregunta relacionada con la presunta compra de droga para el exmandatario. Sin embargo, durante la diligencia se comprometió a entregar su teléfono celular para que fuera sometido a una inspección por parte de la Policía Judicial.
La entrega del dispositivo quedó pendiente de una fecha que debía establecerse dentro del procedimiento. Su entonces abogado Felipe Caballero había señalado que el celular podría aportar información al expediente y que su representada también tenía previsto entregar otros elementos materiales de prueba.
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En declaraciones entregadas después de la diligencia del 29 de octubre, Caballero manifestó que Jiménez estaba dispuesta a continuar compareciendo ante las autoridades cuando fuera requerida, pese a las amenazas que, según indicó, había recibido.
El abogado también sostuvo que la contratista había mencionado a una superintendente y anticipó que podrían conocerse otros nombres de funcionarios o exfuncionarios que tendrían fuero constitucional. En esa oportunidad, hizo referencia a la posibilidad de que otras mujeres entregaran información sobre los hechos denunciados.
“Sé que hay otros nombres que el país va a ir conociendo y yo estoy completamente seguro de que no van a ser solo 40 casos, sino que más mujeres se van a envalentonar porque cuando la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección brinden todas las garantías, yo estoy seguro de que vamos a conocer un escándalo más grande desde que ya se conoce”, afirmó Caballero ante los medios de comunicación.
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Los señalamientos contra Petro y Pizarro y la respuesta de sus abogados
Las denuncias de Deicy Jiménez se relacionan con hechos que, según su relato, habrían comenzado en 2019, cuando conoció a Gustavo Petro, quien en ese momento se desempeñaba como senador. La contratista ha señalado que posteriormente obtuvo contratos con entidades estatales y que habría existido un intercambio de favores sexuales por oportunidades laborales y vinculaciones contractuales.
Dentro de sus declaraciones también mencionó a María José Pizarro, al asegurar que la entonces congresista habría conocido las circunstancias de su vinculación a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Uno de los contratos mencionados en el proceso corresponde a uno por cerca de 34 millones de pesos para apoyar labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, cargo que en ese momento ocupaba Pizarro. Los registros contractuales también dan cuenta de vinculaciones de Jiménez con el Senado y otras entidades estatales.
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Frente a los señalamientos, Alejandro Carranza, abogado del expresidente y de la exsenadora, negó que se hubieran entregado contratos a cambio de favores sexuales. Durante sus declaraciones públicas, sostuvo que la defensa buscará demostrar la inocencia de sus representados y cuestionó la credibilidad de las denuncias. “Vamos a demostrar la inocencia del expresidente Petro. Vamos a demostrar la equivocación profunda, el montaje que se está orquestando”, afirmó Carranza.
El abogado también informó que emprendió acciones judiciales contra Jiménez por la presunta presentación de documentos falsos para acreditar su experiencia laboral y obtener contratos con el Estado. El documento cuestionado corresponde a una certificación de HispanTV, en la que se señalaba que la contratista había trabajado para ese canal como productora audiovisual independiente.
Sobre este asunto, El Tiempo reveló que el medio de comunicación emitió un comunicado en el que aseguró que no expidió, autorizó ni avaló el certificado fechado el 15 de junio de 2021, que Jiménez habría utilizado como soporte de su experiencia laboral.
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