Tras presunta interrogación a funcionaria del Dapre en la Casa de Nariño, abogado de Gustavo Petro solicitó la intervención de la Fiscalía en el caso: “Debe responder”

Una funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), cuya identidad permanece en reserva, denunció que fue interrogada sin abogado y obligada a desnudarse durante una requisa en la Casa de Nariño. El caso fue divulgado por La Nueva Prensa y aún no cuenta con un pronunciamiento oficial de las entidades mencionadas.

Según el testimonio, la servidora fue citada el 29 de octubre a una reunión con una mujer y varios hombres que se presentaron como investigadores, aunque, según ella, no mostraron credenciales.

Las preguntas abordaron su contratación, vínculos personales, publicaciones en redes sociales y una supuesta relación con Gustavo Petro.

Después de llorar, pidió ir al baño. Allí, una oficial de la Policía Nacional habría ordenado mantener la puerta abierta y practicar una revisión corporal, de acuerdo con la denuncia revelada por el citado medio de comunicación. La denunciante afirmó que tuvo que quitarse toda la ropa; la agente habría revisado cabello, bolsillos y cartera.

Los abogados de la funcionaria evalúan acciones penales y disciplinarias. Sostienen que los interrogadores podrían ser agentes encubiertos, hipótesis aún no confirmada por autoridades competentes.

Tras lo anterior, el expresidente Gustavo Petro respaldó la denuncia de la funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que aseguró haber sido interrogada sin abogado y sometida a una requisa sin ropa en la Casa de Nariño. En una publicación en X, atribuyó responsabilidad política al director de la entidad, Carlos Ríos Puerta.

“A este extremo ha llegado”, escribió Petro al referirse a la denuncia conocida. El exmandatario señaló que el caso reflejaría un supuesto abuso de poder y una vulneración de derechos humanos contra mujeres identificadas con posturas progresistas dentro de la administración pública.

Petro sostuvo que la investigación debe ir más allá de la eventual irregularidad administrativa. “La denuncia debe ampliarse a tortura psicológica”, expresó.

Alejandro Carranza pidió asegurar los videos de la Casa de Nariño

El abogado Alejandro Carranza respondió al exjefe de Estado y afirmó que la denunciante habría permanecido más de cinco horas en un interrogatorio dentro del Dapre. Según el jurista, la diligencia se realizó sin representación legal ni garantías de debido proceso.

Carranza señaló al director de la entidad, a una secretaria y a varias personas que, según su versión, se habrían presentado como investigadores. El abogado planteó que podrían tener relación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aunque ese aspecto no ha sido confirmado por las autoridades.

El defensor sostuvo que la mujer, a quien describió como madre soltera, quedó afectada emocionalmente tras las preguntas. “La quebraron emocionalmente”, afirmó en su mensaje dirigido a Petro.

También aseguró que una teniente de la Policía Nacional habría obligado a la funcionaria a desnudarse por completo en un baño de la Casa de Nariño. Para Carranza, ese procedimiento podría configurar tortura psicológica, violencia política y de género, además de acoso laboral.

El abogado anunció que ampliará la denuncia y pedirá a la Fiscalía General de la Nación recaudar las grabaciones de las cámaras del Dapre y de la Secretaría Jurídica. Solicitó preservar los registros antes de que puedan ser eliminados y afirmó que podrían aportar elementos para establecer cómo se desarrolló la diligencia.

“La teniente debe responder”, escribió Carranza al pedir una investigación penal y disciplinaria sobre la actuación de la uniformada mencionada en el relato.

Carranza reclamó una respuesta rápida de la Fiscalía y sostuvo que las grabaciones revelarían una persecución política dentro de instituciones estatales. Además, expresó respaldo a otras posibles afectadas y pidió frenar la violencia contra mujeres con afinidad progresista.

En una nueva respuesta, Petro afirmó que la persecución contra un grupo civil por su identidad política puede constituir un crimen de lesa humanidad. El exmandatario vinculó el caso con información de la revista Semana y de la DNI, que, según sostuvo, habría sido utilizada sin facultades judiciales.

“Sin defensa alguna”, escribió Petro al referirse a la presunta revisión corporal denunciada. También acusó a Ríos Puerta de ordenar interrogatorios a mujeres en oficinas del Dapre y de permitir que fueran grabadas durante esos procedimientos.

Los señalamientos deberán ser verificados por la Fiscalía y las demás entidades competentes.