La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Colombia para reunirse con las autoridades económicas mientras el Gobierno evalúa un crédito de entre USD 4.000 millones y USD 5.000 millones, con una tasa cercana al 4%, ante el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento previstas para 2027. No existe todavía un acuerdo confirmado con el organismo multilateral, según informó La FM.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, afirmó que el país requerirá USD 25.000 millones para cubrir el presupuesto y las obligaciones estatales en 2027. El 46% de los ingresos del Presupuesto proviene de deuda, una dependencia que obliga, según el funcionario, a aplicar un ajuste fiscal antes de volver a pedir recursos en los mercados.
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“Las necesidades de financiación de la Nación para 2027 son de USD 25.000 millones, algo imposible en las condiciones actuales sin un plan de ajuste consistente y creíble. El ajuste es una necesidad urgente. Sin este ajuste, acudir a los mercados a pedir prestado será inviable”, advirtió Gómez en declaraciones a La República y Noticias RCN.
Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que las condiciones finales del posible financiamiento dependerán de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. “Seguramente va a ser algo de esa naturaleza, dependerá de la conversación con el FMI”, respondió al ser consultado por el monto y la tasa contemplados por el Gobierno.
El ajuste fiscal como condición para recuperar financiamiento
Las reuniones con el Fondo se concentran en las perspectivas fiscales de Colombia y en las medidas que adoptaría el Gobierno para reducir el desequilibrio de las cuentas públicas. Gómez señaló que existe preocupación internacional por la situación del país: “Creemos que es un problema local, pero afuera también se preguntan qué va a hacer el país”.
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El ministro sostuvo que el respaldo del organismo sería necesario para recuperar el acceso a los mercados de capitales. “Necesitamos el apoyo del FMI porque es un instrumento que nos permite volver a los mercados de capitales y es fundamental para lograr la estabilidad. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo y ellos nos apoyan; si no hacemos ese esfuerzo, será muy difícil contar con su respaldo”, explicó.
La visita viene precedida por las reuniones de septiembre entre el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Nigel Clarke, y autoridades económicas colombianas, entre ellas Gómez y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.
El organismo también respaldó la decisión de presentar ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, que incluye modificaciones tributarias, reducción del gasto estatal y nuevos recursos para el sistema de salud. La portavoz del FMI, Julie Kozack, expresó: “Acogemos con satisfacción la decisión de las autoridades colombianas de presentar al Congreso un importante paquete de medidas fiscales”.
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“Esto representa un paso significativo para afrontar los desafíos fiscales que heredó el nuevo Gobierno y fortalecer la sostenibilidad fiscal de Colombia. Esperamos seguir trabajando de cerca con las autoridades”, añadió Kozack. El pronunciamiento no implica una aprobación definitiva de la reforma ni confirma el desembolso de recursos.
Restrepo advirtió que, sin una corrección de las finanzas públicas, Colombia podría tener dificultades para cumplir sus obligaciones en 2027. “Hacerlo significa que Colombia entre en suspensión de pagos en 2027 y tenga que multiplicar por cinco sus fuentes de financiación internacionales. Los bancos han advertido que eso es inviable y que se necesita una corrección fiscal”, afirmó.
El vicepresidente atribuyó el deterioro fiscal al aumento de la deuda pública durante el Gobierno de Gustavo Petro, que pasó de cerca de $800 billones a más de $1.200 billones. También señaló que el costo de los intereses se duplicó durante los últimos cuatro años y equivale a $8 millones adicionales por cada colombiano.
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Según Restrepo, la brecha entre los gastos y los ingresos estatales es cuatro veces mayor. Gómez agregó que el presupuesto enfrenta un desequilibrio de $3,5 billones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, una desfinanciación de $3 billones en los subsidios de energía eléctrica y dificultades para pagar a los adultos mayores.
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