El Ministerio de Educación decidió no prorrogar el contrato de fiducia mercantil que administró el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) con Fiduprevisora S. A. durante 36 años.
El vínculo venció el 31 de octubre de 2026 y desde el 1 de noviembre comenzó una transición de un año, que podría extenderse por otro período igual.
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La cartera indicó que la decisión surgió tras una revisión jurídica, técnica, financiera y operativa de la administración del fondo. Según el ministerio, el análisis encontró dificultades en la operación, con efectos sobre el acceso a los servicios médicos y el reconocimiento de prestaciones económicas para docentes y sus familias.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, afirmó que la decisión busca corregir problemas asociados a la ejecución contractual.
“Después de 36 años de vigencia de este contrato, se toma una decisión de carácter histórico. Una decisión para proteger los derechos fundamentales de los maestros y sus familias y para tratar de corregir todas las situaciones adversas, irregulares que han sido presentadas en la ejecución del contrato”, sostuvo.
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El ministerio informó un patrimonio negativo de $ 3,198 billones
Según el Ministerio de Educación, dentro de la revisión se identificó un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026. La entidad señaló que esa situación exige establecer el estado de los recursos y las condiciones bajo las cuales fueron administrados durante la vigencia del contrato.
Los hallazgos fueron presentados ante el Consejo Directivo del Fomag y remitidos a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. Esos organismos deberán evaluar los hechos dentro de sus competencias y definir si procede la apertura de actuaciones.
Hoyos solicitó al presidente Abelardo de la Espriella ordenar una auditoría forense para examinar la administración de los recursos, el contrato fiduciario y la contratación derivada.
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El objetivo, según la cartera , es determinar si existieron irregularidades o posibles hechos de corrupción, sin anticipar responsabilidades.
“El Ministerio de Educación ha solicitado de manera expresa una auditoría forense para que se investigue qué ha pasado durante estos 36 años con este contrato”, dijo la funcionaria.
La cartera revisó el contrato 083 de 1990 y 43 otrosíes, además de informes de supervisión, decisiones judiciales, actuaciones de organismos de control y actas del Consejo Directivo. También tuvo en cuenta el Concepto 2227 de 2014 del Consejo de Estado, citado como antecedente para terminar el vínculo y adelantar una licitación pública.
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Durante la transición, Fiduprevisora deberá cumplir las obligaciones que le correspondan y entregar un plan detallado de actividades. El Ministerio de Educación anunció estudios previos para seleccionar mediante licitación al próximo administrador de los recursos. Además, informó que solicitó recursos al Ministerio de Hacienda para respaldar la operación.
“El proceso de transición que se inicia el 1 de noviembre” garantizará “los derechos a la vida y a la salud, así como las pensiones y las cesantías”, afirmó Hoyos. La entidad añadió que permanecen abiertas todas las oficinas del Fondo y que inició la revisión de la red de prestadores.
Fecode exige financiación y un plan público durante la transición
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) llamó a los docentes a mantenerse en “máxima alerta” ante la terminación del contrato. La organización sostuvo que esa decisión no liquida el Fondo, no deroga la Ley 91 de 1989 ni modifica por sí sola el modelo de salud adoptado mediante el Acuerdo 003 de 2024.
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“La finalización de un contrato para administrar los recursos no extingue los derechos de los docentes, pensionados y beneficiarios”, indicó Fecode. La Federación sostuvo que la Ley 91 de 1989 seguirá como fundamento legal del Fondo y pidió preservar el régimen especial de salud del magisterio.
La organización alertó sobre la situación financiera del sistema. Según el diagnóstico que atribuyó al Ministerio de Educación, el componente de salud tendría un déficit de $2,699 billones al cierre de 2026. Fecode indicó que se trasladaron $859.286 millones desde pensiones hacia salud y que persistiría un faltante de $1,840 billones sin fuente de financiación identificada.
Fecode pidió que la transición cuente con recursos oportunos, responsables definidos, cronogramas y mecanismos de verificación. También reclamó continuidad en consultas, urgencias, cirugías, hospitalizaciones, tratamientos de enfermedades crónicas y de alto costo, entrega de medicamentos y servicios de seguridad y salud en el trabajo.
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La Federación exigió regularidad en los pagos a prestadores, la atención de reclamaciones, el cumplimiento de órdenes judiciales y el reconocimiento de pensiones, cesantías y demás prestaciones. “La liquidación del contrato fiduciario no cambia el modelo de salud ni puede convertirse en motivo para suspender servicios o desconocer derechos”, afirmó la organización.
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